Este país, según el Gobierno
LA RECIENTE conferencia de prensa del ministro de Economía ha servido para poner en evidencia el buen año por que atravesó la economía española en 1987. El crecimiento registrado fue de casi el 5%, en términos reales, la inflación se redujo incluso más de lo previsto inicialmente por el Gobierno, y el empleo aumentó sustancialmente. Cada uno de estos aspectos de la actividad tiene, sin embargo, sus zonas oscuras: el crecimiento de la economía se verá pronto afectado por el desequilibrio exterior, más importante que el inicialmente previsto. A comienzos de 1987 se pensaba en un excedente de la balanza por cuenta corriente del orden de 2.000 o 3.000 millones de dólares, pero al final el excedente será sólo de unos 500 millones de dólares. La razón se encuentra en el rápido crecimiento de las importaciones de bienes y servicios, que han progresado a una tasa del orden del 20% en términos reales y que han provocado que el déficit comercial casi se duplique a pesar del aceptable comportamiento de las exportaciones.No sería justo reprochar a la política económica la desaparición del excedente en la balanza por cuenta corriente, ya que es absurdo que un país como España, que cuenta con la tasa de paro más elevada de los países industrializados, exporte su ahorro a otras naciones con menos paro y mayor nivel de vida. El Problema que se plantea es el de averiguar si el ritmo de deterioro de nuestros intercambios de mercancías con el exterior es o no sostenible, y, si no lo es, cuáles son las medidas que el Gobierno está dispuesto a tomar para enderezar la situación, y que, en principio, deberían situarse en la esfera de la política cambiaria.
En cuanto a la inflación, el análisis del Ejecutivo asigna un peso importante en el éxito obtenido en 1987 a la evolución de los precios agrícolas y a la moderación de los precios de los productos importados expresados en pesetas. Pero las consecuencias de este análisis no pueden ser optimistas en lo que se refiere al presente año: el resultado final dependerá de las negociaciones salariales en curso, sin que sea previsible contar con los factores excepcionales de 1987.
La estimación de que el aumento de la ocupación en 1987 fue del orden de unos 330.000 puestos de trabajo netos creados es bastante convincente. Para este año, la reducción de la tasa de crecimiento debería ocasionar una creación de empleo menor; pero aquí se sitúa una de las disyuntivas evocadas por el ministro, quien expresó su preferencia por un menor aumento de los salarios reales y un mayor crecimiento del empleo.
En cuanto al déficit público, la liquidación provisional presentada muestra una disminución del déficit del Estado mayor que la proyectada inicialmente, pero esta reducción se debe fundamentalmente al aumento de los ingresos fiscales, ya que los gastos crecieron también mucho más de lo presupuestado. La liquidación final del presupuesto del Estado no guarda relación alguna con el presupuesto que aprobaron las Cortes hace ahora algo más de un año. Ello plantea un problema político importante, ya que una de las competencias esenciales de los Parlamentos consiste, precisamente, en la aprobación de los presupuestos nacionales. El que éstos se cumplan en su letra y en su espíritu debiera ser una de las preocupaciones constantes del poder ejecutivo, algo que, a la vista de las liquidaciones anuales, brilla por su ausencia. Se trata, probablemente, de uno de los aspectos más importantes, y hasta ahora más discutibles, de la política económica. La relativa bonanza de las cifras de 1987 debería proporcionar el margen de sosiego necesario para discutir esta cuestión fundamental; el Parlamento debe recuperar, en los hechos y no en los discursos conmemorativos, una de sus prerrogativas fundamentales.
