El 'IRANGATE' será investigado en la misma sala de las audiencias del Watergate

FRANCISCO G. BASTERRA, Reagan, el principal protagonista de este espectacular juicio político, no se sentará en el banco de los testigos. El domingo, en un discurso pronunciado en Nueva York, manifestó que no se arrepiente de la ayuda a los contras, que piensa continuar solicitando al Congreso, aunque matizó que ya no persigue "que se rindan" los sandinistas, sino que haya elecciones democráticas en Nicaragua. Estados Unidos continuará la política de presión militar y Reagan únicamente ha cambiado un ápice el tono, consciente de que necesita la ayuda del Congreso.

La televisión, sólo una cadena por cable, la CNN, ofrecerá en directo todas las audiencias del Irangate, a un país escéptico y cansado de una historia larga y dificil de seguir. El 50% de los norteamericanos cree, según el último sondeo, que la investigación, que se prolongará hasta el mes de agosto, sólo servirá para prolongar el escándalo Irangate sin aportar nada que ya no se sepa. Aunque se cree muy improbable un impeachment o procesamiento parlamentario del presidente como consecuencia de la investigación, un 62% de la población piensa que Ronald Reagan no ha dicho toda la verdad y sabe más de lo que cuenta.

El dinero para la 'contra'

El presidente del comité investigador del Senado, Daniel Inouye, de Hawai, ha insistido 48 horas antes de la apertura de las audiencias que Reagan sabía que se estaba recogiendo dinero para armar a los contras. El presidente insiste en que esto no es así y que la Administración no estaba pidiendo el dinero. Reagan va a tener que aguantar una penosa investigación que, en el mejor de los casos, demostrará la incompetencia de su forma de gobernar y, en el peor, que mintió al pueblo norteamericano.

Bajo los focos de las cámaras -las tres grandes cadenas de televisión comerciales conectarán en directo hoy y darán extractos de las audiencias posteriormente-, y con la presencia en la sala de 150 periodistas y 65 ciudadanos, el primer testigo, el general retirado del Ejército del Aire, Richard Secord, se enfrentó ayer con sus interrogadores. Once senadores y 15 diputados de la Cámara de Representantes, ayudados por un equipo de abogados, son los encargados de encontrar respuestas a las muchas preguntas aún sin contestar de este caso. Los dos comités creados para el caso, del Senado y de la Cámara de Representantes, han aunado sus esfuerzos y se reunirán en sesiones conjuntas. Cada semana alternarán el lugar de las audiencias entre el Caucus Room del Senado y el edificio Sam Raybum de la Cámara.

Fundamentalmente, se esperan respuestas a estas preguntas: ¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo del desvío de fondos a la contra procedentes de. la polémica venta de armas a Irán? ¿Cuál fue el papel de otros altos cargos, como el vicepresidente George Bush, los secretarios de Estado y Defensa y el director de la CIA? ¿Dónde están los 10 o 30 millones de dólares (1.250 a 3.750 millones de pesetas) desaparecidos de que se habla? ¿Cuántos llegaron a la contra y quién se quedó con el resto? ¿Se utilizó el dinero para pagar campañas políticas internas? ¿Cuánto dinero se quedaron los intermediarios?.

Y también preguntas de más calado político. ¿Cómo pudo el presidente poner la política internacional de Estados Unidos en manos de un teniente coronel y un grupo de dudosos hombres de negocios saudíes e iraníes, corcircuitando al Departamento de Estado, al Pentágono y al Congreso? ¿Por qué Reagan tardó nueve meses en informar al Congreso de la venta de armas a Jomeíni, líder de una nación considerada terrorista?, y ¿qué leyes fueron violadas?

Los tres meses de audiencias públicas se dividirán en tres fases. La primera investigará el suministro de armas a los contras, por una red privada y por la propia Administración, cuando el Congreso, por la enmienda Boland, lo había prohibido (entre octubre de 1984 y octubre de 1986). La segunda parte ahondará en la trama financiera seguida para armar a los antisandinistas, y, finalmente, se examinará la venta de armas a Irán. La conclusión consistirá en evaluar si se produjo abuso de autoridad, y por quién o quienes, y si la Administración violó la Constitución o determinadas leyes.