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Tribuna:

Los efectos perversos de la información

El nudo gordiano de la información está ahí: la razón de su principio (razón de ser) que impugna todo límite que le sea ajeno, frente a las razones de contexto político, coherencia ideológica y eficacia social (razones de su hacer), que le llevan a autolimitar el flujo de su propio proceso. Pero nudo que no puede cortarse, pues la prevalencia de un polo sobre otro pervierte radicalmente, por exceso o por defecto, la función informativa, al invertir la significación dominante de su contenido significativo explícito.Situado en nuestra peripecia de hoy, este axioma nos ayuda a comprender por qué el tratamiento informativo que los medios democráticos de comunicación han dado y, en alguna medida, siguen dando al tema de la sedición militar, lejos de contribuir a su esclarecimiento, refuerza el proceso de fragilización social de la democracia española. Desde una triple perspectiva: a) En cuanto concede una importancia política capital a las Fuerzas Armadas y las constituye referencialmente en el otro gran protagonista de la vida pública española; b) en cuanto presenta los comportamientos y las motivaciones de los sediciosos desde sus presupuestos formales y, al normalizar la conjura y a los conjurados, los convierte en actores cotidianos, pero privilegiados, de otro modo de intervención política; c) En cuanto no contextualiza políticamente las manifestaciones y las acciones públicas -legales o no- del estamento militar y las dota, en consecuencia, de una vigencia, emblemáticamente, meta-ideológica.

Sobre todo en una sociedad como la actual, en la que sólo podemos ver y creer en los signos, las imágenes, los mitos. O, formulado con mayor precisión, los procesos mitogénicos de la sociedad contemporánea operan la paradigmatización de aquellos aconteceres sociales a los que quiere otorgarse valor fundante, mediante la cancelación de sus referentes y la incorporación al imaginario social de sus significantes genéricos, a los que, en el marco de la constitución del discurso social dominante, se confiere la función de símbolos-soporte de la existencia colectiva.

Un solo ejemplo: el proceso del 23-F, ayer en su versión castrense, hoy en su apelación ante el Tribunal Supremo y, para no ofender a nadie, escogido en casa: EL PAIS y su práctica ínformativa del juicio militar. Que pudo haber sido otra si el llamado pacto del Palace, en el que representantes de la Prensa democrática contemplaron la posibilidad de someter la información sobre el juicio del 23-F a un autocontrol voluntario, se hubiera mantenido. Es más, este periódico, en un lúcido editorial de fecha 9 de febrero de 1982, intentó fundamentarlo. Pero acabó entrando en la corriente general. Veamos cómo.

EL PAIS dedicó de cuatro a cinco páginas diarias -con publicidad inferior a la media- a informar sobre el proceso del 23-F, y su localización se situó en la sección Nacional, inmediatamente después de las páginas de Opinión. Este espacio se iniciaba con un reportaje personalizado del primer subdirector del periódico, José Luis Martín Prieto; continuaba con un relato de la sesión correspondiente y solía incluir, en recuadro, un comentario -con frecuencia, de Miguel Ángel Aguilar- y otras noticias relacionadas con el tema. La organización del espacio textual era más bien circular que en pirámide, incluyendo reiteraciones frecuentes y en ocasiones hasta cuatro repeticiones de algunas frases.

Los resultados de la investigación del grupo español de Comunicación y Cultura mostraron que apenas el 9% de una muestra representativa decían haber leído las cuatro/cinco páginas analizadas, confirmando con ello el modo inicial propio de la lectura actual de periódicos -sobre todo de los ámbitos de noticias-, que el propio periódico conoce bien, y que le ha llevado a multiplicar y extender los leads que preceden la mayoría de los, artículos.

Así pues, nuestro diario dedicaba a un juicio militar sobre militares, que reenviaba unívocamente al colectivo que representaba, las Fuerzas Armadas, más extensión que a ningún otro acontecimiento político o social -Constitución incluida- en la

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corta historia de la última democracia española, lo situaba no en Sociedad y entre las actividades de las grandes instituciones sociales, sino en la posición privilegiada del espacio político del diario, sometía su tratamiento al principio de la reiteración y confiaba su protagonismo a uno de sus principales protagonistas institucionales. La agregación de significantes específicos -mayor extensión, posición privilegiada, reiteración, protagonismo institucional- y la neutralización del significado -la expansión de la noticia lleva a su elusión lectiva, se sabe sin leerla- convergían en la constitución de un significante global, las Fuerzas Armadas como centro de la vida política española.

La tendencia a la identificación parcial con el acusado, que se produce en el espectáculo de todo juicio, se confirma cuando los elementos analógicos, que le afectan en la representación, tienen valor positivador, llegando incluso a establecerse una reversión metonímica entre jueces y procesados cuando la positivación es muy elevada. A los efectos de nuestro análisis, era obvia la función ennoblecedora de toda la imaginería del juicio: la disposición de la sala, los sillones de los acusados, los uniformes y las condecoraciones, la deferencia como principio de interacción entre los actores, el honor como invocación permanente que, desde la perspectiva del significante, hacía incongruente su eventual condición de culpables. Para equilibrar esta organización formal del juicio y separar netamente a los acusadores de los acusados, hubiera sido necesaria una presentación personal de estos últimos que, al igual que sucede habitualmente en los juicios, se apoyara en sus características intrínsecas negativas, para fundar su presunta culpabilidad y explicar la condición anímica de sus comportamientos. Como todos sabemos, no sucedió así. Ni por parte de la acusación procesal ni de la información periodística.

Los acusados y sus defensores, por vía directa y aseverativa, mediata e implicativa, negadora y elusiva, se empeñaron, casi sin excepción, en hacer del Jefe del Estado el deus ex machina de aquella maquinación. El propósito era incumplible en cuanto que la vigencia democrática de Juan Carlos de Borbón -más allá de su origen institucional- derivaba precisamente de su actuación aquella noche. Pero el énfasis informativo en este punto, juntamente con la ausencia de noticias precisas sobre lo que ocurrió en la Zarzuela entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche del 23-F, la falta de datos convincentes sobre la salida de Adolfo Suárez y el papel que en la misma desempeñaron el Rey y las Fuerzas Armadas, la contigüidad a la Corona del general Armada y sus sorprendentes fintas, dudas y silencios en el juicio, produjeron un halo de perplejidad en tomo a la figura del Jefe del Estado. Lo cual, aparte de injusto para su persona y sus convicciones presentes, hubiera podido ser en otro hipotético decurso, dramáticamente importante para la credibilidad social de la Monarquía democrática.

Concluir de este sumarísimo análisis que lo que procedía era haber suprimido toda información sobre el 23-F sería un puro contrasentido. Al contrario. Lo que de él se deduce es que la libertad para informar, que debe ser total (y que hace absolutamente inaceptable la exclusión definitiva de Pedro J. Ramírez y la temporal de Miguel Ángel Aguilar), sólo puede funcionar, efectivamente, si tiene en cuenta el contexto en el que se produce la transmisión de la información y sus estructuras receptivas. De otra manera, las servidumbres de la recepción pervierten siempre la voluntad informativa.

Más en concreto. El desarrollo del juicio probó que el contenido informativo, directamente derivado de él, no podía ir más allá de la anécdota golpista, cuyos elementos esenciales ya se conocían. Por lo que su relevancia tenía que ser, y fue, fundamentalmente, política e ideológica. Y ahí es don de falló el tratamiento informativo. Porque si procesalmente no cabía -¿no cabía?- la deslegitimación profesional y la invalidación personal de los acusados, lo que no sólo cabía, sino que era imperativo, era su descalificación ideológica y política.

Es decir, que constituirse en resonador, aun crítico, de los datos y de la imagen que cualquier conspiración militar ofrece de sí misma, es entrar en su juego, pues la lectura icónica propia de nuestra contemporaneidad, a que me he referido antes, acaba convirtiendo al informador en heraldo. De lo que se trata es de sacar a la luz -periodismo de investigación- la parte sombría de la maquinación, sus complicidades civiles, sus apaños institucionales, sus turbiedades económicas. De lo que se trataba en este caso era de debelar su afirmación franquista.

Había, pues, que haber proclamado muy alto que el régimen que reivindicaban los golpistas y sus aliados políticos (franquistas frontales o franquistas vergonzantes, y mediante partido democrático interpuesto), en el que apoyaban su legitimidad profesional y pública y en el que inspiraban, más o menos inmediatamente, su proyecto colectivo, además de impresentable por su vetustez e incongruencia con la sociedad española de hoy y con el contexto internacional, ha sido uno de los más corruptos e incompetentes de la historia contemporánea española.

Sólo desde esa escritura política contextualizadora cabía, cabe, una lectura ideológicamente pertinente del golpismo y de su consorcio civil. Sólo desde ese horizonte paleopolítico son inteligibles la violencia involutiva y sus fracasos. Lo demás es meternos, y al lector con nosotros, en la trampa de la anécdota, prestamos a la perversión significativa de la noticia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 5 de mayo de 1983

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