El Defensor del Pueblo exige a Hacienda mayores garantías sobre la confidenciafidad del censo
El defensor del pueblo, Álvaro Gil-Robles, en un informe remitido al ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, denuncia "deficiencias" en la elaboración del censo de población de 1991 y pide mayores garantías para el futuro. Entre las anomalías figura un trasiego peligroso de datos censales -ya que se grabaron los de Galicia en Madrid y los de esta comunidad en Valencia-, escaso control sobre las empresas privadas que manejan este material sensible y la recogida de los cuadernillos con datos por porteros.
El informe remitido por el Defensor del Pueblo a Hacienda denuncia que, aunque la ley de la función estadística pública permite al ciudadano acceder a datos, personales recogidos por la Administración, y en su caso corregirlos, más parece "un derecho formal carente en la práctica de contenido".También se reprocha que se detalle por ley, y no sólo en los presupuestos del Estado, "los supuestos en que los ciudadanos han de colaborar obligadamente en la elaboración de las estadísticas públicas". "No parece fácilmente explicable que tal medida se convierta en un puro formalismo que desvirtúa la garantía que supone toda remisión a una ley", advierte Gil Robles.
No en vano, advierte el Defensor, "no es imposible, y así ha ocurrido en la operación censal de 1991 que estas campañas se utilicen para obtener datos, o formular preguntas no claramente vinculadas a lo que en puridad es objeto de la encuesta; así, por ejemplo, algunas comunidades han incluido preguntas relativas a temas propios (lingüísticos, educativos, etcétera) en los cuadernillos distribuidos en sus propios territorios". Dado que en el censo también se introdujeron preguntas padronales, el Defensor colige que "se está extendiendo la obligación de los ciudadanos a zonas no previstas ni deseadas por el legislador al incluirse como obligatorias cuestiones ajenas a la estadística".
"Dispersión geográfica"
El informe critica que la Administración, en lugar de establecer un único concurso para contratar a las empresas que debían grabar los datos censales, ha realizado 14 (uno por autonomía más el establecido por el INE). Esta descoordinación ha llevado a que los datos de Galicia hayan sido grabados en Madrid, mientras que los de la comunidad madrileña se informatizaron en Gandía (Valencia) por una empresa que también registró los de Canarias. "Esta dispersión geográfica conlleva desplazamientos innecesarios de toda la documentación censal, la cual se ve sometida a los riesgos propios del transporte y almacenamiento; la confidencialidad de los datos personales contenidos en los cuadernillos peligra debido a las múltiples manipulaciones que han de sufrir", lo que dificulta el control sobre este proceso de grabación por parte del INE y la comunidad autónoma. El Defensor requiere que, en contra de lo que ha ocurrido en esta ocasión, la Administracion no remita a las empresas privadas datos sensibles que no deben grabar como nombres, apellidos y dirección postal.
El informe señala que en "varias empresas adjudicatarias se ha observado que la presencia de personal del INE o de la comunidad autónoma no es permanente mientras duran los trabajos de grabación y que el almacenamiento del material censal no parecía llevarse a cabo con las garantías que la ley exige para datos personales: bajo claves, precintos o dispositivos especiales".
En consecuencia, se requiere un control constante por funcionarios sobre dicho proceso y normas específicas de seguridad. El Defensor, exige, además, que la Administración se ocupe "de las copias de seguridad de toda la grabación que se van creando y que en la actualidad permanecen en poder de la empresa hasta que ésta recibe la conformidad con el trabajo efectuado, y sin que se sepa a ciencia cierta a partir de ese momento qué ocurre con tal copia, si se entrega a la Administración, se destruye o se queda en poder de la empresa".
El Defensor advirtió en sus pesquisas que tampoco la Administración no había destruido los elementos identificativos personales del censo. También se comprobó que los funcionarios del INE incumplen su deber de entregar y recoger personalmente los cuadernillos. "Ha sido práctica frecuente depositar en manos del portero de una finca un número suficiente de los cuestionarios para que sean rellenados por los vecinos -que en ningún momento veían al agente censal-, utilizándose el mismo procedimiento para recoger los cuestionarios cumplimentados".
