Proceso a la tortura

Los medios judiciales del País Vasco coinciden en que la mejor preparación policial ha reducido los malos tratos a los detenidos

"No hay equiparación posible con lo que ocurría hace 10 años, hay una diferencia abismal", señalan, prácticamente al unísono, jueces, fiscales, forenses, y abogados del País Vasco cuando se requiere su opinión sobre los malos tratos y torturas en España. Las divergencias surgen a la hora de responder a la pregunta de si estas prácticas persisten con carácter de rara excepcionalidad o si se reproducen con relativa frecuencia. Algunos magistrados creen que esas prácticas sólo aparecen muy extraordinariamente y otros consideran una falacia no admitir más casos de malos tratos que los efectivamente sancionados por los jueces en los últimos años. El cuadro que describen habla de una policía mucho más preparada técnica y profesionalmente y más sujeta al aparato judicial, una policía con recursos que procura dotarse de elementos de prueba antes de practicar una detención.

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En ese panorama hay quienes, tras indicar que la tortura y los malos tratos se aplican hoy de manera mucho más selectiva, apuntan que lo que también ha cambiado han sido los métodos. "Hace 10 años, lo normal era que los detenidos, toda clase de detenidos, declararan haber sufrido malos tratos o vejaciones. Muchos mostraban señales de golpes, otros decían que no les habían dado agua, que se habían pasado toda la noche sentados, sin poderse tumbar o haciendo flexiones, que les habían dado tres patadas en el culo para meterles en el furgón, y cosas así. Era lo normal, y luego había casos de torturas a detenidos de ETA como los que luego hemos visto reflejados en las sentencias judiciales", sostiene un médico que cuenta con una dilatada experiencia como forense de los juzgados vascos. "Esas cosas pasaban, sí", admiten ahora algunos de los que en aquel tiempo negaron, incluso con vehemencia, el fundamento de las sospechas.

En aquellos años -1981, 1982 y 1983, el periodo más sanguinario de la historia de ETA-, varios activistas fueron recibidos en cuarteles de la Guardia Civil por airados grupos de mujeres, desquiciadas por el espanto cotidiano de los atentados. Alguna llegó a descargar su ira impotente. a desahogar su angustia golpeando con una sartén al presunto asesino de su marido. Años terribles en los que se produjeron esa docena de episodios derturas acreditadas po tosteriormente por los jueces.

Durante bastante tiempo, las denuncias durmieron en los juzgados vascos a la espera de una determinación que desde luego no mostraron los titulares de juzgado que cursaban su solicitud de traslado el mismo día de su toma de posesión de la plaza. Todo empezó a cambiar a partir de la llegada al País Vasco de aquellos primeros jueces y fiscales, muchos de ellos jovencísimos, más o menos vinculados a las asociaciones progresistas de la judicatura. Abrieron los cajones, y en lugar de cerrarlos precipitadamente, como habían hecho sus predecesores, se pusieron manos a la obra. "En ocasiones", relata un magistrado, "bastó una llamada a los responsables policiales de determinadas comisarías para que cesaran bruscamente los indicios de malos tratos".

En mayor o menor grado, jueces, fiscales y forenses admiten que en el caso de los detenidos por actividades terroristas, los resultados de esta resuelta actitud judicial no han sido tan contundentes como con el resto de los delincuentes. "Ha habido mucha más resistencia, y es normal porque qué policía del mundo habría soportado sin mácula tantos años de matanzas", se pregunta un juez. "A veces dificultaban la entrada de los forenses en las dependencias policiales, cosa hoy impensable, o les decían que algún detenido que casualmente luego mostraba señalas de golpes había sido ya trasladado a Madrid. Viejos trucos para librarse de la inspección judicial que todavía se repiten de cuando en cuando". "Hubo un periodo", recuerda el mismo juez, "en el que los detenidos no se encontraban ni en el País Vasco ni en Madrid, sino en Burgos, siempre de camino hacia la Audiencia Nacional". Según estos medios, las palizas son hoy prácticamente inexistentes.

"Más que eso, que es fácilmente detectable por los forenses, lo que nos preocupa", indica un magistrado, "es la posibilidad de que, con toda la excepcionalidad que se quiera, y sería erróneo extraer más conclusiones, persistan en algunos casos prácticas que no tienen por qué dejar secuelas fisicas. Hablo de la asfixia que provoca la bolsa de plástico, de la bañera y de descargas eléctricas de poca intensidad. Y desde luego hablo de una fuerte presión psicológica".

Hace anos, un funcionario de un juzgado vasco inspeccionó discretamente determinadas dependencias policiales a la búsqueda de "una caja de electrodos" cuya aplicación en su propio cuerpo decía haber experimentado un detenido. El artilugio en cuestión resultó ser una caja de puros vacía con un pequeño orificio lateral y dos trozos de cable sueltos. El funcionario llegó a la conclusión de que la supuesta caja de los electrodos no podía tener otra función que la puramente intimidatoria, pero no desdeñó el impacto psicológico que su mera exposición debió causar al detenido. El miedo a la estancia en comisarías y cuartelillos durante los cinco días que permite la ley antiterrorista es un caudal que la policía administra provechosamente para completar sus archivos y obtener la declaración de los detenidos.

Tiempo atrás, un responsable policial fue interpelado en una charla informal sobre las denuncias públicas presentadas en aquellas fechas por abogados de detenidos de ETA. Después de aludir a los documentos internos de la organización terrorista en los que se instruye a sus militantes en la denuncia sistemática de torturas, el responsable policial dijo albergar serias dudas sobre la conveniencia de desmentir públicamente semejantes acusaciones. "Verdaderamente, no creo que nos interese salir al paso de estas cosas", señaló, "porque lo cierto es que la gran mayoría de los detenidos por ETA están tan convencidos de que van a ser torturados que empiezan a largar nada más atravesar la puerta de comisarías y cuarteles. No voy a negar que el que se pone gallito se arriesga a que le sacudan un par de tortas, pero poco más. Por eso no sería bueno sacarles de su error".Edulcorada o no, la versión de que en la gran mayoría de los casos la amenaza de los malos tratos resuelve por sí sola las exigencias de los interrogadores policiales encaja con los estudios sociológicos que indican que el miedo es una de las características intrínsecas del mundo de HB y ETA. Al contrario de lo que. ocurre con los GRAPO, la gran mayoría de los detenidos por actividades relacionadas con ETA están muy lejos de presentar el perfil del activista endurecido, iluminado por una convicción ciega en sus propias creencias.

En la medida en que formar parte de ETA en sus diferentes niveles de compromiso ha sido y sigue siendo una cosa relativamente asequible, saludada con reconocimiento y hasta admiración en los círculos sociales de HB, pocos de sus activistas y colaboradores, exceptuando quizá determinados liberados, han afrontado el proceso de endurecimiento y depuración personal que caracterizó, por ejemplo, a los viejos luchadores comunistas que se enfrentaron a la dictadura.

Lo que los jueces, fiscales y forenses no se creen es la tesis de "la tortura sistemática aplicada a todos y cada uno de los detenidos", machaconamente repetida por las Gestoras Pro Amnistía, ni los testimonios de malos tratos que periódica y públicamente escenifican aquellos que llevan colgando del cuello el hacha y la serpiente de ETA bañados en oro o plata. No se creen, al menos en su literalidad, los testimonios colectivos de presuntas torturas ofrecidos en conferencias de prensa, si bien algunos de ellos no descartan que pueda haber una parte o un fondo de verdad en algunas de estas denuncias. "En principio concedo credibilidad a las denuncias que efectúan individualmente cuando son puestos a disposición judicial", indica otro juez, "pero no, desde luego, cuando comparecen ante la prensa.

Los detenidos acostumbran a exagerar, a veces con ánimos justificatorios, y hay que desconfiar cuando ha habido comunicación entre ellos y ofrecen versiones coordinadas". Dentro también de HB hay quienes admiten que los excesos, las generalizaciones infundadas, la instrumentalización propagandística de hechos de semejante gravedad y la misma personalidad política de los denunciantes acarrean el peligro de que la opinión pública se instale en el descrédito general y el rechazo sistemático a cualquier denuncia, por fundamentada que ésta sea. La Asociación de Derechos Humanos del País Vasco reprocha a las Gestoras Pro Amnistía su nula colaboración en la denuncia e investigación de los malos tratos presuntamente sufridos por el también presunto activista de ETA Kepa Urra.

"En ocasiones", señala un forense, "uno se queda con la convicción de que la supuesta resistencia a la detención se utiliza como subterfugio". La idea, y no sólo la sospecha, de que las charlas informales con el detenido constituyen, en realidad, el verdadero interrogatorio policial está muy extendida entre los profesionales de la abogacía, la judicatura y la medicina forense. "En muchos casos, al abogado de oficio se le llama cuando la declaración del detenido está lista para ser firmada, pero el verdadero interrogatorio se hace antes y sin la obligatoria asistencia letrada", señala un abogado.

El hecho de que la Audiencia Nacional, competente en los casos de terrorismo, encargue automáticamente la custodia del detenido al juez del lugar donde tiene lugar el arresto no despeja la opacidad que algunos medios judiciales siguen viendo en las dependencias policiales. Hay quienes se oponen claramente a la incomunicación ampliable a cinco días y a la imposibilidad para los detenidos por terrorismo y narcotráfico de designar abogados de su libre elección.

"La ley antiterrorista distingue a los delincuentes de ETA al. reservarles un procedimiento especial, alimenta el victimismo de todo ese mundo y pone bajo sospecha a los cuerpos policiales, cuando lo cierto es que, si se revisan las diligencias, sólo unas decenas de guardias civiles y policías aparecen implicados en casos de torturas", afirma un juez del País Vasco.

En sentido opuesto, se argumenta que "si se redujera la detención a 24 o 48 horas aumentarían probablemente los malos tratos porque la policía no dispondría de tiempo suficiente para vencer la resistencia del detenido, y en un caso como el de ETA tampoco se resignaría a quedarse sin ese dato crucial que puede llevar a desmantelar un comando y evitar nuevos asesinatos". Dentro y fuera de los medios judiciales, las muertes de dos arrestados por su presuntavinculación a ETA, Xabier Kalparsoro y Gurutze Yanci, y el fallecimiento tras su paso por dependencias de la Ertzairitza de un supuesto enfermo mental, Juan Calvo, están suscitando una nueva reflexión sobre las garantías de la asistencia a los detenidos.

Desde la Consejería de Interior del Gobierno vasco se plantea la conveniencia de un debate abierto al conjunto de la sociedad. Hablan de acristalar las dependencias interiores para que haya siempre testigos de los interrogatorios, de filmar con vídeo la estancia de un detenido, y se quejan de que no siempre pueden ofrecer la necesaria asistencia médica y que en ocasiones se ven obligados a prolongar los arrestos casi 24 horas "porque algunos juzgados ya no admiten las diligencias más allá del mediodía".

Sea o no una práctica excepcional, la mera sospecha de que los malos tratos o torturas hayan tenido que ver con estas últimas muertes resulta algo simplemente insorportable para la ciudadanía vasca que está plantando cara a ETA.

"Ellos, los de ETA, tratan siempre de arrastrarnos al infierno en el que están, nos incitan permanentemente a dar ese paso, pero nosotros no podemos sucumbir a la tentación de dejar de lado los derechos humanos", comenta un responsable de la Administración de justicia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 17 de octubre de 1993.

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