La Corte de Justicia de la CE decidirá sobre los armadores españoles en el Reino Unido

La Cámara de los Lores del Reino Unido, que estudia el recurso planteado por los armadores españoles en defensa del funcionamiento de los 95 barcos pesqueros de las empresas conjuntas en aquel país, retira el caso a la Corte de Justicia de la Comunidad para estas instancias donde se adopte una postura definitiva.

Esta salida no es del agrado de los armadores españoles, que con esta medida temen que sus barcos permanezcan bloqueados en puerto durante más de un año.Para antes de finales de e mes se espera que el máximo organismo de apelación del Reino Unido haga público su veredicto sobre el problema planteado entre los armadores españoles y Gobierno de Londres por la aplicación de la Merchant Shipi Act. Sin embargo, según medidas del sector, se da como segura su sentencia por la que los tribunales británicos se lavan las manos y que supone dejar el problema sin resolver hasta que decida Corte de Luxemburgo. Para los armadores, esto supondría muerte de las empresas al no poder permanecer con el bar amarrado por tanto tiempo.

A la vista de esta probable sentencia, los armadores españoles confían solamente en una puesta por parte del colegio comisarios de la CE. La comisión puede acelerar el procede abierto hace varios meses con las autoridades británicas y llevar el caso por el procedimiento de urgencia al Tribunal de Luxemburgo. De acuerdo con Tratado de Roma, la Corte Suprema de la Comunidad podrá decidir dejar en suspenso la aplicación de la normativa del Reino Unido y que volvieran a faenar los barcos hasta que no se dictase un fallo definitivo.

El clima entre los armadores españoles es de malestar, aunque hubiera sentencia favorable desde la Comunidad Europea.

De los 95 barcos inscritos como empresas conjuntas se ha producido la venta de unas ocho unidades, cuando las condiciones militares lo permitían. A pesar ello, las autoridades británicas han negado hasta la fecha a registrar también esos barcos hasta no poder confirmar si los nuevos propietarios son ciudadanos británicos "cualificados", comienza la ley en vigor.

El amarre de la flota de empresas conjuntas en el Reino Unido, ha supuesto un incremento en los últimos meses de precios de algunas especies pescado fresco en los mercados españoles.