El Ejecutivo vasco ultima un proyecto para pagar un sueldo mensual a familias sin recursos económicos
El Gobierno vasco entregará a las familias que no tengan ningún tipo de recursos un subsidio mensual situado en torno a las 35.000 pesetas, según el borrador de un plan contra la pobreza que en la actualidad se encuentra en fase de negociación con las tres diputaciones forales de la comunidad autónoma. Los requisitos para lograr la asignación de esta ayuda, que incluirían la exigencia de un determinado período de residencia en la comunidad vasca, pueden crear problemas constitucionales al proyecto, según estiman servicios jurídicos del Ejecutivo autónomo.
Un portavoz de la Consejería de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco, autora del borrador, ha declarado que el subsidio se concedería a las familias sin ingresos "siempre y cuando cumplan determinados requisitos". El portavoz no quiso precisar el tipo de condiciones que deberán reunir los candidatos a la percepción del salario social, pero admitió la posibilidad del conflicto legal. "Efectivamente, al imponer ciertas limitaciones", dijo, "siempre habrá quienes se consideren perjudicados, y algunos podrían iniciar recursos o acciones legales".La principal restricción estudiada hasta el momento es la obligación de residir en el territorio de la comunidad autónoma vasca con una cierta antelación a la solicitud del subsidio. El plazo se fijará probablemente en un mínimo de dos años. Este criterio, según fuentes del Gobierno autónomo, pretende evitar el traslado real o ficticio de familias indigentes, atraídas por las ayudas públicas, desde comunidades limítrofes.
La exigencia de un plazo de residencia previo, sin embargo, podría ser considerada discriminatoria y contraria a la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Una interpretación extrema de este principio constitucional podría llevar también, según admiten medios jurídicos de la Administración vasca, a impugnar la norma que dé soporte al conjunto del plan, siempre que ésta genere una obligación económica de la Administración frente a los posibles beneficiarios.
El reconocimiento mediante una norma legal o una decisión administrativa de esta obligación, y del consiguiente derecho del ciudadano afectado, podría entenderse que implica diferencia de derechos económicos y objetivos entre los residentes en distintas comunidades autónomas. El artículo 138 de la Constitución especifica en su apartado segundo: "Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".
El artículo siguiente establece en su apartado primero: "Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado". En el apartado segundo, el mismo artículo 139 de la Carta Magna prohíbe a las autoridades "adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español".
El Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional algunas normas que considera discriminatorias en beneficio de los ciudadanos del País Vasco, pero no otras. Entre las recurridas se encuentran las normas forales que regulan incentivos fiscales a la inversión. Sin embargo, no han generado recurso la concesión a jubilados de pensiones no contributivas superiores a las del resto de España ni el establecimiento de un módulo de financiación pública para centros escolares privados de cuantía superior a la fijada por los Presupuestos Generales del Estado.
El proyecto de subsidio debe ser concertado con las diputaciones forales al disponer éstas de competencias en materia de asistencia social. El consejero de Trabajo vasco, el peneuvista José Ignacio Arrieta, ha mantenido varias reuniones con los diputados de Bienestar Social de Álava, Jesús Loza; Guipúzcoa, Xabier Garayalde, y Vizcaya, Ana Ariz. El primero y el tercero son socialistas, y Garayalde pertenece a Euskadiko Ezkerra.
Los cuatro se reunirán de nuevo el lunes para ultimar un acuerdo que permita poner en marcha la iniciativa. El Gobierno autónomo ha presupuestado 5.070 millones de pesetas para el año próximo con destino al plan contra la pobreza, y espera que las diputaciones contribuyan con una cifra inferior. Un fondo de 2.700 millones, destinado a cubrir el salario social, permitiría asignar el subsidio de 35.000 pesetas a más de 6.000 familias en condiciones de carencia extrema.
Además de las ayudas directas se pretende crear medio centenar de centros urbanos y comarcales de atención y asistencia específica a personas indigentes. En la comunidad autónoma vasca existen, según un estudio realizado en 1987 por el departamento de Trabajo, 29.100 hogares en situación de pobreza absoluta (el 4,9% del total) y 158.600 en situación de pobreza relativa (el 26,7%).
