Malestar oficial por la decisión del Supremo de investigar al Tribunal Constitucional

El auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que convierte en denuncia la inicial querella de José María Ruiz-Mateos contra los magistrados del Tribunal Constitucional por el supuesto delito de violación de secretos ha sido valorado negativamente por altas fuentes gubernamentales que se negaron, sin embargo, a emitir declaración oficial sobre el tema. En tales medios se manifestó a este periódico el riesgo que puede significar para la democra cia someter a los miembros de una de sus instituciones básicas a la duda sobre su honorabilidad, a pesar de la falta de indicios delictivos suficientes.La Sala Segunda ha citado a los 12 magistrados del Tribunal Cons titucional para que declaren sobre la información que anticipó EL PAÍS en torno a la sentencia que resolvió el recurso de inconstitucio nalidad por la expropiación de Rumasa. La decisión del Supremo ha producido profundo malestar también en el Gobierno y en la Fiscalía General del Estado, que se habla opuesto a la apertura de diligencias previas solicitada por la querella presentada por Ruiz-Mateos.

Las mismas fuentes recordaron que la propia Fiscalía, a petición del Supremo, había informado desfavorablemente sobre la estimación de la querella como argumento fundamental por la falta de contenido delictivo de los hechos imputados, ya que la sentencia era pública desde que se firmó, y fue después de esta firma cuando EL PAÍS difundió la decisión adoptada. Asimismo estimaron "atípico" el procedimiento para la conversión, de oficio, de la inicial querella en denuncia, a pesar de sus anomalías formales y de fondo.

Por su parte, Federico Carlos Sainz de Robles, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, precisó anoche a Europa Press, en relación con este caso, "que más que una investigación, lo que ha abierto ha sido una comprobación, que se debe enmarcar en el caso de una denuncia". Aseguró que la filtración de la sentencia "no fue correcta" por lo que, a su juicio, deberá estudiarse si la responsabilidad es meramente disciplinaria o o supone una figura delictiva. Tras manifestar su "fe absoluta" en el Tribunal Consticional, se congratuló de que a sus miembros se les pidan responsabilidades, "porque es un indicio de que las instituciones funcionan y de que no hay ningún poder incontrolado".

El abogado del querellante, el letrado Crispín de Vicente, elogió el auto y anunció que ejercerá la acción popular. Página 21