El PSOE evalúa en 35.000 millones el beneficio por la recalificación del suelo

El PP quiere construir 54.000 pisos, en su gran mayoría de precio libre, en el nuevo ensanche de Madrid. Izquierda Unida cree que no hacen falta más de 40.000, siempre que sean protegidos. Los socialistas no tienen ninguna prisa en recalificar más de 10 millones de metros cuadrados de suelo rústico. Calculan que la operación inmobiliaria supone un beneficio de 35.000 millones de pesetas para los dueños de los terrenos.

Son muchos los adversarios que le están saliendo a la urbanización de seis polígonos residenciales en los distritos de Fuencarral, Hortaleza, Vallecas-Villa y Carabanchel...

El PP quiere construir 54.000 pisos, en su gran mayoría de precio libre, en el nuevo ensanche de Madrid. Izquierda Unida cree que no hacen falta más de 40.000, siempre que sean protegidos. Los socialistas no tienen ninguna prisa en recalificar más de 10 millones de metros cuadrados de suelo rústico. Calculan que la operación inmobiliaria supone un beneficio de 35.000 millones de pesetas para los dueños de los terrenos.

Son muchos los adversarios que le están saliendo a la urbanización de seis polígonos residenciales en los distritos de Fuencarral, Hortaleza, Vallecas-Villa y Carabanchel, auspiciada por el gobierno municipal del PP. La Comunidad ya ha impuesto su veto a la edificación de pisos de precio libre: en el ensanche y los grupos de la oposición -PSOE e IU- acaban de presentar una batería de alegaciones contra la revisión de los planes de urbanismo.El portavoz municipal del PSOE, Juan Barranco, alertó ayer sobre las "importantísimas plusvalías" que va a producir la operación en favor de propietarios y constructores. "Sólo en la obtención de suelo se van a generar unos beneficios para los propietarios de más de 35.000 millones (le pesetas", aseguró.

El PSOE prefiere paralizar el proceso de recalificación y, a cambio, aprovechar la revisión del Plan General para debatir por dónde debe extenderse la ciudad. El grupo socialista recordó su tesis de que aún queda suelo disponible- para construir 96.000 viviendas sin necesidad buscar parcelas en el campo.

Al final, el equipo de gobierno ha reducido el número de viviendas en los nuevos barrios (de 73.000 a 54.000), pero, según los socialistas, también ha incrementado el volumen edificable en todos los polígonos, excepto en los dos más cercanos al monte de El Pardo (Monte Carmelo y Arroyo del Fresno).

"Contratos informales"

Para Barranco, se trata de "una operación dudosa, en la que difícilmente se va poner el primer ladrillo antes de cinco o seis años". Esta afirmación contradice la oferta de un promotor inmobiliario (véase EL PAÍS de ayer) para entregar a finales de 1995 las llaves de pisos en el polígono de la carretera de Burgos.

IU hecho públicas sus sospechas de que los responsables municipales han "apalabrado convenios" con los propietarios de terrenos. Barranco mantiene que el PSOE "no tiene constancia" de que el Ayuntamiento haya llegado, a estos acuerdos.

El concejal socialista José María de la Riva es más tajante que su jefe de filas al sostener la existencia de "contratos informales". Según el razonamiento de este edil, "el Ayuntamiento no tiene, necesidad de expropiar porque ya están hechos todos los acuerdos; es una operación diseñada para que obtenga rendimientos la iniciativa privada".

El alcalde, José María Álvarez del Manzano, negó ayer tajantemente que el Ayuntamiento haya firmado acuerdos con los propietarios de suelo en los nuevos polígonos urbanísticos. "En esta casa no se hace nada que no haya sido aprobado por el pleno", sentenció.

Javier García Valcárcel, directivo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), también ignora la existencia de acuerdos con los titulares del suelo: "Las únicas negociaciones que conocemos son las que se han entablado con los expropiados por el trazado de la M-40". Su asociación también ha presentado alegaciones a la operación urbanística de los nuevos barrios. "No se trata sólo de construir pisos, también hay que crear servicios públicos", explica García Valcárcel.