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El Defensor del Pueblo recurrirá al Constitucional la anulación del derecho a horas libres para votar

El Defensor del Pueblo ha iniciado los preparativos para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional contra la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anuló el decreto que habilitó a los trabajadores horas libres para votar en el referéndum de 1986 sobre la OTAN. Según informó ayer a EL PAÍS Álvaro Gil-Robles, la institución de la que es titular está "estudiando a fondo" la sentencia, que, en principio, "viola el contenido esencial del derecho fundamental de participación política", en opinión coincidente con expertos constitucionalistas.

El fallo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 9 de mayo último, estimó el recurso de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ) y anuló el decreto 218/1986, por el que el Gobierno dictó normas para facilitar el ejercicio del derecho al voto de los trabajadores en el referéndum del 12 de marzo de 1986. Los recurrentes interpretaron que la sentencia del Supremo les daba derecho a recuperar los 50.000 millones de pesetas por las horas no trabajadas que tuvieron que abonar a los electores (veáse EL PAÍS del 2 de junio último).Frente a la euforia manifestada por el presidente de la FEMZ Javier Ferrer y otros dirigentes empresariales, que calcularon en 50.000 millones de pesetas la cantidad que debería devolverles el Gobierno, fuentes jurídicas señalaron que la anulación del decreto no lleva consigo la devolución de cantidad alguna. Indicaron que para reintegrarse de las cantidades abonadas a los trabajadores que ejercieron su derecho al voto, los empresarios tendrían que acudir a un procedimiento de responsabilidad objetiva del Estado, lento en su resolución.

Sentencia polémica

Tales fuentes resaltaron el carácter polémico de la sentencia del Supremo, de la que fue ponente el magistrado Juan Ventura Fuentes Lojo, que viene a quebrar una jurisprudencia hasta ahora favorable al pago por las empresas de las horas dedicadas por los trabajadores para emitir el sufragio. La misma sala del Tribunal Supremo, en una sentencia de 6 de junio de 1986, rechazó el recurso de un grupo de empresarios que reclamaban al Estado más de 9.000 millones de pesetas por los daños causados por el voto de los trabajadores el 29 de octubre de 1982.Entre otros argumentos, la sentencia del Supremo, de la que fue ponente el magistrado José Garralda Valcárcel, declaró que "el derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución, como un derecho generador de deberes sociales que imponen la participación necesaria para expresar la conciencia social y la voluntad colectiva, (...) excede de la simple facultad, para poder incidir en el concepto de "un deber inexcusable de carácter público y, personal" a que se refiere el artículo 27.3,d, del Estatuto de los Trabajadores". En consecuencia, el Supremo consideró "no dañoso" el acto recurrido y desestimó el recurso, en línea con tres fallos anteriores, uno de 1981 y dos de 1982.

En todo caso, y ante la importancia de obtener una interpretación del máximo intérprete de la Constitución sobre una cuestión que afectará a las próximas convocatorias electorales, en las que podrían resultar discriminados los electores que dependan de un salario, el Defensor del Pueblo ha iniciado los trabajos preparatorios para la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. También está legitimado para presentarlo el fiscal general del Estado. Gil-Robles explicó a EL PAÍS: -Éste es un caso típico de actuación del Defensor del Pueblo, ya que puede quedar afectado el voto de un número considerable de ciudadanos, a quienes la Constitución reconoce el derecho al sufragio en condiciones de igualdad".

Esta posición es compartida, con mayor contundencia, por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Miguel Angel Aparicio, quien declaró a este periódico que en la reciente sentencia, ,.el Tribunal Supremo confunde deber constitucional y obligación civil". Para Aparicio, la participación de los ciudadanos en las elecciones "es un derecho / deber, que no se puede excusar y que no cabe confundir con una obligación civil". Este catedrático asegura que el Estatuto de los Trabajadores cuando prevé el derecho de los trabajadores a ausentarse del trabajo para votar "está contemplando el derecho / deber de participación política".

Derecho comparado

Tanto Aparicio como otros expertos señalan que los trabajadores europeos -y de forma expresa los franceses e italianos- tienen reconocido ese derecho, ahora anulado por la reciente sentencia del Supremo. Juan Montabes, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada, declaró, por su parte, que "tanto la sentencia como las interpretaciones interesadas que de ella se están realizando, podrían atentar gravemente a las bases teóricas de la participación política en el modelo de Estado social y democrático establecido en nuestra Constitución, que configura la participación electoral como un derecho fundamental".Para Montabes, la dispensa de jornada remunerada para votar, ahora anulada por el Supremo, "es en todo caso un medio de protección de la participación electoral claramente necesaria en algunos sectores del electorado, especialmente los trabajadores por cuenta ajena". Según este profesor, "resulta imprescindible una actuación de los poderes públicos que, al tiempo que clarifique jurídicamente la situación, garantice en los términos más favorables y en condiciones de plena igualdad, el ejercicio del derecho fundamental a la participación política".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 1990

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