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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Por principio

HAY COSAS que deben hacerse porque sí: porque es justo hacerlas, al margen de que además puedan resultar oportunas o beneficiosas para tal o cual objetivo. Cooperar al desarrollo económico de los países cuyos habitantes se mueren de hambre es una exigencia de solidaridad humana; añadir que es la forma de evitar los flujos migratorios incontrolados puede ser cierto, pero en absoluto significa que si no fuera así desaparecería el imperativo moral de ayuda. También hay cosas que no deben hacerse porque no: por principio, al margen de que pueda o no demostrarse que además son contraproducentes. La tortura, por ejemplo.La noticia de que dos guardias inhabilitados por torturas mediante sentencia en firme ocupan destacados puestos en el Ministerio, del Interior es bien inquietante, y exige una explicación por parte de los responsables de ese ministerio. Su enérgica reivindicación del derecho a la presunción de inocencia también de los policías acusados de torturas ha podido verse acompañada por el simétrico compromiso de aplicar todo el peso de la ley a aquellos cuya culpabilidad fuera establecida. Ahora se ve que, al menos en este caso, tal voluntad era inexistente.

Todavía hoy son numerosas las denuncias por torturas que se presentan en España. Ello no significa que todas ellas estén fundadas. En particular, hay constancia de que las bandas terroristas utilizan esas denuncias como un elemento más de su campaña permanente de descrédito de las instituciones. Pero se trata de un delito que casi por definición se comete, en secreto y en el que sus autores son agentes de la autoridad perfectamente conocedores de la dificultad de probar su existencia cuando no hay marcas físicas indudables. En España es, además, en opinión de los especialistas, un delito deficientemente tipificado y escasamente penalizado: los casos que llegan a juicio suelen saldarse con sentencias de suspensión profesional por algunos meses o años. Si encima ocurre que tal suspensión puede burlarse, no importa con qué pretexto burocrático, nos encontraríamos ante un supuesto de impunidad. El asunto es demasiado grave como para que se responda con el silencio o, mucho menos, con el argumento de que ciertas cosas son inevitables y escarbar demasiado en ellas podría resultar inoportuno o contraproducente.

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