"La competitividad no es sólo costes"
Pregunta. ¿Cómo definiría la competitividad?Respuesta. De una manera muy sencilla. La competitividad es la capacidad de exportar de una economía. Puede medirse de distintas formas, pero lo crucial es que una economía competitiva gana cuotas en los mercados internacionales.
P. Entonces, la competitividad no supone hablar únicamente de costes y precios?
R. Supone, en parte, hablar de costes y de precios, pero no sólo de ellos. Es cierto que si hay menores costes y precios, es más fácil exportar, pero los costes no se transmiten linealmente a los precios, porque hay empresas con poder de mercado. Y, además, cada vez se compite menos en precios, y ganan importancia aspectos, como las marcas, los servicios posventa, el diseño para grandes clientes, la comercialización, la diferenciación del producto, etc. En fin, factores no ligados a los precios.
P. ¿Existe alguna causa histórica o estructural que explique la baja productividad de la economía española?
R. Creo que existen dos factores cruciales. Por una parte, la industrialización española a partir de la guerra civil y hasta los años 60 se realiza al margen de la competencia exterior, se dirige a un mercado muy pequeño y utiliza tecnologías obsoletas. El otro factor es el hecho de que las economías occidentales llevan cuatro décadas acumulando el 50% de su renta nacional en forma de capital público, y eso, reduce los costes de producción y facilita la creación de empresas.
La información industrial
P.Usted ha insistido mucho en la importancia de la información industrial. Parece que los extranjeros cada vez nos conocen mejor, mientras que en España las estadísticas que hay sobre la industria son muy deficientes.R. La información es crucial para tomar cualquier decisión de política económica y para cualquier decisión estratégica de empresa. En España lo que ocurre es que así como ha mejorado mucho la estadística monetaria y financiera en los últimos 20 años, porque se han instrumentado políticas monetarias, no ha sucedido lo mismo con la información real, entre otros motivos porque apenas se ha hecho política industrial activa.
P. Pero parece que los responsables económicos de este país están bastante convencidos de que la mejor política industrial es la que no existe.
R. En efecto, mi divergencia básica con la política económica actual es que el Gobierno piensa que la mejor política industrial la hace sólo el mercado. Por ejemplo, hacer política industrial en el tema de los recursos para investigación no es aumentar mucho el gasto y distribuirlo como café con leche para todos, sino apostar por actividades concretas donde concentrar el gasto permite lograr una masa crítica.
P. ¿Para mejorar el marco de competitividad no habría que eliminar estructuras monopolíticas como las del sector eléctrico?
R. Si, la existencia de estructuras oligopolísticas es lo que hace que la transmisión de costes a precios sea defectuosa. Pero me ha puesto uno de los pocos ejemplos en que se hace política sectorial real. ¿Por qué se hace política energética?. Primero, porque se trata de un sector estratégico. Segundo, porque hay que racionalizar el sector en función de que, antes o después se liberalizarán los intercambios de energía eléctrica en la CE. Tercero, porque afortunadamente existe una empresa pública muy importante, ENDESA, que permite racionalizar el sector no atendiendo sólo a los intereses del lobby privado más importante del país. Pero en este tema lo preocupante es la existencia de un sistema de tarifas en mi opinión muy discutible. Lo crucial para la cuenta de resultados de una empresa eléctrica es el sistema de compensaciones, poco relacionado con su eficiencia, y la posibilidad de trasladar a tarifas cualquier coste justificado o no. Por ejemplo, ¿Por qué vamos a pagar los usuarios los agujeros patrimoniales de fondos de pensiones mal gestionados o poco dotados?.
P. A estas alturas de 1991, y quedando solo un año y medio para liberalización total en 1993, ¿cuál es el margen de maniobra?
R. Yo creo que queda un margen, pero escaso. Mi primera sorpresa es que la idea se haya lanzado a mediados de 1991, cuando podía haberse hecho desde 1988-89, tras dos o tres años de recuperación de la economía. Pero querría insistir en que un pacto de competitividad no puede ser tan sólo un tema de costes. Además de los salarios y los beneficios hay temas cruciales como los sistemas de formación de la mano de obra, los recursos destinados a innovación, diseño de mercados, políticas de oferta, etc. que tienen un papel central en un pacto de competitividad. Mi previsión pesimista es que no va a haber pacto, y si lo hay va a ser demasiado ambiguo, lo que obligará al diseño de una política presupuestaria muy restrictiva para 1992. Ambas opciones no son iguales porque tienen efectos asimétricos sobre la sociedad. Una política presupuestaria restrictiva la pagan quienes menos protegidos están y las infraestructuras del país. Un pacto puede distribuir la cargas más homogéneamente entre la sociedad, aunque tenga costes en términos de eficacia global.
Efecto perverso
El poder de los salarios
P. ¿Usted ha señalado en alguna ocasión la posible incompatibilidad entre querer acercar nuestra renta a la medida comunitaria, y al mismo tiempo basar la competitividad en la moderación salarial?R. Sí, apostar porque la economía española sea competitiva sobre la base exclusiva de que los salarios sean bajos exigiría que se especializara en productos intensivos en trabajo poco cualificado, una especialización más propia del segundo mundo por no decir del tercero.
Es claro que desde el punto de vista agregado y a corto plazo el crecimiento excesivo de los salarios es muy negativo para la competitividad, como también el de los restantes costes tales como los financieros, de organización y gestión y los beneficios reinvertidos. Pero a medio plazo, una economía más competitiva, es decir, más eficiente y con mayor productividad, permite salarios reales mayores.
El hecho de que el poder adquisitivo de los salarios medios alemanes, británicos o franceses sea mayor que el de los españoles, no hace sino reflejar el hecho de que estas economías son más productivas, y, por tanto, más ricas, que la nuestra. En este sentido si que me parece que a medio plazo y largo plazo existe una incompatibilidad entre niveles salarios bajos y competitividad. Lo que sucede en este tema es que es uno de los pocos en que la causalidad está bien establecida: es la mayor productividad la que permite mejorar el poder adquisitivo de los salarios, y no las subidas salariales las que consiguen mejorar la eficiencia.
"Los empresarios deben dejar los contratos injustificables"
P. ¿Qué materias deberían constituir la base de la negociación colectiva?R. Creo que hay temas estratégicos fundamentales que casi nunca aparecen en las negociaciones colectivas entre cúpulas sindicales y patronales: ritmo y formas de introducción de nuevas tecnologías, fondos de inversión, rotación y movilidad, estructuras retributivas. El que las negociaciones globales se centren en los salarios tiene, además, un efecto muy perverso sobre la dualización del mercado de trabajo.
En estos momentos, un 70% de los contratos de trabajo son indefinidos y un 30% de temporales. Los sindicatos están más implantados entre los trabajadores con contrato indefinido, en las grandes empresas y en las públicas. Esto provoca que los ajustes en los salarios se produzcan en beneficio del 70% de fijos y que los ajustes en el empleo hayan de producirse entre el 30% de los temporales.
Es decir, los sindicatos tratan de fijar las tasas de crecimiento slarial en función de las empresas, que por una u otra razón, pueden pagar mayores salarios, y los efectos sobre el empleo los desplazan así hacia los contratados temporales.
Sería muy deseable que se eliminasen algunos defectos funcionales del mercado de trabajo, pero mucho más importante que las modificaciones legislativas sería que los empresarios dejaran de llevar a cabo ciertas prácticas contractuales injustifícables desde el punto de vista técnico o económico, y que los sindicatos fueran coherentes con sus declaraciones de defender los intereses de todos los trabajadores y el empleo global.
