El banquillo amenaza a CAP

La Corte Suprema de Justicia de Venezuela fallará en la primera quincena de mayo si existen motivos para enjuiciar al presidente Carlos Andrés Pérez, de 70 años, y enviar al Senado la solicitud para su procesamiento. El fiscal general de la República, Ramón Escovar, de 66 años, ha iniciado ante la más alta instancia judicial, por primera vez en la historia de Venezuela, el llamado antejuicio de mérito, para procesar a CAP, como se conoce popularmente al presidente, por presunto uso indebido y no aclarado de 250 millones de bolívares (más de 350 millones de pesetas al cambio actual) de una partida secreta, aprobada en febrero de 1.989, a los pocos días de la toma de posesión del actual jefe del Estado.

La acusación contra Pérez y, el fallo de la Corte Suprema han sido considerado por muchos observadores como una válvula de escape que ha servido, al menos por ahora, para dar salida a la tensión política acumulada en los últimos meses en Venezuela. Se teme que una resolución de la Corte Suprema que rechace el procesamiento de Pérez desencadene una reacción de protesta popular de imprevisible desenlace. No faltan los que suponen detrás del antejuicio de mérito tina trama para provocar desestabilización en Venezuela,y crear, una vez más, un clima propicio a un nuevo golpe contra Pérez.A los pocos días de subir a la presidencia y en las vísperas del caracazo, que costó vanos cientos de muertos en febrero de 1.989, el Gabinete aprobó disponer de 250 millones de bolívares de la partida secreta de gastos que el Gobierno no tiene obligación de justificar. Estos 250 millones de bolívares se convirtieron en 17 millones de dólares gracias al mecanismo del régimen de cambio preferencial (Recadi), que concedía divisas extranjeras en condiciones muy favorables. Pocos días más tarde el Gobierno suprimió el llamado Recadi, que había sido durante años una fuente de fuga de divisas en Venezuela.

Sospechas de fraude

El Gobierno justifica esta operación en las últimas horas del sistema de cambio preferencial y argumenta que los fondos se destinaron "para gastos de seguridad del Estado en el exterior". Al descubrirse la operación de cambio en dólares preferenciales se desencadenó en Venezuela la sospecha de una operación fratidulenta, para un lucro personal. La negativa del Gobierno a dar explicaciones sobre el destino de los fondos alimentó aún más las sospechas. En los primeros días de marzo el fiscal Escovar presentó la petición de procesamiento contra Pérez ante la Corte Suprema.En su despacho de la Fiscalía General de la Nación, Escovar rechaza categórico la acusación de ser un factor desestabilizador de la democracia y asegura que su demanda tiene un "enorme valor pedagógico, porque está mostrando un cauce constitucional para disciplinar la crisis que vive Venezuela". Según el fiscal, "si algun elemento de estabilidad existe hoy en Venezuela se debe precisamente a este juicio. Ya se ha dicho por ahí que los que tenían todavía tentaciones de golpes de Estado, o de organizar manifestaciones para provocar una insurrección popular, han encontrado que el juicio es un cauce para todas estas inquietudes. Como soy de los que cree que el camino de Venezuela deber ser el de la democracia y la fortaleza de las institucuiones, por eso creo que le estoy haciendo una gran contribución al país tratando de afianzar la estabilidad con este juicio".

Considera el fiscal que hay ministros de Pérez responsables, pero no habrían podido actuar sin el presidente de la república. Para Escovar hay elementos suficientes de juicio para establecer la claridad y añade que 17 millones de dólares es una cantidad significativa en un país que no se puede dar el lujo de ignorar una partida como ésta. Critica además el fiscal el manejo abusivo y poco transparente de la partida secreta y sugiera "que no se maneje como una monarquía medieval".

Comprende el fiscal "la natural reserva del pueblo venezolano, porque aquí la justicia se la ha manipulado mucho, se la ha manejado a través de toda clase de tramoyas, que le impiden al ciudadano común tener un grado de confianza en la justicia" y advierte que nadie la debe presionar, pero sobre todo el Gobierno. Para Escovar, no existe el menor problema si el presidente se viese obligado a dejar su cargo: "No hay vacío de poder posible, si se aplica la Constitución" e insiste en que lo que se trata de establecer es donde están los 250 millones de bolívares y cómo se manejaron".

Abundan estos días en Caracas los que pintan escenarios apocalípticos. El secretario general del Movimiento Al Socialismo (Mas), el tercer partido de Venezuela, ha declarado en la televisión que si la Corte no condena a Pérez la revuelta popular dejará chica a la del caracazo de febrero de 1.989, cuando murieron cientos de personas.

El general retirado Ítalo Del Valle, exministro de Defensa, que ocupaba el cargo en los días del caracazo no cree que vaya a producirse en Venezuela una nueva intentona militar, "no tiene sentido. Primero se saludaría a las Fuerzas Armadas como salvadoras y al poco tiempo les echarían la culpa de todo". Para dar más fuerza a su argumento añade Del Valle que Venezuela es un país muy dependiente y eso lo saben las Fuerzas Armadas: "La mayoría del petróleo venezolano lo compra Estados Unidos y los militares saben que, si hay un golpe, vendría un bloqueo".

El futuro del presidente

Otro general retirado con aspiraciones a político es Alberto Muller hoy articulista y profesor universitario. Para Muller, el antejuicio de mérito a Pérez ofrece una posibilidad de recuperación institucional y plantea una redistribución del poder en Venezuela, porque significaría una reducción del poder de la Presidencia. Muller tiene claro que "todo gira en torno al jucio contra Pérez y el papel histórico y político que le corresponde a la Corte Suprema. Si se restringe a lo jurídico, incendian al país". Según esta apreciación, el futuro de Venezuela reside en los 15 jueces de la Corte Suprema, que a mediados de mayo deben emitir un veredicto sobre si procede enviar al Senado la solicitud de enjuiciamiento contra el presidente. Después el Senado votaría si autoriza el enjuiciamiento de Pérez, quien quedaría suspendido de su cargo mientras dure el juicio.Las partes enfrentadas se acusan mutuamente de presionar a la Corte Suprema. Se maneja una frase del presidente de la Corte Suprema, Gonzalo Rodríguez Corro, que ha provocado la sospecha de parcialidad a favor del presidente. Según unas declaraciones publicadas en un periódico de Caracas el pasado 9 de marzo, Rodríguez Corro dijo: "Sería una tragedia para el país enjuiciar al jefe del Estado, pues muchas veces detrás de un juicio a un alto funcionario hay facturas políticas o intereses políticos".

El presidente Pérez fijó su postura ante la acusación en un mensaje al país en el que afirmó: "En el fondo lo que existe es el propósito de enlodar mi reputación" y "el propósito es claro. No se logró mi derrocamiento. No se logró que yo renunciara. No se logró una modificación del periodo constitucional para precipitar mi salida".

Dos diputados, uno del MAS y otro de Acción Democrática (AD) han comentado a EL PAÍS que el escrito de Escovar presenta lagunas jurídicas graves que obligarían a la Corte Suprema a rechazarlo por motivos puramente procesuales. Según el diputado del MAS, este rechazo supondría un grave riesgo de provocar una airada respuesta popular.

Una fuente próxima a Pérez esbozó incluso la hipótesis de que esto podría formar parte incluso de una estrategia para provocar la respuesta negativa de la Corte, seguida de disturbios, que al final desencadenarían un nuevo intento de golpe de Estado.

El ex-ministro de Defensa Del Valle no cree en esta posibilidad. Piensa que las fuerzas policiales han sido muy reforzadas y mejoradas y que las Fuerzas Armadas se mantendrían fieles a la disciplina.