Los ayuntamientos advierten que pueden retrasarse en el pago a sus acreedores

Los alcaldes de las grandes ciudades españolas se reunirán en Barcelona en el plazo de 15 o 20 días para decidir las acciones que tomar tras anunciarles el ministro de Economía, Carlos Solchaga, que en los presupuestos del Estado para el año 1986 el crecimiento del Fondo de Cooperación será prácticamente nulo. "La amenaza más razonable que puedo hacer", afirmó ayer el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, refiriéndose a los probables acuerdos de la reunión, "es la de convocar a las grandes empresas constructoras y proveedoras de los municipios para anunciarles que se acabó la época de bonanz...

Los alcaldes de las grandes ciudades españolas se reunirán en Barcelona en el plazo de 15 o 20 días para decidir las acciones que tomar tras anunciarles el ministro de Economía, Carlos Solchaga, que en los presupuestos del Estado para el año 1986 el crecimiento del Fondo de Cooperación será prácticamente nulo. "La amenaza más razonable que puedo hacer", afirmó ayer el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, refiriéndose a los probables acuerdos de la reunión, "es la de convocar a las grandes empresas constructoras y proveedoras de los municipios para anunciarles que se acabó la época de bonanza, que pasarán de cobrar a seis meses como ahora, por ejemplo en nuestro caso, a hacerlo en año o año y medio".Las perspectivas más optimistas cifran en unos 7.000 millones de pesetas el aumento del Fondo de Cooperación, que representa un tercio de los ingresos de las haciendas locales y que en el presente ejercicio ascendió a 270.000 millones de pesetas.

La convocatoria de la reunión de alcaldes en Barcelona es la primera decisión tomada tras la entrevista que el pasado jueves mantuvieron representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el ministro Solchaga. A los cálculos ministeriales, el alcalde de Barcelona respondió con un planteamiento alternativo del que dedujo que la dotación del fondo debería subir entre los 30.000 y los 40.000 millones de pesetas.

Maragall descartó que los ayuntamientos se decidieran a aumentar la presión fiscal para hacer frente a la disminución real de los ingresos estatales y se inclinó por el recorte de los gastos corrientes y el retraso en el pago a los acreedores.