Roldán reclamó a Hacienda 14,5 millones de pesetas durante su mandato

Luis Roldán reclamó a Hacienda la devolución de 14.539.433 pesetas de impuestos durante los siete años que dirigió la Guardia Civil. Todas sus declaraciones de renta entre 1986 y 1992, que han sido remitidas al Congreso, son negativas, y las cantidades a devolver aumentan cada año: 370.878 pesetas en 1986, 1.617.707 en 1987, 1.759.395 en 1988, 2.221.891 en 1989, 2.385.895 en 1990, 2.543.806 en 1991 y 3.639.861 en 1992. La devolución más abultada es la del año pasado lo que, según el ministro de Economía, Pedro Solbes, motivó una inspección fiscal-, pero las de ejercicios anteriores no le quedan a la zaga, sin que se conozca actuación alguna por parte de Hacienda.

Diputados de la comisión Roldán, que han tenido acceso a estas declaraciones, concluyen que el ex director general "en realidad no pagaba impuestos, pues se le devolvía prácticamente la misma cantidad que se le había retenido". Este aparente milagro -con retribuciones que iban desde 6.348.085 pesetas en 1986 a 11.729.783 en 1992- lo conseguía declarando cuantiosas pérdidas en su finca de melocotoneros en Mequinenza (Zaragoza) y ocultando a Hacienda la mayor parte de su patrimonio.Por ejemplo, a pesar de sus numerosas viviendas, el rendimiento del capital inmobiliario declarado por Roldán es muy reducido: 84.773 pesetas en 1986, 53.395 en 1987, 194.607 en 1988, 223.856 en 1989 y 340.000 entre 1990 y 1992.

Consigue incluso reducir el rendimiento de su abultado capital mobiliario (cuentas y depósitos bancarios): 1.309.405 en 1986, 387.426 en 1987, 335.775 en 1988, 124.239 en 1989, 272.519 en 1990, 150.436 en 1991 y 195.089 en 1992.

Las fuentes consultadas estiman que, si la Agencia Tributaria ha descubierto un fraude de 20 millones de pesetas en su declaración de 1988, las cantidades defraudadas en los años siguientes serán con toda probabilidad muy superiores.

Precisamente ayer comparecieron en el Congreso dos responsables del despacho jurídico-fiscal que administraba el patrimonio de Roldán, Agustín Guardia Palao y Luis Carrasco García, quienes anunciaron que en una semana se desvincularán totalmente de los negocios del ex director general. Los comparecientes aseguraron que el testaferro de Roldán, Jorge Esparza, les daba instrucciones muy precisas sobre la contabilidad, de Europe Capital, la empresa tapadera del ex responsable de la Guardia Civil, que ellos se limitaban a cumplimentar.

Ante la comisión parlamentaria comparecieron también dos antiguos responsables del servicio de información de la Guardia Civil, el general Pascual Navarro y el coronel Ángel López, quienes confirmaron que Roldán contaba con un grupo particular de espías, los denominados pata negra en el argot del cuerpo, integrados formalmente en la oficina de prensa de la Dirección General, que trabajaban al margen de la estructura de la Guardia Civil.

El general Navarro reveló que, ya en la última etapa de Luis Roldán, éste le encargó que realizara un informe sobre los rumores internos que apuntaban a la existencia de posibles irregularidades en el servicio de acuartelamientos de la Guardia Civil. Dicho informe, muy sucinto, confirmó la veracidad de este "clamor más que rumor", en palabras del general, que afectaba a las adjudicaciones de obras.

Por su parte, el coronel Ángel López, actualmente uno de los más estrechos colaboradores de Baltasar Garzón en el Plan Nacional sobre Drogas, "no descartó la hipótesis" de que, agentes próximos a Roldán le hayan facilitado infraestructura y apoyo para su fuga, según fuentes de la comisión. En concreto, hizo alusión a la posible utilización de un piso franco de los servicios de información del instituto armado.

Rogelio Baón, representante del PP, indicó que de las declaraciones del coronel Arsenio Ayuso, antiguo responsable del servicio fiscal de la Guardia Civil, se deduce que, por ejemplo en 1988, no se emplearon más de dos o tres millones en el pago de confidentes en la lucha contra el narcotráfico, lo que agiganta la sombra de duda sobre el destino de los cientos de millones en fondos reservados que manejaba Interior.

Orden internacional

El Ministerio del Interior cursó ayer una orden internacional de busca y captura contra Roldán dictada por la juez Ana Ferrer, que viene a sumarse a la petición realizada por la policía española a Interpol el pasado fin de semana.

Por otro lado, el abogado Marcos García Montes, que ejerce la acusación contra Roldán en nombre de José María Ruiz Mateos, presentó ayer en el Juzgado de Instrucción número 16 una ampliación de querella contra el ex director de la Guardia Civil por la presunta apropiación de 58,5 millones de pesetas de la imprenta del Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil.

En otro escrito, Marcos García Montes pide que se envíe un oficio al Ministerio del Interior a fin de que se remitan las relación de pasaportes y las respectivas identidades que Roldán tenía en su poder. También pide la declaración de José Luis Corcuera, Rafael Vera y Carlos Solchaga, para que esclarezcan los motivos por los que no se han investigado las irregularidades en la contratación detectadas por la Intervención General del Ministerio de Economía y Hacienda, que no fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía del Estado.

Asimismo pide la relación completa de los "escoltas" que protegieron a Roldán desde su cese como director general y que se les haga prestar declaración.