Del Viejo militante al interventor

Grita hasta desgañitarse ante la sede de UGT -"Manos arriba, esto es un atraco. Aquí se ve, la estafa de UGT"- Teme por los cinco millones que ha destinado a un piso "de la PSV" en Rivas Vaciamadrid y muestra apenado un carné de militante de FETEUGT con la fecha de alta muy antigua: enero de 1967. Máximo José Hoyos está indignado, "después de 20 años, me roban cinco millones" musita. A su lado, Socorro Martín, grita contra Nicolás Redondo. Máximo no pasa por ahí. Aunque no paga las cuotas desde diciembre debido a su inmenso cabreo, todavía respeta a Nicolás. "Todavía como en él, es honrad...

Grita hasta desgañitarse ante la sede de UGT -"Manos arriba, esto es un atraco. Aquí se ve, la estafa de UGT"- Teme por los cinco millones que ha destinado a un piso "de la PSV" en Rivas Vaciamadrid y muestra apenado un carné de militante de FETEUGT con la fecha de alta muy antigua: enero de 1967. Máximo José Hoyos está indignado, "después de 20 años, me roban cinco millones" musita. A su lado, Socorro Martín, grita contra Nicolás Redondo. Máximo no pasa por ahí. Aunque no paga las cuotas desde diciembre debido a su inmenso cabreo, todavía respeta a Nicolás. "Todavía como en él, es honrado, lo que pasa es que no tiene cojones para mandar a unos cuantos a la cárcel".

Cristina Rodríguez (5,2 millones invertidos en Valdebernardo) quiere que paguen con cárcel sean quienes sean los responsables de que no pueda dormir sin pastillas. Su caso está en el juzgado, dice, y lo conoce el Defensor del Pueblo. Su palabra más suave es "chorizos".

Susana Sánchez, 25 años, y Ernesto Mongil, 30 años, de Valdebernardo, también recurren al embutido para hablar de los responsables de que no tengan piso y no se puedan casar tras haber pagado 5,6 millones. A su lado, Gernma García (25 años), que asegura haberse dado de baja hace 15 meses de la parcela 17 del Plan 18.000, asiente. Dice que no le han devuelto su millón.

Entre los más excitados de la manifestación está el interventor Tomás Arrieta. Su actuación, solicitando la intervención de PSV por el Gobierno, ha hecho tomar cartas en la crisis al Ministerio de Trabajo. Algunos miembros de las asociaciones se oponen a la medida. Arrieta discute acaloradamente y afirma, una y otra vez que, en su opinión, la intervención del Gobierno "es la única y la última posibilidad" para la cooperativa de viviendas de UGT.