La formación de especialistas médicos

El médico es "estudiante para toda la vida", obligado por el incesante progreso de conocimientos y técnicas. La formación obtenida en su larga carrera universitaria, seis años, si bien le faculta todavía en España para el ejercicio legal de la medicina, no le confiere las habilidades prácticas que precisa para convertirse en un profesional. La CEE ha reconocido palmariamente este hecho a través de una resolución que obliga, en una fecha muy próxima, a completar al menos dos años de formación graduada para ser elegible para el ejercicio público de la medicina en la Europa de los doce.La esencia del sistema MIR se puede condensar en una frase que define cómo debe formarse el futuro especialista: "A través de una práctica profesional programada y supervisada, que le permita alcanzar de forma progresiva los conocimientos y la responsabilidad necesarios para ejercer la especialidad de un modo eficiente".

Interesa dejar constancia de que el sistema MIR es el mejor método de formación, pues ofrece igualdad de oportunidades a todos los licenciados y tiene garantías de uniformidad y objetividad, permitiendo establecer una clasificación de los aspirantes según sus conocimientos y méritos académicos.

Acreditación de centros

La importancia del medio donde se realiza la formación es muy considerable; de aquí la trascendencia de la acreditación de centros y unidades docentes, tarea prioritaria para las actuales comisiones y consejo. En el transcurso del año 1986 se ha publicado un nuevo Manual de acreditación de centros y unos requisitos mínimos de unidades docentes, y se ha procedido a recalificar a todos los hospitales y unidades del país; conviene hacer notar que lo certificado es que alcanzan unos niveles mínimos y que la acreditación no es por sí un título de excelencia. Entre centros y unidades acreditadas la calidad no es homogénea y, por otra parte, aunque existe una lógica buena relación general entre la calidad global del hospital y sus distintas unidades, un buen centro puede tener algún servicio de menor nivel y una unidad excelente estar radicada en un centro menos bueno en su conjunto.

Es asimismo preciso saber que la acreditación no es un hecho permanente y quien la tiene hoy puede no tenerla mañana si sus circunstancias cambian; la evolución contraria puede también, afortunadamente, producirse. Otro aspecto fundamental a resaltar es que hasta ahora las acreditaciones se han venido dando en base a los datos proporcionados por los centros y hospitales en respuesta a cuestionarios circulados y que éstas no podrán ser definitivas hasta su comprobación por auditorías programadas para 1987.

Después de estas consideraciones generales, con ánimo de centrar el tema, resulta imposible sustraerse a opinar sobre el conflicto que atrae hoy la atención de la sociedad sobre el problema de los pre-MIR: la convocatoria para cubrir plazas 1986-1987.

Una serie de aspectos positivos hacían presagiar en octubre de 1986 que ésta iba a ser la mejor convocatoria de los últimos cinco años. En primer lugar, por el número de plazas convocadas. Después de una alarmante trayectoria descendente (1.800 en 1983, 1.345 en 1984, 1.262 en 1985 y 1.246 en 1986), se incrementaba el número de una manera sustancial, 1.622, y -lo que es más importante- por primera vez todas las plazas tenían financiación pública directa por el Ministerio de Sanidad y el número de plazas ofertadas se acercaba en mayor medida que en años anteriores al considerado óptimo por las distintas comisiones de especialidad.

¿Por qué una convocatoria que debía haber sido un éxito ha provocado contestación tan importante? El primero, la limitación en la libertad de elección de unidad y centro que el pre-MIR ha visto en los topes marcados en la distribución por autonomías, extremo además no expresado en el anuncio del examen.

El propio Consejo Nacional de Especialidades, las plantillas docentes y los MIR ya dentro del sistema se han visto sorprendidos por la falta de consulta a los órganos asesores y la premura en los plazos de la orden. Otra razón trascendente ha sido la prematuridad de la adjudicación de plazas por autonomías.

Es cierto que una de las directrices de la ley general de Sanidad es la adaptación del Sistema Nacional de Salud al modelo de comunidades autónomas, y que la distribución de recursos humanos entre ellas ha de hacerse sobre bases de solidaridad. Pero no es menos verdad que la competencia sobre estos aspectos de coordinación interautonómica debe formularse en el seno de un consejo interterritorial aún no constituido. Además, incluso asumiendo que el médico en formación, el residente, es un elemento dinamizador de las instituciones sanitarias en que trabaja y que no se debe, por localización geográfica, condenar a determinados centros al ostracismo, es preciso resaltar que el especialista en formación no puede ser considerado como un recurso personal destinado a suplir deficiencias en la estructura asistencial de una comunidad; para subsanar éstas debe recurrirse a especialistas titulados en los mejores centros del Estado.

Complicar el conflicto

Con independencia de estas razones fundamentales, merecen también comentarse otros aspectos en apariencia menores que han contribuido a complicar el conflicto. En primer lugar, matices pragmáticos relativos a la libre elección del lugar de formación. Es indudable que la calidad de la unidad y centro es uno de sus condicionantes, pero no es menos cierto que otros factores, como comunidad de origen, lugar donde se cursó la licenciatura y otra serie de aspectos personales, matizan, a veces de forma decisiva, la elección, pues todos ellos influyen en el nivel de satisfacción del futuro especialista y, por tanto, en su rendimiento.

Para entender la generalización del conflicto conviene tener presentes los intereses de los hospitales mejor dotados en no perder un elemento tan importante en los objetivos básicos de toda institución sanitaria: asistencia, docencia e investigación.

Resulta curioso, para un observador que pretende ser objetivo, la defensa a ultranza de los intereses MIR por colectivos que no sólo no se han destacado en el pasado por apoyar este sistema, sino que incluso han intentado socavarlo, resucitando alternativas de ineficacia probada.

Parece necesario apuntar soluciones al problema. La Administración debe reconocer sus errores formales y buscar soluciones generosas que podrían incluir alguna de las siguientes opciones: una fórmula que permitiría asumir los objetivos marcados por la Administración, respetando la libre elección de centro, consistiría en adecuar el número de plazas convocadas al total de la capacidad docente acreditada; ello conllevaría nuevos planteamientos presupuestarios y un estudio cuidadoso de las necesidades de especialistas.

Plantear la adjudicación de plazas en esta convocatoria en los mismos términos que las anteriores: libre elección de las plazas ofertadas por autonomías en lugar de por centros. Una tercera vía consistiría en aumentar el cupo general de elección libre, acercando el de adjudicación directa al incremento entre las convocatorias de octubre y febrero.

Tiene que encontrarse una salida a la situación actual, que convendría pasara por el respeto a los aspectos esenciales de ambos planteamientos, poniendo especial énfasis en la calidad del lugar de formación y no olvidando que la libre elección de centro ha tenido ya claras limitaciones en convocatorias anteriores, pues, superada la capacidad docente de un centro o de una ciudad, el aspirante siempre habrá de decidirse por opciones alternativas; es evidente que cualquier distribución autonómica no debería acentuar estos topes ni conducir a una distribución arbitraria de plazas.