El fiscal general ordena vaciar las cárceles españolas de extranjeros
El fiscal general del Estado, Eligio Hernández, quiere vaciar las cárceles de extranjeros. Aquellos que estén condenados a penas de hasta seis años de prisión, así como los acusados de delitos menos graves aún no juzgados, pueden empezar a ser expulsados la semana próxima. Las cárceles españolas albergan a 6.563 extranjeros que cumplen condena. De ellos, 3.000 se verán afectados directamente por la circular enviada ayer por Eligio Hernández a todos los fiscales para que éstos propongan a los jueces su expulsión.
La medida afectará a los que están en libertad provisional pendientes de juicio por delitos menos graves. La expulsión de España de 3.000 presos extranjeros fue reclamada en 1992 por el entonces secretario general de Asuntos Penitenciarios y hoy ministro del Interior, Antoni Asunción, en una carta al entonces fiscal general, Leopoldo Torres.Hernández basa su decisión en el deseo de "tomar la iniciativa" en la adopción de las medidas previstas en la ley de extranjería para "agilizar los trámites de expulsión, desmasificar las prisiones y erradicar la delincuencia extranjera en España".
De los 6.563 extranjeros encarcelados, la mayoría procede de países emisores de droga, como Marruecos (1.484) y Colombia (1.018). Pero estos últimos no podrán ser expulsados, ya que las penas por tráfico de cocaína suelen superar los seis años.
El fiscal general explicó que muchos extranjeros sobre los que pesa una orden de expulsión "cometen un delito antes de llegar al aeropuerto para que no se les expulse", ya que la intervención judicial paraliza la salida de España. Los encargados de cumplimentar la circular serán los "fiscales de extranjería", figura de nueva creación. Colectivos judiciales, políticos y humanitarios progresistas criticaron ayer duramente la circular.
Mientras, el PSOE admitió ayer 15 enmiendas en la Comisión Constitucional para la reforma de la Ley de Asilo, para que, entre otras cosas, los extranjeros que pidan asilo en España sean asistidos por abogados e intérpretes y los recursos que interpongan contra la denegación de asilo tengan "tramitación preferente".
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