La Europa policial
CUANDO EN la Europa comunitaria se endurecen las leyes de inmigración, se arbitran métodos de urgencia absoluta para la expulsión de extranjeros indeseables y la angustia de los Gobiernos por la seguridad induce a intensificar el control informático policial sobre los ciudadanos, la creación del llamado espacio judicial europeo -tarea a la que han dedicado sus esfuerzos recientemente en San Sebastián los ministros de Justicia de los países de la Comunidad Europea- es, en principio, tranquilizadora. Al menos la expresión lo es en cuanto que implica, o debería implicar, la paulatina aceptación por parte de los Estados comunitarios de un efectivo poder judicial con capacidad de tutelar los derechos básicos de los ciudadanos de la Europa unida y de someter al control de legalidad cuantos intercambios y decisiones de ayuda mutua adopten los Gobiernos en las tareas de represión del delito. Pero no está claro que el concepto de espaciojudicial europeo que alberga en sus mentes la mayoría de los actuales gobernantes vaya a significar un reforzamiento de la comunidad de derecho en el ámbito de la CE. Por el momento, la política común de los doce tanto sobre los extranjeros (frontera exterior frente a la emigración del Tercer Mundo) como sobre los ciudadanos europeos (supresión de las fronteras ínteriores) tiene una evidente conformación policial, en la que los valores de orden y seguridad priman con creces sobre cualquier otro. Véase, si no, en España la pugna mantenida entre los ministerios de Exteriores e Interior respecto de la unilateral decisión de este último sobre la entrada de ciudadanos latinoamericanos. A este tipo de inquietud obedece también el acuerdo de Schengen, firmado en 1985 por cinco países comunitarios -Francia, RFA, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y al que España pretende incorporarse a finales de este año-, con la intención de estarpreparados para cuando en enero de 1993 caigan las fronteras interiores. Mientras esto ocurre es absolutamente anodino el papel que se reserva a los jueces en el control de las relaciones estatales intracomunitarias en la lucha contra la delincuencia y en cuestiones de seguridad, hasta el punto de que en este terreno la unidad europea es un impreciso deseo apenas concretado en algunas medidas de ayuda mutua judicial.
Pero en el terreno del derecho penal, y sobre todo en el del impulso de una instancia judicial europea tuteladora de los derechos individuales de los ciudadanos, apenas se ha dado paso alguno. A las dificultades objetivas -por ejemplo, los problemas de armonización punitiva de los delitos- se añade la reticencia de los Gobiernos a perder competencias en cuestiones tan esenciales como la seguridad ciudadana y el orden público, y sobre todo a someter al control judicial las relaciones mutuas que desarrollan en este campo. Porque ¿hasta qué punto los Gobiernos comunitarios están dispuestos a propiciar un espaciojudicial europeo que contemple, por ejemplo, la investigación y castigo de delitos como los perpetrados por los GAL?
Por el contrario, el correlativo espacio policial ha adquirido in stitucion alm ente y en la práctica un desarrollo específico en el seno de la CE a través de la constitución y del funcionamiento autónomo del llamado Grupo de Trevi, formado por los ministros comunitarios de Interior y Policía. Desde esta perspectiva es preocupante que se produzca a nivel comunitario lo que ya viene ocurriendo en el interior de muchos Estados miembros: la inquietante presencia de un aparato policial cada vez más poderoso y profundamente alérgico al control de la ley y del derecho.
