La justicia militar chilena incautará el archivo médico de la Vicaría de la Solidaridad

Un fallo de la Corte Suprema respaldó a la justicia militar para entrar en las oficinas de la Vicaría de la Solidaridad a incautar el historial de atención médica a heridos de bala, atendidos en una pequeña clínica que funciona dentro de este organismo de la Iglesia católica. La incautación, que al parecer será practicada por la fiscalía militar el próximo lunes, es considerada como un allanamiento y ha crispado las relaciones entre el régimen del general Augusto Pinochet y la Iglesia católica. La vicaría ha anunciado que no entregará las fichas médicas para defender el secreto profesional, mientras los obispos, el nuncio, la oposición y los embajadores de Gobiernos europeos han manifestado su apoyo a esta institución defensora de los derechos humanos.El obispo Sergio Valech, vicario de la Solidaridad, ha declarado estar dispuesto a ir a la cárcel para defender el principio del secreto profesional. "El vicario no resistirá por la fuerza, pero se negará a dar la información. Ellos tendrán que pasar y descerrajar los cajones. Si la medida se consuma en estos términos, el efecto será negativo para el Gobierno por el inédito atropello. Si se van después de que el vicario les diga no, el paso siguiente sería procesar al obispo en la justicia militar por desacato", dijo a EL PAíS el jefe del departamento jurídico de la Vicaria, Alejandro González.

La incautación tendrá que ser hecha por un fiscal militar y no por la policía, según estableció el fallo de la Corte Suprema -que rechazó por 12 votos contra cuatro un recurso de la vicaría.- Por estimar que no tiene sentido seguir la batalla en los tribunales después de una votación tan desfavorable y ante una Corte Suprema constantemente criticada por su falta de independencia, la vicaría no apelará.

Intenso acoso

El acoso del régimen contra la Vicaría de la Solidaridad no es nuevo, pero nunca había sido tan intenso. Aunque Pinochet ha acusado a la institución de proteger a extremistas, y su esposa, Lucía Hiriart, la ha calificado de 11 canallesca institución", hasta el 28 de abril de 1986 el régimen no tuvo una oportunidad de involucrar a la vicaría en un proceso. Ese día, en un ataque guerrillero a una panadería murió un carabinero y uno de los asaltantes huyó herido de bala. Fue a la vicaría, donde dijo que había sido herido en otro incidente. El médico Ramiro Olivares lo examinó y envió a una clínica, y el abogado Gustavo Villalobos lo interrogó.

La justicia militar detuvo a ambos funcionarios de la vicaría, acusados por ley antiterrorista. Olivares estuvo un año y medio en la cárcel, y Villalobos, cuatro meses. El fiscal Fernando Torres -que investiga también el frustrado atentado contra Pinochet- pidió después informes sobre las cuentas bancarias de la vicaría, envió inspectores de impuestos internos para examinar su balance, mandó fiscalizadores de las leyes laborales, demandó informes sobre los pagos provisionales de los funcionarios de la vicaría desde 1981, obtuvo nóminas de la plantilla. Finalmente requirió el historial médico de todos los heridos de bala, aunque no tengan relación con el carabinero muerto en 1986, presumiendo que son terroristas.

"La justicia militar intenta en verdad un operativo de inteligencia sobre la vicaría y quebrantar la contabilidad de las personas que vienen aquí en busca de ayuda", sostuvo el abogado González. La pequeña clínica, que en sus comienzos se dedicó a los problemas psicológicos de los torturados y los familiares de detenidos-desaparecidos, amplió su atención a los heridos durante la represión a las protestas. En los días más conflictivos era corriente ver decenas de personas heridas por la policía reposando en colchonetas en los pasillos mientras esperaban turno.