Mercamadrid, un proyecto ambicioso de Arias Navarro puesto en marcha por la corporación de izquierda
El 2 de abril de 1973, hace exactamente 10 años y 26 días, el Ayuntamiento de Madrid, que entonces presidía Carlos Arias Navarro, firmaba un convenio con la empresa nacional Mercasa para constituir lo que hoy es Mercamadrid. El aumento progresivo de los presupuestos, la paralización de las obras, que pronto comenzaron a hacer aguas, y la completa falta de planificación convirtieron este proyecto del antiguo régimen en uno de los mayores logros de la gestión de la primera corporación democrática, dirigida por socialistas y comunistas y en concreto, de la Delegación de Abastos y Mercados del Ayuntamiento madrileño.
"A pesar de todas las críticas y las presiones que sufrimos en un principio", dice Eulogio Malo, delegado de Abastos, "la apertura de Mercamadrid ha supuesto una mejora sustancial en cuanto a volumen de mercancías, precios y controles sanitarios, y un beneficio para el abastecimiento de los madrileños. Lo cierto es que, pasados los primeros días, no se han vuelto a oír voces en contra y yo creo que ahora existe una mayor compresión entre los mayoristas y nosotros".La Unidad Alimentaria de Mercamadrid, que comprende los mercados centrales de frutas, verduras y pescados, quedó abierta definitivamente en enero del presente año, culminando así un largo proceso de discusiones del que no ha estado exento el mismo partido socialista. Cuando hace 10 años el Ayuntamiento firmó el convenio con la empresa nacional Mercasa, se acordó crear la empresa mixta Mercamadrid con un capital social de 600 millones, de los cuales el municipio contaría con el 51% de las acciones, Mercasa el 48,62% y el resto se repartía entre varios asentadores. También en esa misma época, según rezaba el primitivo informe, el Gobierno acordó que se adelantaran las obras relativas al cuarto cinturón en el tramo comprendido entre las carreteras de Andalucía y Valencia, con una longitud aproximada de siete kilómetros. El mismo informe aseguraba que los trabajos de explanación se estaban desarrollando con las máximas garantías técnicas.
Sin embargo, ninguna de estas previsiones se cumplió. El presupuesto se fue incrementando año a año, a medida que se iban ampliando las obras; los terrenos, a juicio de los expertos, no eran los más adecuados y las naves levantadas empezaron a mostrar las primeras grietas en diciembre de 1979. El cuarto cinturón está todavía sin realizar, a pesar de que el equipo actual del Ayuntamiento asegura que podrá entrar en servicio a finales de año. De hecho, el haber inaugurado las instalaciones antes de que el Ministerio de Obras Públicas hubiera iniciado las obras del cuarto cinturón y las de la carretera comarcal 602, Vallecas-Villaverde, ha sido una de las principales críticas que ha recibido la Delegación de Abastos por el caos que esto podría haber originado en la circulación de esta zona, donde se preveía un aumento en el tráfico de 5.000 vehículos diarios.
Pero no fue ésta el único obstáculo que encontró el equipo de la Delegación de Abastos. El anterior concejal, Luis Rufilanchas, que dimitió en abril del año pasado en solidaridad con el caso Puerta, fue el centro de las iras de los asentadores de los mercados centrales, que se negaron a efectuar el traslado debido, sobre todo, a las altas tarifas que se habían fijado para la concesión de los puestos y a la prohibición de traspaso y cesión de los mismos. Tras unas tensas negociaciones, donde los asentadores estuvieron representados jurídicamente por el abogado socialista Fernando Albero, y la salida de Abastos de Luis Rufilanchas, que representaba dentro del Ayuntamiento la línea dura de la izquierda del PSOE, se desbloquearon las negociaciones. El nuevo equipo, dirigido por el concejal García Horcajo, negoció el acuerdo definitivo en el que se rebajaban sustancialmente los alquileres de los puestos y se permitía su cesión por herencia. En total, la in versión municipal ha ascendido a los 7.000 millones de pesetas. La última crítica en este aspecto se centra en la falta de previsión con que se ha planeado el desalojo de los antiguos mercados centrales.
Superado el escollo que supuso Mercamadrid, los responsables de la Delegación de Abastos consideran, "sin querer parecer inmodestos", que esta delegación ha conseguido logros importantes en cuanto a actuaciones, sobre todo en un sector donde "las soluciones que se tomaban eran siempre coyunturales". Un ejemplo de la falta de actuación era el reparto de la carne, que se realizaba en régimen de concesión y que le costaba al Ayuntamiento 300 millones de pesetas al año. La intervención del reparto, como se puede suponer, ha significado un cuantioso ahorro a las arcas municipales. Concretamente, el déficit de la Delegación de Abastos ha pasado de un 5151. a un 24,7%, mientras que el presupuesto se ha visto aumentado en 372 millones de pesetas.
Dentro de este presupuesto hay que engrosar los 245 millones en que se han adjudicado las obras de remodelación del matadero municipal, para el que se ha previsto una reducción de la superficie que actualmente ocupa, unido a la modernización de las instalaciones y a la adecuación del edificio a las condiciones técnico-sanitarias que exige la ley. En un principio, el matadero municipal, obra neomudéjar de principios de siglo, del arquitecto Bellido, estaba previsto que se convirtiera en zona verde, tal y como se había acordado en la ley Arganzuela. Sin embargo, la inclusión de este edificio en el Plan General de Madrid y la defensa del mismo por la Gerencia de Urbanismo, ha salvado al edificio de la piqueta.
La inspección de abastos, un tema de competencias
Por otro lado, se ha realizado una importante inversión en la mejora de los siete mercados municipales de gestión directa, en los que, como innovación especial que beneficia a los consumidores, se ha obligado a los comerciantes a marcar los productos con el precio de origen y con el precio al público. También la Delegación de Abastos intenta acabar, a largo plazo, con los mercados de concesión, y propicia las subrogaciones de los mismos a las asociaciones de comerciantes.
Otra medida, considerada como importante por el equipo municipal, ha sido la derogación del reglamento de las galerías de alimentación. El efecto de la medida ha ido encaminado a acabar con el régimen de oligopolio con el que se creaban las galerías y con la especulación inmobiliaria que han provocado.
La venta ambulante supuso un enfrentamiento entre los comerciantes y la Delegación de Abastos. Mientras los primeros hablaban de competencia desleal y se agrupaban en torno a las Cámaras de Comercio, los responsables de Abastos y Mercados prefirieron aceptar el hecho de la venta callejera como una realidad social a la que no había que reprimir, sino ordenar y regular. De esta manera se llegó a la puesta en vigor de la ordenanza por la que se autorizaron los mercadillos en distintos barrios y zonas controladas, en los que se permite vender cualquier tipo de objeto. En cuanto a los productos alimenticios, sólo se ha permitido la venta ambulante de frutas, con el fin de proteger a los consumidores. Desde entonces se han realizado 14.217 intervenciones en la vía pública procedentes del decomiso de los géneros de alimentación, que fueron entregados a centros e instituciones benéficas. Sin embargo, lo que no controla la Delegación de Abastos es la actuación de la Policía Municipal en la vigilancia de la venta ambulante, lo que ha dado motivo, en algunas ocasiones, a situaciones de violencia y a enfrentamientos directos entre vendedores y policía.
Igualmente, se han regulado los canales alternativos gracias al registro municipal que se instituyó en octubre de 1980. Los canales alternativos permiten la venta directa de los productos perecederos y semiperecederos sin pasar por el mercado central.
Entre todos los puntos que competen a la Delegación de Abastos y Mercados, la inspección es el peor resuelto. A pesar de que tanto el anterior concejal Luis Rufilanchas, como el actual, García Horcajo, consideran que la actual plantilla de 75 funcionarios es suficiente para todo Madrid, lo cierto es que la preparación y el número todavía siguen siendo escasos. De los inspectores de Abastos se ha llegado a decir que eran ignorantes y poco preparados, pero lo que desde luego se puede asegurar es que no están preparados para la vida moderna. Este cuerpo, que fue creado para reprimir el estraperlo de la posguerra, nunca podría pensar que se iba a enfrentar con un envenenamiento masivo como el que ha producido el síndrome tóxico. La Delegación de Abastos acaba de convocar oposiciones para cubrir 20 plazas de inspectores, en donde el nivel mínimo que se exige es el bachillerato superior.
Sin embargo, el sistema de inspección sigue encontrándose con el muro de las competencias y con la falta de una ley de Régimen Local que dote a los municipios de un poder sancionador real y les amplíe las competencias, aproximándoles más a la Administración central. La multa máxima que puede imponer el Ayuntamiento es de 25.000 pesetas. Esta cantidad es a todas luces insuficiente en relación a la importancia de los fraudes que pueden caber en los límites de la competencia municipal.
Mañana:
Entrevista: Jorge Verstrynge.
Informe: Presión fiscal.
