Algo más que una sospecha

El próximo mes de julio se cumplirán dos años de prisión preventiva del subcomisario José Amedo y el inspector Michel Domínguez por su presunta vinculación con actividades de los GAL. El cumplimiento de este plazo posibilita una nueva petición de libertad por parte de su letrado. Contando con que el fiscal no se opondrá a la libertad de ambos funcionarios y que sólo lo harán las acusaciones privada y popular, la decisión quedará en manos de los jueces. En medios jurídicos se considera difícil que se conceda, aunque no imposible.

La eventual liberación se vería notablemente dificultada si Amedo y Domínguez son procesados de nuevo, antes del verano, por haber preparado y ordenado el atentado contra el bar del sur de Francia Mon Bar, en el que resultaron muertos cuatro etarras.Hasta ahora la actuación de los poderes del Estado en los procesos relacionados con actividades del GAL ha puesto de manifiesto estas actitudes: la reiterada negativa del Gobierno a facilitar datos sobre la utilización de fondos reservados del Ministerio del Interior, con los que se sospecha que se financiaban las luctuosas actividades de los GAL; la inmunidad diplomática concedida al empresario Francisco Paesa, procesado y en rebeldía en uno de los sumarios contra el subcomisario José Amedo, por un Gobierno bananero que debe a España el 15% de sus ingresos; la congelación de la entrega del mercenario francés Georges Mendaille, cuya extradición fue concedida en julio del año pasado y que desde septiembre sólo está pendiente del visto bueno del Consejo de Ministros, etcétera.

Mendaille es un reclutador de mercenarios utilizado por Amedo que llevaba largo tiempo viviendo en la Costa Brava. Cuatro hampones de Marsella realizaron varios atentados contra presuntos etarras por encargo suyo y le delataron cuando fueron detenidos. La Interpol interesó su detención, pero la policía española dijo ignorar su paradero.

Descubierto en Gerona por los periodistas Manuel Cerdán y Antonio Rubio, fue detenido finalmente. Los jueces franceses reclamaron su extradición y la Audiencia Nacional accedió en julio del pasado año. La entrega de Mendaille a las autoridades francesas, que depende del Consejo de Ministros, está de momento paralizada. Altos cargos de la Administración han confirmado que el Gobierno no tiene voluntad de entregar al merceriario. Si no es entregado, tendría que ser puesto en libertad.

Paesa, ex amante de Dewi Sukarno y amigo de Amedo, está procesado por haber presionado a Blanca Balsategui, ex amante de Michel Domínguez, para que desmintiera ante el juez las acusaciones realizadas por Inmaculada Gómez, ex amante de Amedo, de que los policías prepararon en su casa el artefacto explosivo que causó la muerte del joven Juan Carlos García Goena en el sur de Francia.

Paesa huyó al saber que le buscaba la justicia y se refugió en Ginebra como representante diplomático de Santo Tomé y Príncipe, minúsculo país africano de 120.000 habitantes, receptor ocasional de etarras a petición del Gobierno español.

Diplomático

Estas dos islas de África ecuatorial reciben anualmente alrededor de 400 millones de pesetas de ayuda, lo que supone alrededor del 15% de sus ingresos. Sus gobernantes han destacado que retirarán a Paesa la condición de diplomático en cuanto las autoridades españolas lo soliciten.El Ministerio de Asuntos Exteriores asegura que ha pedido explicaciones al Gobierno de Santo Tomé y Príncipe, aunque al parecer ningún departamento del Gobierno ha realizado gestiones para que se revoque la condición de diplomático de Paesa.

La Audiencia Nacional ha preguntado esta semana al Ministerio del Interior qué gestiones está llevando a cabo sobre la situación de Paesa. La investigación de los fondos reservados del Ministerio del Interior, con los que al menos se financió el viaje a Portugal de Amedo y Domínguez para reclutar a los mercenarios autores de los atentados contra los bares Batzoki y La Consolación originó ríos de tinta el pasado año.

El Gobierno puso obstáculos a las indagaciones de los jueces y se negó en rotundo a facilitar los datos pedidos sobre el uso de los fondos alegando que por su propia naturaleza eran secretos. De esta forma se hurtaba a la Justicia la posibilidad de profundizar en uno de los más turbios aspectos de la guerra sucia contra ETA.

A lo anterior hay que sumar la actitud del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eladio Escusol, que en febrero de 1989 apartó al fiscal encargado hasta entonces del caso Amedo, Ignacio Gordillo, por negarse a facilitar la libertad de los procesados. Escusol pretendía que Gordillo no se opusiera a la petición de libertad provisional formulada por el defensor de los agentes. Gordillo consideraba poco razonable acceder a la libertad de una persona procesada por un asesinato y otros seis frustrados. Los policías siguieron en la cárcel y Escusol pasó a hacerse cargo de la acusación pública en el proceso. Pero desde entonces, hace ya más de un año, el fiscal jefe se ha inhibido en las investigaciones relativas al caso y no ha solicitado ninguna prueba. Si el Gobierno y la fiscalía han demostrado su voluntad de que no se remuevan los trapos sucios de los GAL, los magistrados tampoco han destacado por su interés y celeridad. Dejando a salvo las pesquisas del juez Baltasar Garzón, auténtico motor de la investigación, los magistrados de la Audiencia Nacional han ido adoptando las resoluciones con la lentitud y falta de interés que provocan los casos espinosos de los que puede depender la propia carrera.

En estos momentos existe provisionalmente un tribunal, que sin duda será modificado antes del juicio, pero durante meses las abstenciones, nombramientos irregulares y, recusaciones de magistrados que debían formar parte del tribunal han demorado notablemente los procesos.