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Incompatibilidades de los parlamentarios españoles

JOSÉ BONOEl articulista explica su propuesta de que los diputados y senadores dediquen todo el tiempo de su actividad al ejercicio de funciones públicas, y se aplique la incompatibilidad con cualquier otra actuación profesional privada retribuida. Y responde a las críticas formuladas a esas ideas.

No hace mucho, en estas mismas páginas (EL PAÍS, 12 de mayo), escribía Edgar Pisani que el mundo se ha vuelto indescifrable; que la crisis de la política reside en que ésta ya no es una manera de mirar y comprender el mundo, y lo más grave es que no son pocas las veces que los mismos políticos nos esmeramos en ser verdaderos protagonistas de algunas ceremonias de confusión.Desde mi forma de ver y explicar la política he propuesto la necesidad de que lo! diputados y senadores dediquen todo el tiempo de su actividad al ejercicio de funciones públicas y, por consiguiente, se aplique la incompatibilidad con cualquier otra actuación profesional privada retribuida. Las excepciones, si ha de haberlas, que sean pocas, para confirmar la regla general, y muy claras, para evitar la maledicencia.

Esta propuesta que hice en el comité regional de mi partido no se presentó como el bálsamo de Fierabrás que sane la conciencia cívica del país atropellada por comportamientos de este o aquel parlamentario. Surgió del afán, no fanático, de cambiar un aspecto de nuestra vida política que tiene cierta importancia y que puede afectar al prestigio de las instituciones.

No me causa extrañeza que desde algunos sectores políticos se hayan dirigido baterías ofensivas contra esta propuesta. Sus argumentos no deben ser desdeñados: su trabada lógica revela por sí sola su antigüedad, algo rancia ya. No me resulta extraño, por ejemplo, que se haga oposición a la incompatibilidad del parlamentario con la actividad profesional retribuida desde la encomiable idea de favorecer la cercanía a la sociedad que, por lo visto, sólo se obtendría desde la actividad privada retribuida (¡Cómo si cobrar al prójimo fuera el mejor vínculo posible con el ciudadano!). Es un argumento que no comparto, pero que tiene su lógica entre quienes consideran la política como un hobby, una distracción, un escaparate para la vanidad o un sistema de conseguir clientes.

Lo que no puedo admitir es la lindeza de que sólo los mediocres y vagos aspirarán a la condición de diputados y senadores si a los eminentes y buenos profesionales se les obliga a optar entre el escaño y la actividad profesional retribuida. Puestos en semejante trance deberíamos considerar que quienes son actualmente incompatibles (presidente del Gobierno, ministros, subsecretarios, gobernadores, delegados provinciales ... ) proceden de ese campo en que sólo abunda la mediocridad y la pereza.

Particularmente creo en la fuerza de la vocación política y, por tanto, creo que esa vocación pue ' de ejercerse con edicación absoluta. Quizá esta particular creencia le sea más fácil entender la a quienes comenzaron a actuar en política cuando comprometían o sacrificaban al mismo tiempo el oficio y el beneficio. El argumento en virtud del cual la dedicación absoluta y la incompatibilidad real beneficia a las oligarquías de los partidos puede estar buscando comprensión y apoyos entre quienes no confían en los partidos como uno de los cauces de participación en la vida política. Creo que los partidos deben democratizar más su funcionamiento interno, pero ello no pasa por la estrecha y pintoresca vía de que un grupo de parlamentarios pueda ejercer actividades privadas retribuidas y hacerle, llegada la ocasión, un corte de mangas a la oligarquía de su partido (¡Cómo si no fueran parte de ella en muchos casos!).

Tampoco extraña la hipocresía de quienes siendo desde hace muchos años profesionales de la política se oponen a la incompatibilidad aduciendo que sería "profesionalizar la política". Con estos lenguajes la gente seguirá sin entender a los políticos cuando hablemos de política.

Pero no pretendo agotar este debate entre políticos. Quizá convenga plantear la cuestión, no de forma opaca,. ante la opinión pública. Y en este terreno más de un argumento de los defensores de la compatibilidad se derretiría.

¿Cómo explicar que la tarea parlamentaria no precisa de tanta dedicación, de tanta independencia, de tanto tiempo como la de un subsecretario o un director general a quienes les está legalmente vedado ejercer otra actividad privada? ¿Acaso se cree que los diputados no toman decisiones tan importantes como las de los altos cargos de la Administración? Seriamente. ¿Les falta tarea parlamentaria o les sobra tiempo a nuestros diputados para ejercer otra actividad privada retribuida?

Un cirujano que es parlamentario y que sólo desea mantenerse profesionalmente al día. ¿Por qué ha de cobrar? ¿Qué añade a su experiencia profesional la minuta de honorarios? ¿No podría entenderse que persigue más el beneficio que el oficio?

¿Cómo han de entender los ciudadanos la dedicación absoluta de la que habla la ley si luego una decisión del Parlamento en sesión secreta les autoriza a dedicarse a sus actividades profesionales privadas y retribuidas?

Algunos profesionales que han llegado a tener un prestigio millonario en sus retribuciones quizá debieran preguntarse si no fue su paso por un cargo público lo que les permitió darse a conocer. Algunos es posible que hubieran quedado inéditos para la empresa privada y los contratos bloqueados y millonarios de no haber sido antes altos cargos de los afectados por incompatibilidad.

Tal y como lo pienso lo he dicho. Formulando una idea para que sea considerada, muy especialmente por el grupo parlamentario de mi partido. Era una forma, también, de hacer frente a la perplejidad en que evidenciábamos estar al apartar de su cargo a una persona mientras se defendía no sólo la licitud de su actuar, sino también la honorabilidad de su conducta, que, por supuesto, no pongo en duda. Pero esa medida ¿no pone de relieve que la aplicación de las incompatibilidades no estaba ni está en sintonía con lo que la gente quiere y la regeneración democrática requiere?

La gente no acaba de entender que un diputado haga gestiones en despachos oficiales para beneficiar los intereses del cliente a quien patrocina. Mucho menos se entiende que esas gestiones sea el origen de sustanciosas ganancias patrimoniales para el profesional-diputado.

Al portavoz del Grupo Socialista, mi amigo Carlos Solchaga, le ha parecido esta propuesta de incompatibilidades "inquietante y peligrosa". No estoy de acuerdo con él, pero al mencionarlo no sería justo olvidar que cesó como ministro de Hacienda y no siguió los pasos de otros ex ministros que se fueron al sector privado, y se encuentra en situación de incompatibilidad absoluta. Sin embargo, lo inquietante y peligroso es que Solchaga quiera espantar la idea de la incompatibilidad con un exorcismo, trayéndonos al recuerdo una secta celadora de la pureza en los tiempos de Tito. Éstos son tiempos de cambio y de claridad en los que no valen las jaculatorias de algunos diputados tan compatibles como instalados, a la vez, en la izquierda de siempre y en sus florecientes despachos profesionales.

El signo de los nuevos tiempos está en la libre expresión de las ideas; los políticos, aunque a veces parezca dudoso a la gente, también las tenemos, y debemos expresarlas, aunque resulten peligrosas para nosotros mismos o, incluso, tengamos que rectificar nuestras posiciones recientemente incorporadas a la Ley Electoral, porque cada vez van quedando menos opiniones incuestionables o inalterables. Aunque sean opiniones de los santones de la izquierda. Ya no hay catecismos laicos y, además, ya no es más de izquierdas quien menos cambia.

es presidente de Castilla-La Mancha.

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