Pilar Miró, absuelta de malversación porque ignoraba que su conducta fuera incorrecta

Pilar Miró, ex directora de RTVE entre octubre de 1986 y enero de 1989, fue absuelta ayer del delito de malversación de caudales públicos del que estaba acusada. El tribunal ha considerado que Miró dispuso de 8.511.457 pesetas de los presupuestos del ente público, con desconocimiento de que su conducta no era correcta y sin actuar de mala fe. Los jueces han concluido que la actuación de Miró no supone ningún reproche desde el punto de vista penal, aunque puede constituir una infracción de carácter administrativo. La directora de cine acudió ayer a la lectura pública de la sentencia.

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Pilar Miró, de 52 años, que lucía un vestido rojo con lunares negros, estaba visiblemente satisfecha por la resolución de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Madrid. Tras la lectura de los hechos probados y el fallo, Miró declaró: "Es difícil estar serena". Afirmó que el proceso le había servido para conocer mejor a las personas y su capacidad de sobrevivir y no quiso dar nombres cuando se le preguntó sobre quién era el culpable de que ella hubiese pasado por el banquillo, aun que agregó: "Basta con tirar del hilo".La sentencia declara probado que Pilar Miró realizó gastos de vestuario por valor de 3.628.304 pesetas que fueron cargados en partidas presupuestarias de RTVE. El vestuario, adquirido para uso de representación, fue guardado en un armario que se construyó al efecto en la dirección general del ente público. El resto de los gastos, hasta un total de 8.511.457 pesetas, fueron destinados a objetos y regalos de carácter institucional. La sentencia señala que alguno de esos gastos fueron abonados con cargo a la tarjeta Visa oro de la ex directora de RTVE, pero no se ha acreditado que ninguno de los desembolsos tuviera como motivo un gasto de naturaleza particular y privada".

La sentencia relata como se produjeron los hechos y las consultas de Miró al director financiero sobre si podía cargar los gastos de vestuario de representación a los presupuestos del Ente. La respuesta fue afirmativa, si bien se le hizo constar un "factor de incertidumbre", que no quería decir otra cosa que si la Intervención Delegada de Hacienda se lo requería tendría que reintegrar el importe de los gastos.

Efectivamente, la Intervención señaló que esos gastos de vestuario carecían de precedentes, por lo que finalmente Miró reintegró su importe en 1988.

La sentencia destaca que Pilar Miró "no tenía razones para suponer que sus actos pudieran ser motivo de reprensión penal". Esa conclusión, según el tribunal se ve reforzada por el propio comportamiento de la ex directora de RTVE que "en momento alguno trasluce propósitos de encubrir su actividad". Y añade que varios testigos explicaron en el juicio el afán de transparencia de Miró.

La sala considera que, respecto a los gastos de vestuario, la directora de cine creía que actuaba correctamente cuando no era así, en lo que técnicamente se llama "error invencible" y llega a esa conclusión "pues de lo contrario no resulta verosímil que hubiera actuado de forma tan abierta y notoria". De haber sabido que su conducta era delictiva, según el tribunal, Miró habría tomado precauciones que, en este caso, no han existido.

Sin mesura

Respecto a los restantes gastos efectuados por la ex directora de RTVE, el tribunal es bastante más duro, aunque mantiene la absolución. La sentencia precisa: "La Sala no puede estimar [como] fin público establecido por la norma aquel que se pretendía con la disposición de los gastos y ordenación de los pagos realizados por la procesada Pilar Miró Romero, sino que ésta -si bien no de mala fe construyó una apariencia de ropaje de finalidad social y pública para pretender dar soporte, material o formal, a sus propios actos. A ello hay que añadir que los actos de la procesada estuvieron desprovistos de la razonabilidad, mesura y ponderación que ha de presidir el actuar de los gestores en el manejo de los fondos y caudales públicos".

Tras esta afirmación el tribunal recuerda que los actos de Pilar Miró no constituyen delito alguno, "sin embargo, a la luz de la normativa presupuestaria( ... ), persisten en su conducta los perfiles de una antijuridicidad administrativa".

La sentencia declara las costas procesales de oficio, porque no advierte malicia en la actuación de las acusaciones privadas, si bien el tribunal les reprocha que hayan acumulado pretensiones alejadas de la racionalidad. Dichas acusaciones eran de la Unión de Técnicos y Cuadros de RTVE y del abogado José Molina Samos, quien llegó a solicitar hasta 12 años y un día de prisión para Miró.

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