El PEN y la moratoria nuclear

TRAS AMPLIOS debates en comisión y en pleno, el Congreso de los Diputados ha aprobado el Plan Energético Nacional (PEN) de 1983. El documento ha resultado polémico desde su nacimiento, fundamentalmente por la inclusión de una moratoria en las obras de construcción de cinco grupos nucleares. La denominada. cláusula de revisión de la moratoria nuclear, introducida a última hora gracias a un acuerdo de todos los grupos, significa un compromiso entre los sectores socialistas más firmemente partidarios de la parada y los grupos parlamentarios que han servido de portavoces a los intereses empresaria...

TRAS AMPLIOS debates en comisión y en pleno, el Congreso de los Diputados ha aprobado el Plan Energético Nacional (PEN) de 1983. El documento ha resultado polémico desde su nacimiento, fundamentalmente por la inclusión de una moratoria en las obras de construcción de cinco grupos nucleares. La denominada. cláusula de revisión de la moratoria nuclear, introducida a última hora gracias a un acuerdo de todos los grupos, significa un compromiso entre los sectores socialistas más firmemente partidarios de la parada y los grupos parlamentarios que han servido de portavoces a los intereses empresariales afectados. Sin embargo, el compromiso alcanzado parece más la expresión de un deseo que una fórmula operativa. En cualquier caso, el PEN, pendiente todavía de la segunda lectura del Senado, se propone contribuir a la reordenación de nuestro sector energético, que puede vivir momentos difíciles cuando se produzca nuestra integración en la Comunidad Económica Europea (CEE).El PEN de 1983, cuyo horizonte de planificación energética abarca hasta 1992, descansa sobre dos ideas fundamentales. De un lado, el convencimiento de que nuestro sector energético no se ha adaptado todavía de manera plena a la nueva situación creada por dos crisis del petróleo ocurridas durante la década de los setenta, lleva a concluir que la economía española presenta una enorme vulnerabilidad en cuanto a suministros energéticos y una fuerte inadecuación al ahorro y q la conservación de energía. De otro, la suposición de que el sector energético español está sobredimensionado por el lado de la oferta refuerza la idea de que la financiación de este exceso de capacidad de producción es un obstáculo adicional para los planes del Gobierno, orientados a conseguir ese ajuste estructural de la economía que le permita adquirir una mayor competitividad y una mayor presencia en los mercados exteriores.

El Gobierno basa sobre estos dos principios su moratoria nuclear. De acuerdo con sus cálculos, no es previsible un incremento de la demanda de energía eléctrica por encima de un 3,3% acumulativo anual durante la próxima década. Para satisfacer una demanda de estas características resultaría suficiente un parque eléctrico de origen nuclear de 7.600 megavatios. Queda justificada, así, la paralización inmediata de cinco de los 12 grupos nucleares autorizados por la anterior legislatura: Ahora bien, es precisamente esa cifra de 7.600 megavatios la que ha movido a la oposición a preguntarse sobre las intenciones reales del Gobierno a la hora de proponer la moratoria nuclear. La circunstancia de que esa potencia máxima a instalar coincida con la que figuraba en el programa electoral del P S OE ha sido" utilizada por los intereses industriales afectados por la moratoria para lanzar duras acusaciones acerca de las eventuales motivaciones políticas que pudieran esconderse tras la propuesta gubernamental. El hecho de que el cierre de Valdecaballeros I, el grupo en estado de construcción más avanzado de los cinco paralizados, fuese también una firme reivindicación de los socialistas extremeños refuerza los argumentos de quienes atribuyen a razones políticas la moratoria.

El duro enfrentamiento entre el Gobierno y los intereses involucrados a propósito de la moratoria explica seguramente que el ministro de Industria y Energía buscara insistemente, durante el debate legislativo, una fórmula que permitiera corregir en el tiempo los posibles errores, derivados de fallos técnicos en la evaluación de la moratoria nuclear, que dejasen en el futuro a, la economía española parcialmente desabastecida de energía a medio. plazo. La circunstancia de que los consumo de energía eléctrica hayan superado ampliamente durante dos años consecutivos las tímidas cifras de crecimiento planificadas por los autores del PEN se ha convertido en el principal foco de ataque a un documento que, en. cambio, ha recibido elogios de la industria por las reformas institucionales que propone. El protocolo con el sector eléctrico, desarrollado con más quejas que aplausos, y el protocolo con el sector del refino, pendiente de instrumentación, han sido aceptados como piezas fundamentales en el proceso de modernización del anquilosado sector energético español.

La escasa concreción ante el futuro es el punto más débil de un programa energético que apoya en el ahorro toda su estrategia. El Gobierno tiene probablemente razón cuando afirma que los españoles no han realizado esfuerzos serios durante los últimos años para ahorrar energía, lo que explica que seamos el país de mayor consumo energético por unidad de PIB (producto interior bruto). Sin embargo, tampoco cabe descartar precipitadamente la tesis según la cual la capacidad de crecimiento de nuestra economía estaría lejos de haber alcanzado su techo. La única posibilidad real de crear los puestos de trabajo prometidos por el programa electoral socialista es, precisamente, conseguir un aumento de la inversión y de la actividad productiva. En esa perspectiva, la restricción de la oferta energética. encajaría difícilmente con cualquier coyuntura expansiva de la producción y del empleo.