Justicia, una maquinaria que no funciona

"Pedir una máquina de escribir para un juzgado o solicitar el dinero para pagar las dietas de un testigo son operaciones que pueden consumir meses e incluso años", se lamenta un magistrado de la periferia. Todos los sectores jurídicos consultados coinciden en que la inoperancia judicial tiene como centro nuclear la incapacidad de gestión del Ministerio de Justicia, que hace irónicamente verdadera la manifestación de su actual titular, Enrique Múgica, sobre la suficiencia presupuestaria en relación con la capacidad de gestión existente. Se han creado centenares de plazas judiciales, pero muchas de ellas, aún presupuestadas, siguen sin cubrirse.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español el pasado mes de julio por estimar "no razonable" una tardanza judicial superior a cinco años, considerada entre los juristas como habitual en nuestro país. Miles de presos preventivos aguardan durante años, hacinados en las cárceles -las celdas individuales llegan a estar ocupadas hasta por 10 reclusos-, a la espera de juicio.

Magistrados en su casa

Mientras tanto, los nuevos juzgados de lo penal creados por la ley de Planta y Demarcación, de 1988, no empezarán a funcionar hasta diciembre próximo. Hace unas semanas se crearon en la Audiencia Provincial de Madrid las Secciones Penales 15, 16 y 17 -integradas cada una por tres magistrados-, pero estos tribunales no han entrado todavía en funcionamiento y los magistrados permanecen en sus casas, en donde también llevan más de un año tres jueces de distrito de Madrid. Mientras tanto, los sumarios se apilan y más de 2.000 presos preventivos cumplen en la cárcel de Carabanchel una inexistente condena.

Las Administraciones Públicas se resisten a cumplir las resoluciones judiciales y el propio Tribunal Constitucional ha tenido que exigir repetidamente a los jueces que ejecuten los fallos que ellos mismos dictan. Los escasos ordenadores instalados para modernizar la oficina judicial carecen de la memoria informática suficiente y no se encuentran interconectados adecuadamente. "Sirven para colocar encima sumarios pendientes", afirma un juez de instrucción de Madrid.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano teórico de autogobierno de la justicia, carece de competencias sobre secretarios y personal auxiliar de la oficina judicial, comparte la selección de los jueces con el Ejecutivo -al que compete nombrar al director del Centro de Estudios Judiciales- y no puede regular la función judicial ni hacer propuestas legislativas.

Sueldos sin trabajo

En esta situación, las exiguas competencias sobre inspección de tribunales, nombramientos, ascensos y régimen disciplinario no justifican suficientemente los sueldos de cerca de 500.000 pesetas mensuales netas que perciben los 20 consejeros del poder judicial, muchos de los cuales aparecen poco por el Consejo.

Carente de competencias sobre el presupuesto para la Administración de Justicia, el órgano de gobierno del poder judicial dirige anualmente al Ministerio de Justicia una relación de las "necesidades más urgentes", en la que suele reproducir las del año anterior, por no haber sido satisfechas. Por lo demás, el Consejo tiene una presencia más protocolaria que eficaz en la Administración de Justicia. Por ejemplo, los recientemente creados Tribunales Superiores de Justicia padecen carencias organizativas, pero el Consejo se ha esfozado en publicar un libro, primorosamente editado, en el que figuran los discursos inaugurales de sus presidentes y los respectivos consejeros.

Ante la grave situación del servicio público judicial, el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, ha realizado por primera vez un estudio -que figura en la Memoria elevada al Gobierno el 15 de septiembre último- en el que se recoge un catálogo sobre los derechos del usuario de la justicia. El documento incluye la responsabilidad del Estado por mal funcionamiento o retraso judicial, reprocha que el servicio público judicial se presente ante el ciudadano "tras un halo esotérico encubridor, en ocasiones, de la ineficacia del aparato organizativo judicial" y estima exigible una "suficiente preparación técnica de los juzgadores y que sean asequibles, transparentes e informativos", así como la responsabilidad penal o civil de jueces, fiscales, abogados, procuradores y funcionario colaborador.

Las formaciones políticas que concurren a las elecciones del 29 de octubre proponen algunas soluciones en sus programas. El CDS concede prioridad presupuestarla para la justicia y proyecta un programa de urgencia para arbitrar los medios materiales y personales que permitan descongestionar los juzgados y tribunales, así como la creación de la figura del juez auxiliar -hasta un máximo de 1.000 plazas-, para ayudar a preparar las resoluciones y sin capacidad de sentenciar. Asimismo, el CDS y el PP proponen devolver al CGPJ las competencias que inicialmente tenía. Otra iniciativa del CDS es configurar "una verdadera policía judicial", con adscripción efectiva de sus miembros e intervención del CGPJ en la designación de sus mandos orgánicos.

Multas por no ejecución

El CDS concede también prioridad a las reformas procesales y propone reforzar las garantías de ejecución de las resoluciones judiciales mediante un sistema de multas coercitivas "de fuerte cuantía", que podría imponer el propio juez de la ejecución. En caso de que los responsables sean funcionarios o políticos, el juez podrá decretar suspensión de empleo y sueldo o inhabilitación provisional para ejercer cargos públicos.

El PSOE promete elevar el número de órganos judiciales "para conseguir una rápida solución de los asuntos", así como perfeccionar la selección del personal y adecuar, reformar, mecanizar y modernizar las oficinas judiciales. En esa línea incluye la reforma procesal y la nueva regulación de la justicia gratuita.

El PP coincide con el PSOE en la prioridad que ambos partidos conceden a la protección de las víctimas del delito y en la propuesta de un nuevo Código Penal. Ya en 1983, el entonces ministro de Justicia, Fernando Ledesma, editó un anteproyecto que duerme desde entonces en los cajones del departamento. El PP propone la creación de cárceles para 400 reclusos en celdas individuales y con un funcionario por cada 40 internos. Propugna la vuelta al sistema de elección de 12 vocales del CGPJ entre los propios jueces y magistrados y que la jubilación a los 65 años sea voluntaria y prorrogable has ta los 75. Propone el abandono definitivo de la carrera judicial de quienes participen en procesos electorales parlamentarios u ocupen cargos en la Administración. El programa electoral del PP cree "imprescindible" una reorganización de la oficina judicial, la renovación de sus métodos y material, la introducción de sistemas informáticos y de gra bación electrónica, la potenciación del secretario judicial, la asistencia de los tribunales me diante una gerencia responsable de los aspectos materiales y económicos y la reforma procesal civil, penal, laboral y contencioso-administrativa.

Izquierda Unida propone el reforzamiento judicial del respeto a los derechos humanos, en especial del detenido, una nueva ley de Extranjería, modificar la de asilo y aumentar las penas para la tortura.

Incluye soluciones para los afectados por el síndrome tóxico, en forma de fondos especiales para hacer frente al pago íntegro de las indemnizaciones fijadas en la sentencia.