Tarragona y Huelva tendrán planes de emergencia para afrontar accidentes químicos

El ministro del Interior, José Luis Corcuera, y los consejeros de Gobernación de la Generalitat de Cataluña, Josep Gomis i Martí, y de la Junta de Andalucía, Manuel Gracia Navarro, firmaron ayer sendos convenios para llevar a cabo los planes de emergencia exterior del sector químico en los polígonos industriales de Tarragona y Huelva. Esos planes se implantarán este año y con posterioridad se realizarán simulacros de accidente en los que va a participar la población afectada para comprobar su eficacia.

La Dirección General de Protección Civil está supervisando la creación de planes similares para los polígonos industriales existentes en Vizcaya, Asturias, Cartagena, Puertollano y Pontevedra. La directora general de Protección Civil, Pilar Bravo, ha señalado que "estos dos planes van a tirar del resto, de forma que en unos dos años habrá planes de emergencia en los polígonos industriales más importantes del país". Estas medidas se enmarcan dentro del Real Decreto 886/88 del 15 de julio, que incorpora al derecho español la directiva 82/501 de la Comunidad Europea, también conocida como directiva Seveso.

El ministro del Interior, José Luis Corcuera, afirmó que con la firma de estos convenios se daba respuesta a muchas inquietudes de los ciudadanos, sobre todo a aquellos que viven junto a los polígonos industriales afectados. "Estos acuerdos cubren el 80% de este tipo de riesgos en el conjunto del Estado español. Los planes contribuirán a que desaparezcan las zozobras de los ciudadanos".

Polígonos afectados

El plan de emergencia de Tarragona, denominado PLASEQTA, abarca el polígono Norte, junto a la zona industrial del río Francolí, el polígono Sur, que se extiende entre Tarragona y el cabo Salou, y el polígono Flix. El plan de Huelva se llama PEQHU y afecta al polígono de la punta del Sebo, situado en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, a la central termoeléctrica Cristóbal Colón y al polígono de Nuevo Puerto, ubicado en el término municipal de Palos de la Frontera. La implantación inicial de estos planes costará en cada caso unos 500 millones de pesetas, según Pilar Bravo. Está prevista la actuación de cuatro grupos básicos: intervención, seguridad química, sanitario y logístico. Estos planes se apoyarán además en sistemas de comunicaciones e informáticos, sensores de medida de la toxicidad, megafonía y sistemas de medición meteorológica. Los consejeros de Gobernación de cada autonomía serán los responsables de poner en marcha estos planes en caso de accidente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 02 de marzo de 1990.

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