Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Editorial:

Entre dos arrogancias

LA TELEVISIÓN vasca (ETB) inició el pasado sábado la emisión de programas a través de un segundo canal que utiliza como vehículo lingüístico el castellano. El canal que ha venido funcionando hasta ahora utilizaba casi exclusivamente el euskera -salvo- en los informativos-. La iniciativa ha sido tomada por sorpresa, sin previa discusión parlamentaria, y de ella no tenía noticia ni siquiera el Consejo de Aministración de la radiotelevisión vasca. El Gobierno central, por su parte, ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional.La comunidad autónoma tiene competencia para "regular, crear y mantener su propia televisión", pero en el marco de las "normas básicas del régimen de Prensa, radio y televisión". La televisión vasca comenzó a emitir el 31 de diciembre de 1982, sin que el Estado hubiera dictado esa normativa básica. Su situación es, por ello, si no ilegal (como sostiene TVE, que en represalia vetó el acceso de la cadena vasca a la Unión Europea de Radiodifusión), sí al menos alegal. La iniciativa que ahora se ha adoptado es interpretada, por ello, como "una provocación con fines electoralistas".

La actitud del PNV y su Gobierno de seguir una política de hechos consumados cada vez que la legislación existente no es de su agradó cuenta con numerosos antecedentes, desde la creación en su día de un irregular embrión de policía autónoma -los berrocis- hasta el rechazo de nombramientos de secretarios de ayuntamiento. Tal actitud es antidernocrática, incompatible con los principios de un Estado de derecho, y resulta una utilización abusiva del ambiente de violencia que empaña la vida política vasca. Pero no es menos cierto que, en el campo de la comunicación, la actitud dilatoria del Gobierno central (que ha retrasado vergonzante y vergonzosamente la regulación de la televisión privada, paralizado el proyecto de regionalización de la segunda cadena, aplazado el plan de distribución del espacio radioeléctrico y se ha abstenido, finalmente, de regular la utilización de la red de distribución de señales) es tan antidemocrática y abusiva. Todo ello hace que nos encontremos ante una lucha de poderes en la que lo de menos es el interés por la sociedad en su conjunto.

Por lo demás, la decisión de ETB de crear una cadena en castellano constituye un importante giro respecto a las posiciones mantenidas hasta fecha reciente por el PNV y el Gobierno vasco. Su argumento para negarse a la utilización del castellano en ETB era que ya existian dos cadenas -las de TVE- en dicha lengua. La realidad sociolingüística, expresada en el descenso de audiencia y publicidad de la televisión en euskera a lo largo de 1985, ha hecho rectificar a los nacionalistas. Pero es posible que la expectativa de televisiones privadas haya sido más determinante en dicha rectificación que cualquier otra consideración. En cualquier caso, es reveladora no tan sólo de una actitud electoralista y del desprecio hacia las propias instituciones de autogobierno en lo que a la televisión se refiere, sino también de una nueva sensibilidad frente a la realidad lingüística.

La arrogancia del socialismo gobernante en Madrid ha encontrado su réplica en la arrogancia del nacionalismo gobernante en Vitoria. Los derechos de los ciudadanos -reconocidos por la Constitución- al ejercicio pleno de la libertad de informar y expresarse y al pluralismo informativo también en TV son, mientras tanto, consciente y culpablemente vulnerados por socialistas y peneuvistas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de junio de 1986