El fraude inmobiliario
Las investigaciones de McMillan-Scott han conducido a un proyecto de informe que revela la existencia en el mercado inmobiliario de transacciones transfronterizas de prácticas fraudulentas de las que por lo general son víctimas los extranjeros que adquieren segundas residencias en las diversas zonas costeras de la Península.La constatación de esta picaresca con ribetes delictivos no puede por menos de preocuparnos, y ello aunque en la mayoría de los casos, según refleja el informe McMillan-Scott, los pícaros son precisamente de nacionalidad extranjera.
La habitualidad de estas conductas y la aparente impunidad en la que se desarrollan tienen diversas causas.
Prescindiendo de las en ocasiones discutibles afirmaciones que en el mencionado informe se contienen, hay hechos, sin embargo, incontestables. La insuficiente respuesta de las estructuras judiciales, con las consabidas demoras y dilaciones en la tramitación de los procesos, constituyen factores de crucial importancia. Al mismo tiempo, la falta de acción operativa de las autoridades responsables en la persecución de estas actuaciones presuntamente delictivas viene a conformar una maraña que llega a resultar verdaderamente difícil de desentrañar.
La eficacia del propio sistema registral se pone en tela de juicio, como también el contenido en muchos casos de la profesión notarial. Pero existen causas también de singular importancia que afectan no ya a la comercialización del parque inmobiliario sino a la calidad de su construcción, a las garantías que, como bienes de uso duradero, son exigibles por adquirentes y usuarios.
La necesidad de una normativa actual coherente con la realidad profesional, tecnológica y social que regule y ordene la edificación se hace, pues, cada vez más perentoria.
El salto a la modernidad que de forma acelerada se está dando en nuestro país en estos últimos años provoca en casi todos los sectores -y también en el inmobiliario- que se rompan las costuras de unas estructuras inadecuadas e insuficientes. Lo mismo que ocurre con la red vial o ferroviaria o en las telecomunicaciones sucede también con la construcción.
A título de referencia, las responsabilidades en la edificación se regulan por normas que han cumplido el siglo. Si ello sirve para poner de relieve la gran talla de los juristas que redactaron el Código Civil que tan larga vigencia ha tenido, no es menos cierto que estas normas resultan hoy totalmente inadecuadas.
La institución del Defensor del Pueblo, que ha colaborado activamente con el parlamentario McMillan-Scott en su tarea investigadora sobre el fraude, recomienda al presidente del Gobierno la necesidad de que el Parlamento apruebe la ley de Ordenación de la Edificación.
Existe un compromiso legislativo que debió haberse cumplido en el plazo de un año a partir de promulgarse la Ley 12/1986, que reguló las atribuciones profesionales de los arquitectos técnicos y los ingenieros técnicos.
Atribuciones profesionales
Ahora hace tres años que esta última ley apareció en el Boletín Oficial del Estado, y todavía no ha tenido entrada en el Parlamento el proyecto de ley de Ordenación de la Edificación. Bien es cierto que tampoco se ha presentado a las Cámaras otro proyecto de ley, igualmente importante y que guarda estrecha relación con lo que estamos tratando, como es la que habrá de regular las atribuciones profesionales de los técnicos universitarios de segundo ciclo, también comprometida en el texto legal que más arriba se ha citado.La dispersión e insuficiencia de las normas que hoy rigen, malamente, el sector inmobiliario requieren del Gobierno que de modo decidido y urgente aborde su ordenación, con criterios proyectados hacia el año 2000 y la plena virtualidad del Acta Única Europea, conectando todo ello con la reforma en marcha de los planes de estudios universitarios, en un proceso armónico de lógica política.
Se dice por algunos que la ordenación de este sector supondrá gastos añadidos para la construcción. El seguro obligatorio que será su secuela y la garantía plena de los usuarios tiene, evidentemente, un precio. Pero precisamente estamos en el momento idóneo para afrontar esta transformación.
La construcción atraviesa en estos momentos un momento de auge económico. Muestra de ello es que el nivel de paro es hoy prácticamente inexistente entre el personal de oficio cualificado en este sector.
La actividad inmobiliaria re presenta porcentualmente en la actualidad el más importante segmento de actuación económica en nuestro país. Si a todas esas circunstancias coyuntura les, que naturalmente hay que aprovechar, se une el que est próxima a concluir la presente legislatura, se aprecia que hay razones no sólo de oportunida, sino también de coherencia política, que aconsejan que el mismo Parlamento que se comprometido en su día a promulgar la ley d Ordenación de la Edificación lleve realmente a buen término tal compromiso.
No más demoras
A riesgo de que se diga que arrimo el ascua a mi sardina, o por lo menos a la del colectivo de aparejadores y arquitectos técnico he de recordar que en el congreso que celebramos en el año 197 una conclusión unánime que e el mismo se alcanzó fue la de que se ordenara mediante una ley el sector de la edificación. Petición que se trasladó a las más alta instancias del Estado y que todavía hoy, cuando ha pasado más de una década, sigue sin materializarse.La situación no admite más demoras. Realmente, ahora es el momento.
José Antonio Otero Cerezo es presiden te del Consejo General de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
