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Autopistas pide explicaciones a los autores de su auditoría

El Consejo de Administración de Autopistas Concesionaria Española, SA (ACESA), ha pedido explicaciones a Peat Marwick, sociedad auditora en los últimos ejercicios, para tratar de establecer las posibles responsabilidades en que hayan podido incurrir por no detectar la presunta desviación a destinos desconocidos de una cifra superior a los 300 millones de pesetas en un período de tiempo comprendido entre 1979 y 1983. La compañía ACESA ha pasado un informe al fiscal general del Estado por si se ha producido algún delito.

La delegación del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas también ha recibido copia del informe, ya que esta delegación realiza una censura de cuentas de todas las empresas de autopistas, lo que puede significar que, según fuentes del sector, la delegación del Gobierno no habría controlado con total celo las operaciones de ACESA en aquellos años. La presunta desviación de 300 millones de pesetas, realizada cuando era presidente de ACESA José María González Vallés -quien se encuentra en paradero desconocido-, no plantea problemas para la propia empre sa, ya que, se hallan contabiliza dos todos los pagos por servicios que se consideran inexistentes e incluso se practicaron las reten ciones a cuenta de la liquidación con el Ministerio de Hacienda. Esta perfecta contabilización de los pagos es posiblemente la razón que ofrecerán los auditores externos como justificación de la imposibilidad de detectar los posibles fraudes internos que se realicen en una sociedad, que cuando están se encuentran respaldados por documentos de liquidación debidamente firmados por los máximos responsables de la sociedad.

La desviación de fondos, cifrada documentalmente en la actualidad en unos 330 millones de pesetas, fue detectada por los nuevos responsables de la sociedad -nombrados por el Fondo de Garantía de Depósitos al convertirse en accionista mayoritario de la empresa por la adquisición del paquete mayoritario dentro de la operación de reflotamiento de Bankunión, en abril de 1982- al tratar de renegociar un crédito por valor de 112 millones de francos suizos, obtenido en junio de 1981 y cuyo agente era una sociedad financiera suiza, Crafin S.A. filial de la Rothschild.

Las sospechas surgieron cuando la sociedad Crafin se negó a aceptar el pago anticipado de este crédito aludiendo que en el contrato suscrito en su momento no se contemplaba la posibilidad de cancelar anticipadamente la operación.

Si se quería amortizar anticipadamente se impondría una penalización por lo que pudiera significar de lucro cesante para los prestamistas. Lo normal es que las operaciones de crédito a interés variable incluyan claúsulas de pago anticipado como salvaguarda para el tomador ante posibles elevaciones de los tipos de interés por encima de cantidades consideradas como normales.

El crédito, contratado en condiciones malas en cuanto a diferenciales de tipo de interés y elevadas comisiones por su gestión, contenía el pago de servicios y asesoramiento no justificados y que en cualquier caso eran bastante más elevados de los habituales de otras firmas de reconocida solvencia. Lo mismo ocurría en otras operaciones similares, en las que los nombres de las instituciones financieras se repetían con cierta asiduidad. Carlos Bustelo, presidente de ACESA nombrado por el Fondo de Garantía de Depósitos, encargó la investigación sobre la finalidad real que tenía el pago de aquellas facturas en las que aparecieran los nombres de las sociedades de asesoría financiera y técnica. Las conclusiones a que se ha llegado es que tales pagos podrían no corresponder a servicios reales y que se trataría de una pantalla para desviar fondos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de junio de 1985

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