Responsables del cine y del vídeo consideran positivo el real decreto contra la piratería

Los sectores de distribución e importación de películas y los que directamente comercian con el legal han recibido con satisfacción el real decreto por el que se regula la venta, distribución y exhibición pública de material audiovisual, que fue aprobado el miércoles pasado por el Consejo de Ministros. Estos medios consideran en general muy positivo que el Gobierno haya, mostrado sensibilidad ante un problema que, entre otras consecuencias, había provocado ya un mercado sumergido de más de 100.000 millones de pesetas.

En medios de la Administración implicados en la aplicación del real d...

Los sectores de distribución e importación de películas y los que directamente comercian con el legal han recibido con satisfacción el real decreto por el que se regula la venta, distribución y exhibición pública de material audiovisual, que fue aprobado el miércoles pasado por el Consejo de Ministros. Estos medios consideran en general muy positivo que el Gobierno haya, mostrado sensibilidad ante un problema que, entre otras consecuencias, había provocado ya un mercado sumergido de más de 100.000 millones de pesetas.

En medios de la Administración implicados en la aplicación del real decreto -ministerios de Cultura, Interior y Sanidad y Consumo- se han resaltado las ventajas que la nueva normativa va a reportar a los consumidores y a los autores de obras -principalmente cinematográficas grabadas en vídeo. La Administración empleará a partir de ahora mayores recursos humanos y técnicos para combatir la piratería en el vídeo que ha sorprendido en los últimos años a los países industrializados más avanzados.El real decreto, que ha estado esperando varias semanas su turno en el Consejo de Ministros desde que fuera rechazada inicialmente su aprobación para ser estudiado más en profundidad porque afectaba a las competencias de varios ministerios, consta de una introducción, en la que se recoge la filosofía de las medidas, cuatro artículos, una disposición final y otra derogatoria. En la parte introductoria el real decreto hace una clara referencia a las deficiencias de anteriores regulaciones, que se ocupaban más del control del contenido del material audiovisual que de la protección de los derechos de autor de la obra.

"La inconstitucionalidad de este sistema", se explica en el real decreto, "unida a la expansión mundial de la distribución, venta y exhibición pública de reproducciones ilegales de obras originales usando como soportes los diversos tipos de material audiovisual, ponen de relieve la urgente necesidad de actualizar la regulación de la exhibición pública de dicho material a fin de preservar dentro del firincipio de libertad de expresión los legítimos derechos, tanto del titular de los derechos de explotáción de la obra original como los del público receptor".

Certificado de calificación

En el articulado el real decreto dispone en primer lugar que la exhibición pública, distribución y venta de material aud:lovisual requerirán la previa obtención de un certificado de calificación por edades, que será expedido por el Ministerio de Cultura previa solicitud en la Dirección General de Cinematografía.Por otra parte, los locales en los que se pretenda exhibirse material audiovisual se someterán a la normativa ya existente de Reglamento General de Policía de Espectáculos, y si este material audiovisual es una reproducción de obras cinematográficas se ajustará, sin excepción, a las normas reguladoras de las salas de exhibición cinematográfica.

El certificado de calificación expedido por él Ministerio de Cultura acompañará a cada una de las copias que se destinen a la venta, distribución o exhibición pública. Cuando se expida para más de 50 copias será suficiente que en el. soporte o carátula de cada copia se transcritia impreso el contenido literal del certificado.

Cuando el contenido del material. audiovisual sea mera repro.ducción de una obra cinematográfica calificada por el Ministerio de Cultura, se otorgará a aquella misma calificación que en su día fue otorgada a esta última. En estos casos se especificará que dicho material audiovisual no puede ser exhibido fuera de las salas de exhibición cinematográfica.

Las infracciones de estas normas podrán ser sancionadas por los ministerios de Cultura, de Interior y de Sanidad y Consumo en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de espectáculos públicos, actividades cinematográficas y consumo. Cuando existan indicios de responsabilidad criminal, se pasará el tanto de culpa a los tribunales competentes. Los tres ministerios citados dictarán disposiciones para ejecutar y desarrollar este real decreto.

Defensa del autor y del consumidor

Para la directora general de Cinematograria, Pilar Miró, la ventaja más importante que puede aportar la aplicación de estas medidas, es precisamente que, tiende a defender los derechos del autor y los del consumidor. "Al regular la piratería y la exhibición que afectaban hasta ahora gravemente a la industria del vídeo y de la cinematografía, se opera indirectamente sobre los derechos del autor y del consumidor".Según ha manifestado Pilar Miró, este real decreto es una medida de urgencia que era muy necesaria porque la piratería había desbordado en los últimos siete meses el mercado español, pero que deberá ser completada y superada en profundidad por una ley de los medios audiovisuales que tenga presente el constante cambio de sistema y soportes . audiovisuales".

La directora general de Cinematografía explica que a partir de ahora las medidas sancionadoras tienen que ser muy fuertes -desde multas de varios millones de pesetas hasta el cierre de locales- "para lo que tendremos que contar con la coordinación imprescindible de los medios de los ministerios del Interior y de Sanidad y Consumo. Como primera medida habrá que cerrar los centros que anuncian la venta o exhibición de. vídeos piratas. Por otra parte los bares de muchos pueblos serán cerrados si continúan exhibiendo películas en vídeo sin cumplir los requisitos de exhibición cinematográfica".

Aunque los sectores más significativos del mundo empresarial del cine se encuentran estudiando a fondo el contenido del real decreto, en la Asociación de Distribuidores e Importadores Cinematográficos de Ámbito Nacional (Adican) se ha registrado una reacción positiva.

El secretario general de esta asociación, Antonio Recoder, ha explicado que esta nueva normativa "demuestra ante todo la voluntad del Gobierno por poner orden en el caos existente y recuerda al Ministerio del Interior que cumpla la legislación vigente y además recoge un elemento nuevo y altamente positivo: la defensa del consumidor, dado que va a poder actuar a partir de ahora el Ministerio de Sanidad y Consumo".

También los empresarios más relevantes de la producción y distribución de vídeos en España, que están estudiando las consecuencias del real decreto, estiman que la aprobación de esta nueva normativa supone un avance con respecto a la situación anterior porque indica, entre otras cosas, una mayor sensibilidad de la Administración hacia estos problemas.

Juan Porit, secretario general de la Asociación Videográfica Española (Ave), ha dicho que la impresión del comité ejecutivo de esta asociación es positiva, "sobre todo porque confiamos en un desarrollo posterior del articulado del real decreto y porque esta norma va unida a otra del Ministerio de Sanidad y Consumo, recientemente publicada en el BOE, en la que se contempla que a todos aquellos que fabriquen o comercialicen productos ilegales se les impondrán multas que van desde 50.000 pesetas a 100 millones de pesetas".