Las estadísticas de la mano de obra y el paro registrado / 1
Con cierta frecuencia saltan a la opinión pública noticias acerca de la magnitud y la evolución de la población activa, el empleo y el paro, que se prestan a comentarios apasionados., debido al interés creciente por estas cuestiones a medida que avanza la crisis del mercado de trabajo, sin que tales comentarios, según el autor, estén fundados en un conocimiento razonable del origen y significado de aquellas cifras. De ahí que las noticias sobre cambios de definiciones o criterios provoquen una prevención que: sólo puede despejarse con la transparencia y la información.
Conviene tener presente en primer lugar que la fijación de tales definiciones o criterios no es algo arbitrario ni exclusivo de cada país, ya que desde 1925 la OIT viene fomulando recomendaciones y elaborando definiciones con el fin de orientar las metodologías estadísticas nacionales y de facilitar la comparabilidad internacional de las cifras. Las últimas recomendaciones de este tipo -hoy vigentes- datan de 1982, ya que los cambios experimentados por los mercados de trabajo y la proliferación de situaciones fronterizas de difícil clasificación han obligado a la propia OIT a redefinir periódicamente los criterios.En la mayor parte de los países de estadística avanzada, y concretamente en los pertenecientes a la CEE, existen dos fuentes de estadísticas de la mano de obra: las encuestas por muestreo y las cifras que se obtienen de los registros administrativos. En el caso de España, esta dualidad se concreta en la encuesta de población activa (EPA), confeccionada trimestralmente por el INE, y la estadística de empleo, elaborada mensualmente en base al movimiento laboral registrado en las oficinas de empleo del INEM.
Se trata, pues, en un caso, de una estadística de base, y en otro, de una estadística derivada, ya que el registro del INEM es fundamentalmente un instrumento para la gestión de las colocaciones y las prestaciones, aunque es común a todos los países que cuentan con tales instrumentos la explotación de los datos para el seguimiento de la coyuntura del mercado de trabajo. A tales efectos se intentan aproximar las definiciones y criterios utilizados a los establecidos con carácter general por la OIT.
Criterios diferentes
El mismo hecho de que los datos de paro registrado tengan esencialmente un carácter administrativo provoca que su magnitud se vea condicionada por los propios criterios y procedimientos administrativos y contables de la inscripción en las oficinas, así como por aquellos otros factores que inducen a una mayor presencia de demandantes en las mismas, como sucede cuando se ponen en vigor medidas de fomento del empleo o nuevos instrumentos de protección para el desempleo. Ya que el paro registrado refleja precisamente el número de personas que, encontrándose en edad laboral (mayores de 15 y menores de 65 años), no cuentan con un empleo y lo buscan activamente, inscribiéndose en la oficina y permaneciendo en el registro como demandantes de un puesto de trabajo, con plena disponibilidad para aceptarlo en caso dé que les sea ofrecido. Frente a ello, la encuesta de población activa se orienta por los mismos criterios, pero la búsqueda activa de empleo no se limita a la circunstancia de inscripción en el registro oficial, sino que, se constata por la declaración ¡individual de que la persona entrevistada dedica una parte importante de su tiempo a la búsqueda de un empleo mediante procedimientos razonables.
Esta diferencia de criterios utilizados por una y otra fuente no puede dejar de influir en las cifras resultantes. La EPA tiene un menor nivel de requerimientos, puesto que la declaración individual contiene siempre sesgos subjetivos, y la apreciación que de su actividad hace el declarante, así como los determinantes de esa actividad, se hallan lógicamente influidos por el estado del mercado de trabajo y las expectativas de encontrar un empleo. Situaciones de desánimo o superanimación suelen acompañar a los momentos de mínima y máxima pulsación de los mercados. Igualmente, influyen sobre la actitud individual las expectativas de ingresos propios o familiares, así como el tipo de puestos de trabajo ofrecidos por las empresas con menor o mayor grado de estabilidad y posibilidades de promoción.
La EPA no sólo estima las cifras de paro, sino también las de ocupación, siendo la suma de una y otras las cifras de población activa. La clasificación de las personas ocupadas tiene, a su vez, problemas propios puesto que existen situaciones que por la escasez del número de horas trabajadas se excluyen del cómputo y se denominan ocupados marginales. Por su parte, todas las situaciones de autoempleo y muchas de las de empleo en la unidad familiar plantean también dificultades de clasificación.
El INEM, más restrictivo
Pero, en cualquier caso, no cabe duda de que las condiciones requeridas para que la EPA clasifique a una persona como desempleada son menos restrictivas que las del registro del INEM, puesto que en este último caso se requiere siempre como condición necesaria la presencia periódica del desempleado en las oficinas. No todos los demandantes de empleo ni todos los grupos de trabajadores tienen la misma motivación para inscribirse en ellas, debido, entre otras cosas, a que algunos colectivos no tienen derecho a la percepción de prestaciones por desempleo ni pueden beneficiarse por igual de medidas de fomento del empleo o acogerse a las diferentes modalidades de contratación, ya que unas y otras son por definición medidas selectivas. En todos estos colectivos con menor volumen de incentivos (paro agrario, desocupados sin empleo anterior, etcétera) para la insciripción se observa un nivel de paro registrado inferior al detectado por la EPA.
Por el contrario, existe una serie de colectivos en los que el paro registrado supera al de la EPA, como es el caso actual del colectivo femenino y de los desocupados procedentes del sector industrial. No siempre es fácil de entender este desequilibrio en favor del paro registrado, que, en parte, puede imputarse a irregularidades en la inscripción de desempleados ante el INEM, retrasos de procedimientos administrativos en las bajas por distintas causas y en una posible infravaloración en que incurre la encuesta por problemas de antigüedad en el diseño y en la población-base para la selección de la ¡nuestra.
Las matizaciones anteriores no impiden, sin embargo, que las cifras globales procedentes de una y otra fuente se hayan venido aproximando constantemente, por lo que cada vez es más necesario diferenciar los destinos para los que ambas cifras resultan más apropiadas.
Desde el punto de vista de la medición global del desequilibrio económico entre oferta y demanda en el mercado de trabajo, así como para el conocimiento de las características de la población activa y su evolución, resulta incontestable el superior grado de fiabilidad de las cifras EPA, por dirigirse la encuesta a una muestra representativa del conjunto de la población, sin ser sometida al Filtro de la demanda de empleo ante las oficinas.
El registro del INEM, por su parte, proporciona indicadores de gran utilidad para el análisis económico y social, y no sólo por lo que se refiere al paro registrado, sino también a la evolución de las colocaciones, las ofertas de empleo, etcétera. Por lo demás, los poderes públicos, a la hora de diseñar programas y evaluar las necesidades manifiestas de la población, no pueden dejar de guiarse por los datos deducidos de las inscripciones en el INEM, ya que este instituto tiene precisamente asignada la gestión de la colocación, la prestación por desempleo y la formación ocupacional, y para estos fines es para los que sus procedimientos administrativos están inicialmente diseñados.
Esto mismo sucede en los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, en los que las cifras de paro registradas sirven como indicadores económicos en el corto plazo y como elemento de comparación entre la situación de los diferentes países, por mucho que no exista una homologación completa de los criterios y definiciones, ya que todos los registros están influidos por las normativas y prácticas administrativas de cada país. Existe, sin embargo, una tendencia hacia el acercamiento de criterios y se celebran reuniones periódicas para propiciar esta aproximación.
La definición general aplicada por todos los países de la Comunidad es la de considerar parados a "las personas en edad laboral sin trabajo (y en algunos casos, aun cuando trabajen un número poco significativo de horas) que se han registrado en una oficina pública de empleo buscan trabajo y están disponibles para ocuparlo inmediatamente". La aplicación de tal definición exige, sin embargo, establecer algunas precisiones respecto al tipo de empleo buscado, las edades mínimas o máximas, el tratamiento de los estudiantes, etcétera.
Hasta el presente la estadística de paro registrado del INEM excluía a todas las personas que ya disponían de un empleo y -de forma muy genérica- a todos los jubilados y pensionistas, personas que solicitan un empleo coyuntural, a domicilio o a tiempo parcial, estudiantes y trabajadores afectados por la suspensión o reducción de jornada.
Sin embargo, la multitud de disposiciones circulares en las que se contienen las definiciones, la ausencia de criterios objetivos y unívocos para la clasificación del demandante de empleo individual y la diversidad de la intensidad en el tratamiento estadístico que de cada demanda de empleo se hace en las oficinas conducía a interpretaciones heterogéneas y a una dificultad genérica de precisión respecto a los contenidos de las cifras mensuales.
Álvaro Espina Montero es secretario general técnico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
