Dictaminados en comisión 60 artículos de los presupuestos
Ni una sola enmienda de la oposición prosperó ayer en los debates del proyecto de ley de Presupuestos del Estado, en la comisión correspondiente del Congreso, que en una sesión maratoniana dictaminó con escasa o nula discusión 60 artículos (casi la tercera parte del texto). El dictamen fue en algunos momentos tan vertiginoso y de trámite que los diputados llegaron a votar enmiendas que no había lugar porque alguna de ellas proponía previamente la supresión del artículo. El PSOE, autor de estas enmiendas de supresión, no se había enterado y tardó varios minutos en comprender sus propias propues...
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Ni una sola enmienda de la oposición prosperó ayer en los debates del proyecto de ley de Presupuestos del Estado, en la comisión correspondiente del Congreso, que en una sesión maratoniana dictaminó con escasa o nula discusión 60 artículos (casi la tercera parte del texto). El dictamen fue en algunos momentos tan vertiginoso y de trámite que los diputados llegaron a votar enmiendas que no había lugar porque alguna de ellas proponía previamente la supresión del artículo. El PSOE, autor de estas enmiendas de supresión, no se había enterado y tardó varios minutos en comprender sus propias propuestas.
En la sesión de la mañana se aprobaron 28 artículos del proyecto y se aplazó hasta el final del debate en comisión el examen del artículo primero (cuantificación global del presupuesto) y el capítulo 2 del proyecto (nueva normativa en materia de clases pasivas).Sin gran polémica, fueron aprobados los ocho primeros artículos que se refieren a transferencias presupuestarias y créditos. La oposición reiteró una y otra vez la gran libertad de acción que se otorgaba el Gobierno en estos presu puestos para hacer uso de los fondos o modificar el destino de las partidas. Las réplicas socialistas rechazaron que este proyecto sea un cheque en blanco al Gobierno y que se estuviera restringiendo la capacidad fiscalizadora de las Cortes.
Los siguientes artículos, referentes a las retribuciones del personal en activo de la Administración, levantaron un poco el tono del debate, gracias a las intervenciones del diputado popular Arturo García Tizón y a las réplicas del socialista Ciriaco de Vicente. El Grupo Popular insistió en que el Gobierno sigue introduciendo oscuridad y discriminación en la regulación del funcionariado, que estos presupuestos aportan nuevos elementos de inseguridad jurídica y deslegalización, y que el principio de austeridad en las retribuciones de los funcionarios no se aplica al presidente y a los miembros del Gobierno. García Tizón, en concreto, llegó a hablar de la ley del embudo y acusó al PSOE de convertir las retribuciones de la Administración en un botín de reparto y en un sistema de premios a la fidelidad política.
Ciriaco de Vicente, en su respuesta, le recordó al diputado popular que él también sabe dar mítines, pero que no le iba a imitar porque el Parlamento no es lugar para ello. Se preguntó si austeridad es que el porcentaje de aumento salarial de los funcionarios se aplique también al Gobierno, porque si es así ya está incluido en el proyecto de ley. Y si no es esto, añadió, tendrá el diputado popular que explicar qué entiende por austeridad o discriminación.
Enmiendas vivas
A continuación se dictaminaron los artículos relativos a avales, deuda pública, dotaciones del crédito oficial y normas tributarias. Los grupos de la oposición desistieron de defender sus enmiendas, dejándolas para el próximo Pleno del Congreso.
Después se dictaminaron los artículos relativos a temas fiscales. La oposición acusó al Gobierno de no haber llevado al Congreso la prometida ley sobre nuevo tratamiento fiscal de la familia, al tiempo que calificaba de regresiva la regulación que de este tema se da en el proyecto. Criticó asimismo las deducciones por vivienda e inversión en bolsa, y pretendió que el PSOE aceptara un emplazamiento temporal del Gobierno para el envío al Congreso de un nuevo proyecto de ley de Impuesto sobre la Renta. Los socialistas negaron que el proyecto de ley sea regresivo para la familia y afirmaron, por el contrario, que discrimina favorablemente a las rentas más bajas.
La parte final de la sesión se dedicó a los artículos relativos a municipios y comunidades autónomas. El Fondo de Compensación Interterritorial (205.000 millones de pesetas) no fue incrementado, como proponía el Grupo Centrista.
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