La corporación no demolerá 1.200 viviendas de Parqueluz, construidas en terreno rústico en la Alameda de Osuna

El Ayuntamiento de Madrid no demolerá las 1.200 viviendas de la urbanización Parqueluz, en la Alameda de Osuna, al dejar a su criterio una reciente sentencia del Tribunal Supremo la conveniencia de derribar los bloques construidos en 1973 gracias a una licencia ilegal concedida por el Ayuntamiento. Aunque el Tribunal Supremo dictó el 9 de diciembre pasado una sentencia que confirma en todos sus extremos otra de la Audiencia Territorial, firmada en 1978, incluida la obligación de demoler y de indemnizar a los propietarios de los pisos, construidos en suelo rústico-forestal, el Supremo ha añadido un considerando en el que deja en manos de la Gerencia Municipal de Urbanismo la decisión de ejecutar el derribo, en función de lo que aquella considere de interés público. El titular de la Gerencia, Enrique Bardají, anunció ayer que el Ayuntamiento no efectuará la demolición.

El alto Tribunal, que el pasado, 9 de diciembre de 1983, ratificó la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en 1978, estima que, aunque habría que demoler las viviendas construidas en terreno rústico, deben aplicarse las normas sobre conservación de obras realizadas indebidamente, por lo que se deja en manos de la Gerencia la ejecución o no de la demolición.El Supremo adopta esta reserva por una razón de tiempo, y deja al organismo competente, en este caso, la Gerencia Municipal de Urbanismo, la aplicación del artículo 288 de la Ley del Suelo de 1956, si así lo aconseja el interés público, lo que evitará la destrucción de las viviendas.

El artículo 288 de la citada ley dice: "Si en virtud de sentencia se hubiere de desistir de la construcción o destruir alguna obra de urbanización, el juzgado o tribunal al que competa ejecutar el fallo, lo comunicará a la Comisión Provincial de Urbanismo, para que en el plazo de dos meses notifique al órgano jurisdiccional si, por motivos de interés público se impone seguir o conservar la obra, y si no lo hiciere, se entenderá que nada obsta a la ejecución."

La aplicación de una ley de 1956, en lugar de la posterior, de 1976, está. motivada en que el caso se inició en 1973. Enrique Bardají, gerente municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, rnanifestó ayer que el problema no es tan grave, pues no habrá que demoler las viviendas. Según Baradají, independientemente de la reserva hecha por la sentencia del Supremo, la irregularidad urbanística está en vías de ser subsanada.

Recuerda Bardají que hace año y medio un pleno municipal decidió solicitar a la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana (Coplaco) la modificación del Plan General de 1.963 en el sector de la Alameda de Osuna. Esta petición fue discutida y aceptada inicialmente por Coplaco.

Añadió que "el Ayuntamiento reconoce que cuando se construyeron las viviendas, en el año 1973, el terreno en el que se levantaron estaba calificado como rústico. Es cierto que había una infracción urbanística y que se concedieron las licencias irregularmente. Por estas y otras causas que afectaban a la zona se decidió regularizar la situación, lo que obligaba a cambiar el planeamiento urbanístico".

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Retraso en los trámites

Bardají manifestó que la modificación del Plan General en el sector de la Alameda de Osuna está únicamente a falta de la aprobación definitiva por parte de la Comunidad de Madrid, aunque a se pueden considerar los terrenos afectados como edificables. "Cuando se tenga la aprobación definitiva", precisó, "se concederán las correspondientes licencias, con lo que se dará el tenia por terminado".El gerente informó que la Comunidad Autónoma de Madrid no había podido aún dar la aprobación definitiva al nuevo planeamiento, pues sólo hace dos meses el Ayuntamiento remitió al ente autonómico el expediente de modificación. La razón del retraso ha sido que el cambio de planeamiento no sólo estaba motivado por el caso Parqueluz, sino también por las peticiones de equipamientos hechas por la Asociación Familiar Alameda de Osuna.

Los técnicos de la Gerencia, en este año y medio, han solucionado ambos problemas. La construcción de viviendas en Parqueluz obligaba, por un lado, a redistribuir la edificabilidad del sector. Así, varios terrenos rústicos de la zona en los que la ley permite una baja edificabilidad han sido convertidos en el expediente en zonas verdes no edificables. Ello permitirá, cuando lo apruebe la Comunidad, ampliar el par que de El Capricho.

El conflicto de la urbanización Parqueluz arranca de 1970. La empresa inmobiliaria Fincas Madrid, SA, obtuvo del Ayuntamiento de Madrid licencia de obras para edificar 1.200 viviendas sobre terrenos calificados como rústico-forestales en el Plan General de Madrid de 1963 y situados en la Alameda de Osuna. La alcaldía de Madrid estaba ocupada entonces por Carlos Arias.

En junio de 1973, la comunidad de propietarios del número 9 de la calle de Galera, en la Alameda de Osuna, presentó sendas denuncias por construcción ilegal de viviendas en terreno rústico-forestal ante la Gerencia Municipal de Urbanismo y ante la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid (Coplaco). La Gerencia respondió con el silencio a la denuncia presentada, por lo que los vecinos recurrieron por la vía contencioso administrativa en marzo de 1974 ante la Audiencia Territorial.

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