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Las grandes cajas de ahorro se unen para defender su mayor expansión fuera de las regiones de origen

La polémica entre las cajas de ahorro por las nuevas sociedades de servicios financieros, tiendas donde el público puede comprar pagarés del Tesoro o participar en fondos de inversión e hipotecas, principalmente, ha derivado hacia abiertos enfrentamientos en torno a su capacidad de expansión fuera de las regiones de origen. Al principio, las pequeñas cuestionaban las tiendas de dinero que empezó a extender por España la Caja de Pensiones. Ahora, las grandes se han mostrado claramente por cambiar el decreto que regula desde 1979 la capacidad de expansión mediante oficinas propias.

La contestación suscitada hace varios meses por La Caixa, al crear fuera de Cataluña sociedades de servicios financieros bajo el nombre de Grup Caixa, fructificó en un compromiso de contención de éstas durante la asamblea celebrada por todas las cajas el pasado 16 de enero. El consejo de administración de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) quedó entonces emplazado a buscar soluciones antes de la siguiente asamblea, convocada para el 20 de febrero. Pero la nueva cita ha resultado imposible; la oposición de las cajas pequeñas y el frente constituido por las grandes ha desviado el debate inicial hacia el cambio de las normas de expansión con oficinas propias, dictadas en 1979. La asamblea ha sido aplazada hasta el próximo día 12, aunque ha empezado a dominar el escepticismo ante la posibilidad de acuerdo y la actitud de esperar a ver qué hace la Administración.Las tiendas de dinero son pequeñas oficinas en las que sociedades de un grupo bancario ofrecen servicios financieros como la participación en créditos hipotecarios, fondos de inversión mobiliaria, fondos de dinero, pólizas de seguros, etcétera. Fueron estrenadas por la banca extranjera, antes de que entidades españolas vieran en ellas un escape a los coeficientes exigidos por captar dinero en oficinas propias mediante los sistemas tradicionales o fórmulas similares a éstas. Después, el Ministerio de Economía y el Banco de España ha visto en ellas la posibilidad de animar entre el público la colocación de pagarés del Tesoro, en competencia con bancos y cajas.

La alarma entre las cajas surgió al detectar que La Caixa inauguraba cerca de medio centenar de tiendas de dinero y tenía en curso de ejecución otro medio centenar, dentro de un proyecto que abarcaba la creación de 250 oficinas. El sistema, según fuentes de las cajas que lo denunciaron por sufrir la penetración en lo que consideran sus zonas, resulta más barato que abrir una sucursal; además de poder eludir coeficientes, exige menos personal y, si por lo general éste es más cualificado, se le pueden aplicar las condiciones laborales de oficinas y despachos, menos beneficiosa que las de cajas.

En la asamblea del 16 de enero, las cajas pequeñas ofrecieron como vía para no forzar así las normas sobre expansión regional que las tiendas de dinero fueran compartidas por todas las cajas interesadas en ofrecer dichos servicios. Pero la resistencia de La Caixa, con el apoyo de otras -la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao dispone del grupo Serfinor y hay en principio dos grupos de cajas medianas dispuestas a asociarse-, precipitó un compromiso de contención hasta que resolviera la CECA.

Crece el enfrentamiento

En este foro, la polémica se ha acentuado. Si en la asamblea el sistema de represantación ya se inclina en favor de las grandes (los votos se reparten por el volumen de recursos) su influencia crece en el consejo, aunque está formado a partir de las federaciones de cajas. La Caixa y la de Madrid se han pronunciado a favor de abandonar el principio de territorialización. Las de Valencia, Bilbao, Zaragoza y La Caixa de Galicia, aunque más distanciadas, lo ven también con buenos ojos, según las pequeñas. Por el peso de las grandes -afectadas por el decreto de 1979 en la medida en que autorizó a toda caja con más de 50.000 millones de pesetas o el 5% de proporción entre recursos propios y ajenos a personarse en las cinco grandes capitales-, los administradores de la CECA se habían inclinado por pedir al Ministerio de Economía y Hacienda el cambio del decreto de 1979. Además de actualizar los 50.000 millones, este frente pretende abrir vías de expansión hacia las capitales medianas y pequeñas. En palabras de un representante de las grandes, se trata de evitar, por ejemplo, que Albacete pueda utilizar sus próximos 50.000 millones para estar en Madrid y le esté vedado abrir en Murcia.Pero también contra estos propósitos se han expresado las pequeñas. Forman su frente opositor la Federación Andaluza, las tres de Castilla y la de Extremadura. Fuentes del grupo se han mostrado disgustadas con La Caixa por "aprovecharse" de los momentos difíciles que atraviesan las cajas por el proyecto de coeficientes de garantía (deberán aumentar sus dotaciones a reservas), la inminente reforma legal de los órganos rectores del sector y la necesidad de desacelerar los costes de transformación del ahorro en inversión. En su opinión, las cajas no son homogéneas, y lo van a ser menos con la próxima diferenciación entre privadas (con mayores márgenes de actuación) y públicas (dominadas por los ayuntamientos y quizá por políticas localistas). Por ello, quieren recuperar para todas el principio de territorialización y de concentración en las regiones de origen que apareció en el programa electoral del PSOE.

En este contexto de desacuerdo, fuentes de la CECA han apuntado la posibilidad de una intervención del Ministerio de Economía y Hacienda y el Banco de España para regular la creación de tiendas de dinero con carácter general para bancos y cajas, medida que podría obviar la nueva polémica en tomo al decreto de 1979.

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