Las 17 Españas

Las negociaciones para el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas empiezan en un clima de alta tensión por el resurgir de los nacionalismos en Europa. El Gobierno quiere diferenciar entre la política y el dinero, pero los dirigentes de las autonomías saben que su margen de autogobierno tiene mucho que ver con los recursos que manejan. Mientras unos piden un incremento lineal de los fondos transferidos por el Estado, otros, como Cataluña, reclaman que el aumento llegue por la vía de la recaudación del impuesto sobre la renta en aplicación de un criterio de corresponsabilidad fiscal. El actual sistema de financiación de las autonomías toca a su fin tras cinco años de funcionamiento.

El 1 de enero de 1992 tienen que implantarse unas nuevas relaciones financieras entre el Estado y las 17 comunidades autónomas. Ello ha coincidido con un verano que ha convulsionado las fronteras en Europa, tras el repentino despertar de los nacionalismos. El contagio ha llegado a España en un momento en que había que empezar a hablar de dinero.En el precalentamiento del debate han surgido las diferencias entre unas comunidades y otras. De hecho, no se puede hablar de un solo sistema de financiación, sino de dos: uno, el que afecta al País Vasco y Navarra; y otro, el que funciona en el resto de las comunidades autónomas. La diferencia es que en el País Vasco y Navarra se tiene casi toda la sartén por el mango, y en él resto se depende más de las decisiones de la Administración central.

El mayor grado de autonomía vasca se refleja en que las diputaciones recaudan la mayor parte de los tributos: todos menos aduanas e impuestos especiales. Se quedan con este dinero y después pagan al Estado una cantidad -el llamado cupo vasco- en función de los servicios que la Administración central presta en su territorio; es decir, los que afectan a Interior, Defensa y política exterior. El cupo se valora según unos coeficientes en función de la renta por habitante. El sistema, con el paso del tiempo, se ha mostrado muy favorable para esta comunidad autónoma, debido a que el acuerdo se firmó en un momento políticamente delicado y las matemáticas ayudaron a rebajar la tensión.

Para el resto de las comunidades autónomas funciona otro mecanismo distinto, más automático que en el caso del País Vasco y Navarra. Aquellas comunidades tienen como fuente de financiación del Estado una participación en los ingresos que recauda la Administración central más los que tienen transferidos, que varían en cada una de ellas, pero que en ningún caso afectan al impuesto sobre la renta ni al IVA, los dos grandes mecanismos recaudadores.

Gestión del IRPF

Hay, sin embargo, un problema común a todas ellas, lo que se ha bautizado como centrifugación del déficit. La cuestión es que el dinero no llega de forma automática, sino que el Estado se retrasa en los pagos a las comunidades autónomas. El Ministerio de Hacienda cubre así sus necesidades de tesorería para financiar el déficit público sin tener que acudir a la apelación del Banco de España o a la deuda pública. Pero las comunidades se ven empujadas a endeudarse no sólo para financiar sus políticas específicas, sino también para cubrir sus pagos, en una cantidad que en la actualidad supera el billón de pesetas.En este argumento se ha basado la Generalitat de Cataluña para pedir la competencia de recaudar el impuesto sobre la renta directamente, sin que el dinero tenga que pasar antes por el Estado y sufrir los retrasos. Cataluña, con un nivel alto de renta, gozaría de la ventaja de manejar mayor cantidad de dinero, aunque luego tuviera que devolver el exceso a la Administración central, según un nuevo sistema de reparto que cubra el principio constitucional de la solidaridad.

Los nacionalistas catalanes ponen en primer plano la gestión de este impuesto como vía para alcanzar un resultado similar al que arroja el cupo vasco, aunque por otro sistema, y con objeto de reequilibrar la financiación por habitante, desfavorable para los catalanes. Los fondos por habitante son este año 1991 de 74.410 pesetas en Cataluña, frente a las 100.685 de Canarias, 83.500 de Andalucía y 74.8 10 de Galicia. Por encima se sitúan las 135.000 pesetas del País Vasco.

Más dinero

El resto de las comunidades de régimen corriente solicitan básicamente un aumento genérico del dinero que reciben de la Administración central por la vía del porcentaje de participación en los ingresos del Estado, los tributos cedidos y las subvenciones, y rechazan mayoritariamente la cesión del impuesto sobre la renta.El criterio del secretario de Estado de Hacienda, Antoni Zabalza, se resume en que el nuevo sistema debe mantener una línea de continuidad con el que ha estado vigente en el quinquenio 1986-1991, "aunque con algunos retoques". El Gobierno, a la espera de una próxima reunión cumbre con los responsables de Economía de las comunidades, es contrario inicialmente a la cesión del IRPF porque considera que la dispersión del impuesto lesionaría el principio de igualdad de los españoles ante el marco fiscal.

Como base de este argumento, el Gobierno recuerda el distinto tratamiento que reciben por parte de las autonomías los impuestos cedidos, como patrimonio, transmisiones patrimoniales, cesiones, tasas de juego y actos jurídicos documentados. Según la liquidación de los presupuestos de 1988 y 1989, Cantabria recaudó un 22,9% menos de lo que había recaudado el Estado antes de ceder estos impuestos, mientras que en Castellón la recaudación se incrementó un 33,48%, y en Murcia un 3,69%.

Esas desigualdades se producen en función de los criterios de presión fiiscal que aplica cada autonomía, y demuestran, en opinión de Hacienda, que si se cede el IRPF la dispersión en la gestión del impuesto lesionará el principo de igualdad señalado.

En los contactos recientes del secretario de Estado de Hacienda y los responsables de los gobiernos autónomos se han establecido acuerdos de principio. El Gobierno catalán entiende la financiación como un "tema estructural y núcleo básico del pacto autonómico", en palabras de Maciá Alavedra, consejero de Economía. "Al reclamar la gestión de la renta, asumimos el principio de corresponsabilidad fiscal que tanto se nos ha reclamado", señala Alavedra.