Fiasco ecológico

EL JUICIO sobre la muerte de 20.000 aves en las zonas aledañas al parque nacional de Doñana durante el verano de 1986 ha derivado en un fiasco ecológico. No sólo no ha podido determinarse si el desastre fue obra del hombre o mero producto del azar. Tampoco -y ello es, si cabe, más grave- ha podido saberse la causa exacta que lo desencadenó. Que un atentado tan grave al equilibrio ecológico del parque de Doñana haya quedado impune y que no se sepa ni siquiera cómo pudo ocurrir es más que frustrante. Tal desenlace pudiera subliminalmente inducir a que sucesos parecidos puedan repetirse en el fut...

EL JUICIO sobre la muerte de 20.000 aves en las zonas aledañas al parque nacional de Doñana durante el verano de 1986 ha derivado en un fiasco ecológico. No sólo no ha podido determinarse si el desastre fue obra del hombre o mero producto del azar. Tampoco -y ello es, si cabe, más grave- ha podido saberse la causa exacta que lo desencadenó. Que un atentado tan grave al equilibrio ecológico del parque de Doñana haya quedado impune y que no se sepa ni siquiera cómo pudo ocurrir es más que frustrante. Tal desenlace pudiera subliminalmente inducir a que sucesos parecidos puedan repetirse en el futuro si finalmente su coste penal y político queda reducido a nada.No se trata de poner en cuestión la actuación judicial en el proceso. Ante la falta de pruebas no había otra salida que la absolución de los acusados. Pero ni siquiera la ausencia de responsabilidad penal en lo sucedido es especialmente relevante. Ésta es una de las opciones de todo juicio desarrollado conforme a las reglas del derecho. Sí es, en cambio, relevante que la oscuridad siga envolviendo las causas de un suceso acaecido hace seis años y que la investigación judicial apenas haya servido para aclarar nada. El diagnóstico sigue siendo el mismo que apuntó a raíz del desastre el entonces consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía: la masiva mortandad de aves se debería a una "enfermedad desconocida". La diferencia es que lo que entonces pudo ser interpretado como una for ma de salir del paso ante una situación comprometida hoy se torna en un verdadero chasco.

Quizá el decepcionante resultado del que ha sido calificado como "el juicio por delito ecológico más importante del país" deba imputarse al erróneo planteamiento del mismo por parte de las asociaciones ecologistas que lo promovieron. Es cierto que, gracias a su iniciativa, el desastre ecológico abatido sobre Doñana en el verano de 1986 no quedó acallado y que se abrió la posibilidad de investigarlo y de establecer las responsabilidades pertinentes, lo cual no es poco. Pero el carácter unidimensional de la acción judicial emprendida, centrada exclusivamente en los arroceros de la zona y en la actuación de la Junta de Andalucía, se ha revelado, a la postre, inoperante: no sólo no ha podido demostrarse su responsabilidad en lo sucedido, sino que se han cegado otras vías de posible culpabilidad que en el juicio se han revelado como más verosímiles. El juicio ha servido para que la opinión pública tome conciencia del deterioro ecológico que se cierne sobre Doñana, pero los intereses que lo propician han salido indemnes.

Efectivamente, al tiempo que la justicia no considera "explicación satisfactoria" del desastre el vertido clandestino de 752 kilos de pesticidas organofósforados en una zona de 34.000 hectáreas y distanciada de Doñana hasta 70 kilómetros en algunos puntos, estima más llamativo, sin embargo, el manejo negligente de las aguas en uno de los principales focos de mortandad de aves -el Lucio del Cangrejo Grande, propiedad de la asociación privada conservacionista Fundación Blanc-, que produjo "un alto riesgo de botulismo". No ha podido demostrarse judicialmente una relación de causa a efecto entre esa actuación y el desastre ecológico, pero el juez "cree" hallarse ante unos comportamientos oscuros y extraños e "intuye" que son debidos al interés de la Fundación Blanc en obtener para uno de sus proyectos una determinada subvención de la CE. Para ver si es posible aclararlos más, el juez ha decidido remitir las actuaciones al ministerio fiscal.

En todo caso, la actuación administrativa de los responsables de la Junta de Andalucía no ha quedado bien parada a lo largo del proceso. El juez no ha podido por menos de llamar la atención sobre los problemas de control que plantean la diversidad de organismos que tienen competencias sobre Doñana. Pues si bien no se ha demostrado que los pesticidas prohibidos hayan sido la causa del desastre, es obvio que su uso fue irregular. Del mismo modo es inconcebible que "tampoco se actuara con rigor contra particulares que, en el ejercicio de actividades individuales no autorizadas, manejan a su antojo el sistema hídrico".