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Corcuera asegura que la policía no fue utilizada por el poder político en el 'caso Naseiro'

El ministro del Interior, José Luis Corcuera, afirmó ayer en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso que hasta el 14 de abril de este año no tuvo conocimiento de que el caso Naseiro se refería a un presunto delito de cohecho. Corcuera agregó que se enteró cuando el juez Luis Manglano felicitó a los dos policías que investigaron el asunto por haber cumplido sus órdenes "con eficacia y discreción". El ministro salió así al paso de las acusaciones vertidas por el Partido Popular (PP) de que el Gobierno se vengó del caso Juan Guerra dirigiendo a la policía y al juez para destapar las irregularidades en la financiación del PP.

Corcuera rechazó que la Policía guardara las pruebas durante 15 días, que eligiera el momento de acudir al juzgado y que hubiera ocultado información al magistrado Manglano cuando se solicitó la intervención del teléfono del padre de Salvador Palop, concejal del PP. "Mi preocupación", resaltó el ministro, "es que las fuerzas de Policía se muevan en la neutralidad política y eviten cualquier actuación arbitraria y discriminatoria. Considero que los policías actuaron de forma correcta y profesional y de ninguna forma dirigida desde el poder político".Las actuaciones de la Brigada de Estupefacientes de Valencia, según los datos facilitados por el ministro, se iniciaron el 21 de mayo de 1989. En esa fecha cinco personas fueron detenidas por tráfico de hachís. A raíz de esa operación se realizó un segundo servicio que culminó el 13 de octubre de 1989 con varias detenciones por tráfico de cocaína.

Segunda operación

En esta segunda operación un ciudadano extranjero sospechoso quedó en libertad por falta de pruebas, aunque la operación continuó adelante. El 13 de noviembre de 1989 los policías pidieron la intervención del teléfono del extranjero, y el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia accedió a la petición. El 28 de noviembre, se solicitó al Juzgado de Instrucción número 14 la intervención del teléfono 351 36 18, correspondiente al padre de Palop, al que el ciudadano extranjero llamaba y que podía estar relacionado con el tráfico de cocaína que se investigaba.

El 28 de diciembre los policías acudieron al juez del número 14 para que se concediera la prórroga de las escuchas, pero éste juzgado, debido a la reforma judicial, se había transformado en Juzgado Penal número 4, por lo que no se accedió a la solicitud. Los policías solicitaron entonces la autorización de escuchas al juez de guardia, que era el número 2 de instrucción: Luis Manglano.

El 12 de diciembre, según el ministro, se produjeron las primeras conversaciones sospechosas y los policías hicieron una acotación calificándolas de "raras". Sin embargo, hasta el 19 de enero, en que se percataron que de las conversaciones podría deducirse un delito distinto del que originaron las escuchas no trasladaron las cintas al juez. Éste decidió que continuaran las grabaciones.

Jaime Ignacio del Burgo, en nombre del PP, señaló que su interés era esclarecer si hubo irregularidades en la obtención de pruebas, como que se hubiera investigado un delito de cohecho bajo el amparo de una investigación de un delito de narcotráfico.

Del Burgo afirmó que la policía no solicitó el 28 de diciembre una prórroga de escuchas sino que volvió a formular una petición igual a la anterior, como si tratase de un asunto nuevo, ocultando que ya había habido otras investigaciones y que el teléfono ya había sido pinchado con anterioridad.

El diputado precisó que tampoco comprendía por qué tras advertir la Policía la existencia de conversaciones "raras" no dieron cuenta de los hechos al juez de forma inmediata. Según Del Burgo, los policías eligieron al juez Manglano y le contaron que se trataba de un asunto de narcotráfico. Del Burgo se preguntó también por qué él fiscal estuvo ausente del proceso cuando tiene la misión de velar por el cumplimiento de la legalidad. "Este asunto ha provocado el linchamiento moral del PP", agregó Del Burgo, "por eso queremos saber si esa actuación irregular de los policías era conocida o no por sus superiores. Queremos saber si el Ministerio del Interior y el Gobierno tuvieron intervención en ese asunto".

Corcuera calificó de "retorcimiento" el que alguien pueda pensar que los funcionarios de Policía sólo están para transgredir las normas, elegir al juez con malas artes y después sorprenderle en su mala fe porque se tarda en aportar pruebas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 1990

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