Todos los grupos del Congreso autorizan las acciones judiciales contra Alcalde

La comisión del Estatuto del Diputado acordó ayer por unanimidad informar favorablemente al pleno del Congreso para que prosiga sus actuaciones contra el procesado y electo de Herri Batasuna, Ángel Alcalde, "teniendo en cuenta los precedentes de otros casos abordados por esta mísma comisión y la reiterada jurísprudencia del Tribunal Supremo". El pleno del Congreso, en su sesión de hoy, dará previsiblemente luz verde al Tribunal Supremo para que levanta la inmunidad parlamentaría del electo de HB. A partir de ese momento es al Supremo a quien compete encarcelar o mantener en libertad provisional a Alcalde.

La comisión del Estatuto del Diputado, integrada por un representante de cada uno de los siete grupos parlamentarios representados en el Congreso, estudió ayer el informe enviado por el Supremo favorable al levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Ángel Alcalde, procesado por un delito de colaboración con banda armada, así como las alegaciones enviadas por escrito, dentro del plazo reglamentario, por el electo de HB.

El presidente de la comisión, el socialista Álvaro Cuesta, se negó a explicar, alegando el secreto de las sesiones, tanto los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo como las alegaciones del electo de HB. Cuesta se limitó a señalar que "la inmunidad parlamentaria debe ser interpretada en términos muy reducidos" para no originar discriminaciones con relación a la ciudadanía y que la decisión de la comisión "no prejuzga la cuestión de fondo y el principio de presunción de inocencia de Ángel Alcalde".

Iñigo Iruin, jurista y senador de Herri Batasuna, encargado de asesorar a Alcalde en la elaboración de sus alegaciones, manifestó a este diario que "la actuación de la comisión del Estatuto no es jurisdiccional sino que es un acto de voluntad política".

En las alegaciones presentadas Por Alcalde contra el suplicatorio se destaca, según Iruin, que "Alcalde disfruta de todos los derechos y prerrogativas que le corresponden como diputado" pues "hay que separar el hecho de que no haya cumplimentado el juramento del suplicatorio". Asimismo, las alegaciones señalan que "existe en la legislación una presunción favorable al parlamentario, al que sólo se aplica el suplicatorio en casos muy graves".

Como razones políticas de fondo, Iruin expresó que las alegaciones señalan que "Alcalde ha sido elegido diputado por la voluntad popular a sabiendas de que era un preso preventivo, por hechos presuntamente cometidos antes de resultar electo" y que "su detención está basada en una legislación especial". En las alegaciones favorables a Alcalde se apunta, asimismo, que "tanto la celeridad con que se ha presentado el suplicatorio como las declaraciones de la ministra portavoz, Rosa Conde, afirmando el rápido enjuiciamiento del procesado electo así como la intervención del fiscal general del Estado, Javier Moscoso, demuestran la interferencia política en la composición de la Cámara".

La decisión unánime de la comisión ha contado con una única reserva, exclusivamente formal, de Izquierda Unida. Esta coalición ha expresado en la Mesa del Congreso su acuerdo con la decisión de dar luz verde al suplicatorio al pleno del Congreso, pero, a la vez, su disconformidad con la reducción de plazos.

[Por otro lado, los tres senadores electos de HB disponen de dos meses para acatar la Constitución si no lo hacen en el pleno previsto para hoy, primero de esta legislatura, al que han sido convocados, informa Efe.]

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0011, 11 de diciembre de 1989.

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