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El Gobierno argentino advierte a Iberia que será inflexible en el contencioso de Aerolíneas

El subsecretario de Transportes del Gobierno argentino, Edmundo Soria, advirtió ayer a varios parlamentarios que el Ejecutivo se mantendrá inflexible en las exigencias formuladas a los directivos de Iberia para que recompongan el balance de Aerolíneas Argentinas, deteriorado por una deuda de más de 445 millones de dólares (44.500 millones de pesetas). Representantes de Iberia y de la Administración argentina mantienen intensas negociaciones para desbloquear el conflicto, pero sin que hasta el momento se hayan detectado progresos.

Las nuevas desavenencias entre Iberia y el Gobierno argentino -que ostenta el 15% del capital de Aerolíneas- han surgido al rechazar el Ejecutivo hispanoamericano los estados financieros del ejercicio 1990-1991 de Aerolíneas. Uno de los principales problemas radica en la existencia de una deuda de 445 millones de dólares (44.500 millones de pesetas) que, a juicio de los argentinos, se arrastra desde la compra de Aerolíneas por Iberia. Según la administración argentina, Iberia efectuó parte de la compra a crédito, cargando sobre las cuentas de explotación de la compañía adquirida los gastos financieros de los créditos. Por esta razón, el Gobierno argentino se niega a reconocer la parte de deuda correspondiente a estos intereses.Por su parte, Iberia ha propuesto al Gobierno argentino que acepte la implantación de un principio de neutralidad, que consiste en que respete los derechos y obligaciones contractuales de Iberia y, a cambio, se compromete a financiar los intereses correspondientes al 15% de la deuda, liberando así de cualquier recargo al Estado argentino por su participación en Aerolíneas.

Javier Salas, presidente del INI -accionista universal de Iberia-, de visita en Argentina, negoció ayer con el ministro de Economía, Domingo Cavallo, esa salida pactada. A la salida de la reunión, Salas expresó un lacónico "confío en llegar a una solución satisfactoria".

La existencia de estas deudas provocó que el diputado Moisés Fontela presentase una denuncia por estafa y administración fraudulenta, que posteriormente supuso el registro de las oficinas de Aerolíneas y de Iberia en Buenos Aires por parte de la policía, así como el aplazamiento de la aprobación de la memoria hasta el próximo 3 de julio.

En el balance figura un pasivo de 839 millones de dólares del que, a juicio de Soria, "deben separarse 445 millones de dólares". Esta cantidad constituye la deuda a largo plazo y, según Soria, "corresponde a compromisos asumidos por el consorcio comprador para concretar su operación de compra y, en consecuencia, el Estado argentino no tiene nada que ver con ella".

Esa parte del pasivo se compone de 85 millones de dólares por la emisión de acciones preferenciales y de otros 360 millones de deudas contraídas con los bancos Central Hispano, Banesto, Santander y Citibank. Según las cuentas del Gobierno, existen otros 294 millones correspondientes a deuda comercial contraída durante la gestión privada en ocho meses.

En el estado contable correspondiente al 30 junio de 1991, pero que se terminó de elaborar el 5 de marzo de este año, aparecen las deudas por 390,2 millones de dólares que el grupo Iberia contrajo con dichos bancos para comprar el 85% de las acciones. Ese grupo cargó también a la cuenta de la compañía otras deudas pendientes con el Estado argentino por 91 millones de dólares y a eso le sumaron, además, 85 millones de dólares por las llamadas acciones preferenciales. Para disimular ese pasivo, según las fuentes denunciantes, el grupo Iberia decidió revaluar los bienes de uso. Esa trampa en la contabilidad le permitió estimar el valor actual de la compañía en 1.108 millones de dólares, unos 542 millones más de lo que valía en el momento de ser vendida, ocho meses antes. Por esta razón, el balance presenta un patrimonio neto de 269 millones de dólares.

Acusación infundada

Iberia, por su parte, mantiene que esta acusación es infundada. Fuentes de la compañía aérea española han subrayado que se ha cumplido fielmente la letra del contrato y que el Estado ha recibido todos los pagos que estaban estipulados en el contrato. Según el acuerdo inicial, el Gobierno argentino vendió el 85% de las acciones de Aerolíneas, propiedad del Estado, a un consorcio encabezado por Iberia. Posteriormente, inyectó los activos, que pasaron al saldo deudor por el valor que las dos partes habían pactado (unos 700 millones de dólares). Esta operación supuso que el propio Estado, por su participación del 15%, se convirtiera en deudor consigo mismo. Parte de la deuda, 130 millones, se pagó al contado y otros 130 en títulos de deuda interna.El abogado Alberto Tanaión, que fue designado el jueves como síndico suplente en la dirección, asegura, por su parte, que "todo lo que ha hecho la empresa es legal". Para él, la compañía "tiene derecho" a hipotecar sus aviones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de junio de 1992

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