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Jueces instructores de Madrid dejan su puesto por considerarlo "devaluado"

Nueve de los 38 titulares de juzgados de instrucción madrileños cesaron el pasado jueves en esos puestos. Varios de ellos atribuyen su salida a considerar "devaluado" el papel del juez instructor con las nuevas reformas, que entienden les limitan a juzgar faltas y atribuyen la investigación al fiscal. Su traslado a la Audiencia Provincial, donde su salario base -sin guardias- se incrementará en unas 40.000 pesetas, producirá un parón de dos meses en estos juzgados y obligará a que algunos magistrados asuman tres de ellos y sus correspondientes guardias, según fuentes del decanato.

La Junta de Jueces de Madrid ha mostrado su "preocupación" en una nota al Consejo General del Poder Judicial por el hecho de que están actualmente titular diez de los 38 juzgados de instrucción penal de Madrid, de ellos nueve por traslado a la Audiencia Provincial y la décima por la excedencia de Luis Lerga.Entre los magistrados que saltan a la Audiencia figuran Perfecto Andrés Ibáñez, portavoz de Jueces para la Democracia y que presentó recurso de inconstitucionalidad contra el fuero policial; José María Vázquez Honrubia, que investigó el espionaje a partidos políticos y a la secta Iglesia de la Cienciología; y Jesús Fernández Entralgo, cuyo recurso acarreó la sentencia que declaró inconstitucional que un mismo juez investigue y juzgue un caso, aunque no es de los que cree devaluada esta labor judicial

A raíz de esa sentencia se reformaron las leyes orgánicas del Enjuiciamiento Criminal y del Poder Judicial que han entrañado lo que estos jueces entienden como una devaluación de su papel. "Los jueces de instrucción se limitarán a juicios intrascendentes de faltas, y, en gran parte, la investigación quedará en manos de los fiscales", explica uno de estos magistrados. "En el mejor de los casos se alternará la investigación de grandes asuntos como crímenes o narcotráfico con el enjuiciamiento de riñas de vecinos", señala otro.

Fuentes del decanato estiman que la cobertura de estas plazas que han quedado vacantes -nueve por traslado y la décima, por la excedencia de Luis Lerga-, podría demorarse de uno a dos meses, y se agrava este mes por las vacaciones de algunos jueces.

Estas fuentes señalan que se ha censurado al Poder Judicial, al que han urgido a la cobertura de estas plazas, la imprevisión de que los nueve magistrados trasladados a la Audiencia Provincial han dejado sus juzgados cuando aún carecen de trabajo y medios en sus nuevos destinos. Uno de los cesantes admite que ahora cobrarán unas 360.000 pesetas, 10.000 más de lo que ahora ganaban con guardias.

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