El Congreso aprueba la nueva ley de Incompatibilidades de los funcionarios públicos

El Gobierno desconoce el número de puestos de trabajo que quedarán vacantes en las administraciones públicas como consecuencia de la aplicación de la ley de Incompatibilidades de los funcionarios, que, en sus disposiciones adicionales, transitorias y finales, fue aprobada ayer tarde por el Pleno del Congreso. El ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, reconoció ayer que la falta de informatización de la función pública impide establecer cálculos sobre el número de funcionarios que tendrán que renunciar a algún puesto. No obstante, sólo en el Ayuntamiento de Madrid han sido ya hallados 500 casos de empleados que también lo son del Estado.Este es el cuarto proyecto de ley de incompatibilidades sometido a las Cortes, tras el primero aprobado por el Gobierno de UCI) y promulgado en junio de 1982, otro sobre altos cargos realizado por los socialistas en 1983 y un tercero, también del actual Gobierno, sobre los parlamentarios, que no se tramitó porque el Tribunal Constitucional sentenció que el asunto debía regularse en la ley electoral.

Para Justo Zambrana, diputado socialista, un punto fundamental de la ley es el que no se autorizará a trabajar en la empresa privada en los casos en que los intereses del Estado entren en conflicto con los privados. Así, por ejemplo, un abogado del Estado de una provincia no podrá ser letrado de un banco en la misma localidad. Los funcionarios cuyos salarios sean inferiores a las 80.000 pesetas tendrán un plazo de tres años para renunciar a uno de los puestos.

Zambrana estima que en la ley hay muchas excepciones, pero, como las que afectan a sanitarios y docentes, todas están reguladas. La ley impedirá ahora que un funcionario perciba una pensión mientras esté en activo. Hasta el momento presente bastaban nueve años de ejercicio en la función pública para solicitar una excedencia sin límite de tiempo.

Para el Grupo Popular, y en palabras de José Manuel Romay, la ley se caracteriza más por lo ¡ideológico que por lo técnico, y el Gobierno se queda con la posibilidad de compatibilizar a determinados funcionarios, lo cual es una instrumentación política de la Administración.

Los nacionalistas vascos han vuelto a reiterar su acuerdo con el fondo de la ley, pero también su discrepancia con lo que afecta, a su estatuto. Según el diputado del PNY Joseba Zubía, el Estatuto de Guernica contiene competencias exclusivas en materia de Administración pública en su artículo 10, pero esta ley se refiere al artículo 12, en el que la competencia vasca es de simple ejecución.

Los Presupuestos

Los Presupuestos Generales del Estado serán presentados esta mañana en el Congreso. Mañana serán publicados en el Boletín Oficial de las Cortes. El plazo de presentación de enmiendas a la totalidad finalizará el 3 de noviembre y el de las enmiendas alternativas el día 12. El debate de totalidad se celebrará del 5 al 9 de noviembre. El informe de la ponencia será realizado entre el 14 y 16, también del próximo mes. La fecha para el dictamen de comisión está centrada entre los días 19 y 23. El debate en el Pleno sobre el dictamen de la comisión se prevé del 26 al 30, y la remisión al Senado tiene como fecha límite el 7 de diciembre.

Las enmiendas del Senado se debatirán en el Congreso el 27 de diciembre como fecha límite y la aprobación definitiva por parte del Congreso se producirá el 28 de diciembre. Según el vicepresidente de las Cortes, Leopoldo Torres, con este calendario no se merma ni un solo día las previsiones reglamentarias de enmiendas, debates y comparecencias.