La firma del AES

LA FIRMA del Acuerdo Económico y Social (AES) para el bienio 1985-1986, suscrito por el Gobierno, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Unión General de Trabajadores (UGT), ha cerrado con éxito un proceso negociador, amenazado en sus últimos tramos por el enconamiento de las posiciones en las que se habían refugiado la patronal y el sindicato socialista. Sin la decisiva intervención del presidente del Gobierno, que hizo reflexionar a las otras dos partes negociadoras y brindó la fórmula de compromiso oportuno, tal vez el AES hubiese naufragado.El texto del pacto se divide en dos grandes secciones, que cubren materias distintas en función de los agentes encargados de cumplimentar los pactos. El título I contiene los acuerdos tripartitos, que implican al Gobierno, a la patronal y a UGT; el título II, en cambio, incluye un acuerdo interconfederal para la negociación colectiva 1985-86, en el que sólo los agentes sociales están llamados a intervenir. El desenganche de Comisiones Obreras (112C 00) del AES y las eventuales resistencias de otras centrales de ámbito autonómico a aceptar su contenido pueden crear, sin embargo, considerables dificultades a la hora de aplicar los acuerdos y de lograr su validez.

Las materias de los acuerdos tripartitos son numerosas: incentivos fiscales a la inversión, tratamiento fiscal de las rentas más modestas, inversión pública, fondos de solidaridad y fomento del empleo, retribuciones de los empleados públicos, protección a los desempleados, reducción de las cotizaciones empresariales, revalorización de pensiones, estudio de la reforma de la Seguridad Social, modalidades de contratación temporal, formación profesional, participación en la empresa pública y devolución del patrimonio sindical. El cumplimiento de esos objetivos exigirá la intervención de los poderes púb[icos, la asignación de las correspondientes partidas presupuestarias y el despliegue de un conjunto de actuaciones legislativas, gubernativas y administrativas. La creación de una comisión de seguimiento, al estilo de la que los comunistas reclamaron infructuosamente en los tiempos de los Pactos de la Moncloa, permitirá a los agentes sociales participar, junto con el Gobierno, en las tareas de velar por el cumplimiento de los acuerdos y de analizar su evolución.

La inclusión, dentro del AES, de una declaración de intenciones del Gobierno permite, por lo demás, conocer las grandes líneas de la política económica para el resto de la legislatura. Para 1985, los cuadros macroeconómicos prevén un crecimiento del 3%, una inflación del 7%, un déficit presupuestario del 5% del producto interior bruto y un aumento de la presión fiscal del 0,8%. Los objetivos para 1986 son ligeramente más optimistas. El Gobierno se compromete también a mejorar la gestión tributaría, reducir las bolsas de fraude fiscal, proseguir la reconversión industrial, favorecer la baja de los tipos de interés, incentivar la inversión privada, reformar la empresa pública y crear 25.000 empleos en la Administración.

Dentro del acuerdo interconfederal, se establece para 1985 una banda de aumentos salariales entre el 5,5% y el 7,5%. El criterio para 1986 es fijar los mínimos y máximos de la banda en el 90% y el 107% de la inflación prevista. Dado que la declaración del Gobierno anuncia "una política de rentas que permita el sostenimiento de la demanda interna", cabe concluir que el Poder Ejecutivo, la organización empresarial y UGT parecen estar de acuerdo en que la orientación general de la contratación colectiva tenderá a la conservación de la capacidad adquisitiva de la población ocupada, sin exigir a los trabajadores con empleo un marcado descenso de los salarios reales. En este terreno, las airadas protestas de Comisiones Obreras y las duras expresiones utilizadas por el PCE resultan exageradas. La dura réplica del presidente del Gobierno a las críticas formuladas por Marcelino Camacho tampoco han estado a la altura de lo que debiera exigirse a un debate civilizado. Particularmente desgraciada ha sido la denuncia, utilizada como espantajo demagógico por CC OO, de que el Gobierno socialista se propondría establecer el despido libre. La homologación de nuestra legislación laboral con la normativa europea, único compromiso del Gobierno, es una exigencia inevitable de nuestra incorporación a la CEE, donde, por lo demás, no existe ese fantasmal despido libre. No deja de resultar curiosa, a este respecto, la simétrica manipulación, desde la derecha y desde la izquierda, de palabras de fuertes connotaciones emocionales que son utilizadas para sustituir con falsedades simplistas a realidades complejas. El despido libre de cuya implantación los comunistas acusan al Gobierno tiene pleno derecho a sentar plaza en ese museo de las consignas demagógicas que la derecha conservadora había ya inaugurado con la libertad de enseñanza supuestamente amenazada por la LODE.

La firma del AES tiene, así pues, también una interpretación política. La virulenta reacción de los comunistas, demasiado sobreactuada en el lenguaje para resultar convincente, muestra que Comisiones Obreras y el PCE se disponen a presentar batalla, en el ámbito sindical y en el terreno electoral, a los socialistas. La dureza de la crisis económica, el fracaso para crear los puestos de trabajo prometidos por el programa del PSOE, los titubeos y arrogancias de la estrategia de reconversión industrial, la escasa visibilidad de las contrapartidas en otros sectores de la vida pública y el viraje respecto a la, OTAN pueden crear un espacio para la recuperación electoral del PCE y el reforzamiento de CC OO. El Gobierno, en cualquier caso, ha logrado una notable victoria al desenganchar a la CEOE de la dirección política de Alianza Popular y comprometer a los empresarios en la instrumentación de las grandes líneas de su política económica para el resto de la legislatura. Tras la firma del AES, la ofensiva preparada por la derecha conservadora para los debates parlamentarios sobre los Presupuestos y el estado de la nación perderá buena parte de su mordiente en materia de política económica. Y por ahora Alianza Popular se verá también obligada a renunciar al proyecto de convertirse en representante exclusivo de los empresarios y a la tentativa de transformar a la CEOE en una simple correa de transmisión de su estrategia para la conquista del poder.