Policías de paisano increpan a los representantes del Gobierno en el entierro de los dos agentes asesinados
JOSÉ M. VITORIAUn nutrido grupo de policías de paisano y sus familiares increparon ayer con dureza a las autoridades asistentes al funeral de los dos agentes asesinados en atentado terrorista en Vitoria el pasado jueves. Policías uniformados y dirigentes sindicales impidieron que los agentes, que reclamaban traslados, entre otras reivindicaciones, se acercaran a los representantes de la Administración, entre los que se encontraban el vicepresidente del Gobierno vasco, Ramón Jáuregui; el director generfal de la Policía, José María Rodríguez Colorado, y el subsecretario de Interior, José Luis Martín Palacín. El Ayuntamiento de Vitoria ha convocado para hoy una concentración silenciosa contra el atentado.
Los incidentes se produjeron a la salida de los féretros del Gobierno Civil de Álava, donde permanecieron expuestos los cadáveres durante dos horas, y al finalizar el acto fúnebre. Mientras las autoridades aguardaban al pie de la escalinata que conduce a la iglesia de San Miguel a que uno de los féretros fuera introducido en un furgón y a que sonara un himno interpretado por la Banda de Música de la Guardia Civil, numerosos policías y algunos de sus familiares increparon a los representantes de la Administración.Policías de uniforme y dirigentes sindicales formaron un cordón en la escalinata para evitar incidentes. Hubo insultos, numerosos forcejeos y gritos contra los políticos asistente al acto. Cuando el furgón fúnebre ya había partido, las autoridades habían abandona do el lugar y los asistentes, en su mayor parte policías, se dirigían a las inmediaciones del Gobierno Civil, fue increpado un mando de la Ertzaintza (policía autonómica vasca). Un representante del Sindicato Unificado de Policía (SUP) se entrevistó después con un mando policial.
Reivindicaciones
Tras la entrevista, un portavoz sindical señaló que las reivindicaciones de los agentes son el traslado sin trabas a otro punto de destino fuera del País Vasco y que, en caso de que la Administración desoiga sus peticiones, pueden endurecer su postura con manifestaciones, en cierros y huelgas de celo a partir del próximo mes de octubre. Otras reivindicaciones son la mejora del complemento económico de zona especial, que los servicios no policiales a realizar en los cuarteles sean realizados por personal civil y que no se retire el arma a los policías sancionados, mientras que el juez no lo decida. Los policías denuncian además la actitud "no dialogante" del actual delegado gubernativo en el País Vasco, Julen Elgorriaga, la "dedocracia" a la hora de designar destinos, la falta de higiene en instalaciones, y que los vehículos policiales no pasan las ínspecciones técnicas. Los agentes piden además el cese de algunos mandos policiales.
El funeral se realizó con tan sólo uno de los cadáveres, el que contenía los restos mortales del policía Antonio Ligero Hec. El cadáver del otro policía asesinado, Rafael Mufientes Sánz, testigo de Jehová, había partido hacia Logroño minutos antes de comenzar el funeral, donde fue posteriormente enterrado. Rafael Mucientes llevaba cerca de un año preparándose para ser testigo de Jehová. A la inhumación del cadáver, asistió el jefe superior de Policía de Pamplona, Antonio Pascual Asín, informa Mabel Alberola.
Un intento de protesta policial contra la Administración, que según reivindicaciones policiales hace oídos sordos a la petición de traslados sin trabas a otras zonas del Estado de funcionarios destinados en Euskadi, ya se produjo en Vitoría con motivo del funeral por dos guardias civiles asesinados; en Oñati (Guípúzcoa) el pasado 14 de julio. En aquella ocasión, el acto fue presidido por el ministro del Interior, José Barrionuevo. El SUP convocó en julio la concentración pacífica de policías y familiares ante el Gobierno civil de Álava. Unas 250 personas pidieron entences que los traslados no fueran de libre designación y subrayaron que muchos funcionarios llevan destinados en el País Vasco más de seis años.
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