La corrupción, la deuda y la falta de confianza hipotecan el futuro de la economía italiana
ENVIADO ESPECIALPolíticos, empresarios y financieros intentan, inútilmente, hacer como si nada hubiera sucedido. Pero han sucedido demasiadas cosas en muy poco tiempo. Tantas, que algunos observadores hablan de un peligro real de colapso de la economía italiana. Las dos cámaras legislativas italianas discuten los proyectos de ley en un clima de crispación, mientras que los empresarios -públicos y privados- no saben a qué atenerse y los financieros no se atreven a dar un paso en falso. La economía está paralizada. Aunque oficialmente Italia no haya entrado todavía en un periodo de recesión econ...
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ENVIADO ESPECIALPolíticos, empresarios y financieros intentan, inútilmente, hacer como si nada hubiera sucedido. Pero han sucedido demasiadas cosas en muy poco tiempo. Tantas, que algunos observadores hablan de un peligro real de colapso de la economía italiana. Las dos cámaras legislativas italianas discuten los proyectos de ley en un clima de crispación, mientras que los empresarios -públicos y privados- no saben a qué atenerse y los financieros no se atreven a dar un paso en falso. La economía está paralizada. Aunque oficialmente Italia no haya entrado todavía en un periodo de recesión económica como algunos de sus vecinos comunitarios -España, Alemania y Reino Unido-, la depresión se respira en el ambiente. En la Administración y en el mundo empresarial.
Innocenzo Cipolletta, director general de la todopoderosa patronal italiana, Confindustria, explica así la situación: "La economía de mi país vive en estos momentos una encrucijada dificil de superar. Ya vivíamos una crisis financiera e industrial considerable antes de que estallará el escándalo político de la corrupción y la inestabilidad de los mercados cambiarios europeos, que han dado al traste con la lira. Y todo ello en medio de una situación de recesión económica que impide a las empresas italianas, tradicionalmente exportadoras, aprovechar la mejora de su competitividad exterior por la devaluación de la lira".
Efecto 'bola de nieve'
Con todo, este economista, que dirige una organización que aglutina a más de 130.000 empresas privadas, que dan tres millones de empleos, considera que el principal problema de la economía italiana no es el escándalo político y la consiguiente crisis institucional. "El problema real de Italia es el excesivo peso del sector público y el crecimiento de la deuda pública, que avanza como una gran bola de nieve y pone en serio peligro el futuro del país", afirma Cipolletta. Y en eso coinciden todos los expertos consultados por este periódico. Un analista de una conocida firma internacional de consultoría instalada en Italia llegaba a decir que el Estado italiano podría suspender pagos ante el tremendo peso de los intereses de la deuda, que superan el 10% del PIB.
Los datos no dejan lugar a dudas sobre ese riesgo de crash de la Administración italiana. La deuda pública ha crecido en los últimos 10 años a un ritmo muy superior al PIB y ha superado, en términos absolutos, la cifra de producto bruto (PIB) italiano. En estos momentos, la deuda supone el 108% del PIB. Quiere esto decir que no sólo es imposible que Italia cumpla7 el cuarto requisito de convergencia de Maastricht, que limita esa proporción en el 60%, sino que la tendencia ascendente de esta magnitud puede llegar a estrangular la economía.
"La situación es grave y peligrosa", afirma Mario Pirani, editorialista de La Repubblica, el diario italiano de mayor difusión e influencia. "La mezcla de la crisis institucional, la inestabilidad de la lira y altísima deuda pública sitúan a la economía italiana en una fragilidad sin precedentes", añade Pirani.
Algunas entidades financieras extranjeras han llegado a comentar, por escrito y en informes internos, la posibilidad de que el Estado tome una medida drástica para solucionar de una vez por todas el problema de la deuda: consolidarla.
Esa amenaza de convertir los bonos italianos en deuda perpetua, pagando tan sólo los intereses pero absteniéndose de devolver el principal, es desmentida una y otra vez por fuentes oficiales. Lo que no desmienten con tanta vehemencia es una posibilidad intermedia de fijar una moratoria de tres años en el pago de esa deuda.
La medida, aunque nada ortodoxa, estaría en la línea de las acciones de choque emprendidas por el Gobierno de Giuliano Amato, como el trabucazo de hace un año por el que expropió, mediante un impuesto de nuevo cuño (de un día para otro y por decreto), el 0,6% de todos los depósitos bancarios del país.
De cualquier forma, todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que la única fórmula sensata para acabar contra el riesgo de crash financiero por el volumen de la deuda, y de paso racionalizar el sistema económico italiano, es emprender de una vez por todas el programa de privatizaciones.
Privatizaciones
Romano Prodi, que fue ministro de Industria en los setenta y presidente del IRI en los ochenta, es tajante al afirmar que "el cambio que debe acometer Italia, además de afectar profundamente al sistema político, debe acabar con el excesivo peso del Estado en la sociedad y en la economía". El actual presidente de la Fundación Nomisma urge además a que el plan de privatizaciones anunciado por el Gobierno se acelere para evitar males mayores.
Sin embargo, Amato y su ministro del Tesoro, Piero Barucci, se están encontrando con serias dificultades para sacar adelante el programa. Los poblemas están dentro del Gabinete, ya que el ministro de Industria, Giuseppe Guarino, se ha opuesto frontalmente al plan. El primer ministro Amato respondió hace semanas con dureza ante la oposición de Guarino y, en una maniobra de "ingeniería política" para no poner en peligro el ya de por sí frágil Gobierno, creó un nuevo Ministerio para las Privatizaciones, quitándole esa competencia a Industria.
Esquemáticamente, el plan de privatizaciones, aprobado el 14 de noviembre pasado, pretende dar un giro de 180 grados a la actual estructura industrial italiana, anquilosada en cuatro gran des grupos empresariales priva dos y otros tantos públicos. El objetivo es crear un nuevo tejido empresarial de una veintena de sociedades anónimas que ayuden además a impulsar la Bolsa.
Los activos que se sacarán a la venta pertenecen al grupo público IRI, el energético ENI y el eléctrico ENEL (cuyos presidentes están detenidos por el escándalo de la corrupción), el grupo asegurador INA y el bancario que gira en torno a la Banca Nazionale de Lavoro (BNL).