Reforma laboral
EL DICTAMEN que en el plazo de dos meses habrá de presentar el Consejo Económico y Social (CES) en torno al documento sobre reforma del mercado de trabajo remitido por el Gobierno el pasado día 1 dará la medida de las posibilidades de esa institución de concertación recientemente constituida. Difícilmente se encontrará otro asunto que haga más oportuna la intervención del CES, integrado por representantes de los sindicatos, de los empresarios, de los agricultores, ganaderos y pescadores, y de las asociaciones de usuarios, además de por expertos en derecho y economía. Ha sido necesario que el desempleo afecte a la quinta parte de la población activa española para que se cuestione el marco institucional que regula el actual mercado de trabajo y se aborden con seriedad las reformas específicas previstas en el programa de convergencia aprobado hace más de un año.Lo ambicioso del proyecto se deduce de la entidad de las cuestiones que se someten al dictamen del CES: modalidades de contratación, movilidad -funcional, horaria y geográfica-, condiciones de trabajo y variaciones en su remuneración y despido económico. Y finalmente, diversos aspectos relativos a los derechos de información, consulta y gestión colectiva de la movilidad de los recursos humanos; a la diversificación de las relaciones laborales según el tamaño de la empresa, o a los criterios para regular los procedimientos de solución no jurisdiccional de los conflictos de los trabajadores.
La gravedad con que la recesión económica está repercutiendo en el mercado de trabajo, las dificultades para anticipar a corto plazo una alteración sustancial de ese cuadro, incluso en condiciones de mayor crecimiento de la economía, obligan a que, sin menoscabo del necesario debate que el alcance de esa reforma merece, el conjunto de los agentes asuman con responsabilidad su participación en la mejora del actual modelo de mercado de trabajo. Rechazar de entrada la reforma propuesta, como parece deducirse de las primeras reacciones de los máximos responsables de los sindicatos, es poco coherente con la prioridad que esos mismos dirigentes reclaman para la política de empleo. Puede que algunas de las propuestas deban ser corregidas, matizadas, adaptadas con realismo a las condiciones específicas de la situación española. Pero todas ellas corresponden a necesidades reiteradamente señaladas por los especialistas, y cuanto más se tarde en abordarlas más se dificultará la solución del mayor problema de la sociedad española.
Reducir el alcance del proyecto a un intento de facilitar el despido libre es esquivar el debate sobre las importantes cuestiones planteadas: la introducción en los salarios de un mayor componente variable ligado a la productividad, la movilidad geográfica y de tiempo de trabajo son, entre otros, factores que contribuirían a la mayor sensibilidad de los costes a la situación cíclica de la economía y a la salud de las empresas, pero también a reforzar la participación y corresponsabilización de los trabajadores en el desarrollo de las mismas. Junto a la necesaria reconsideración del sistema de contratación temporal es razonable replantear el conjunto de principios, circunstancias e intervenciones administrativas que afectan a la regulación del despido colectivo. Si la eliminación de la segmentación en el mercado de trabajo es hoy un objetivo importante, no lo es menos reducir los costes de ajuste de las plantillas, factor determinante para estimular la inversión, de la que depende el empleo.
El paso que ha dado el Gobierno con este proyecto, en modo alguno agota las reformas estructurales envinciadas en el capítulo cuarto del programa de convergencia. Tan importante como la reforma del mercado de trabajo es abordar reformas de la Administración pública, necesarias para que esta economía elimine aquellos quistes que le impiden no tan sólo crecer, sino incluso funcionar con agilidad. Figura entre ellas, por cierto, la introducción, también en la Administración pública, de criterios de promoción y subidas salariales relacionados con la productividad, como se ha ensayado ya en algunos países.
