Las huelgas generales
Muy poderosas tienen que ser las razones para que una ciudad paralice su actividad productiva al cien por cien, tomando parte de una manifestación el 80% o 90% de sus habitantes. Si ello sucede por tercera vez, en un plazo de cinco meses, en puntos distantes de la geografila española -Gijón, Sagunto, Vigo-, hay que concluir que nos encontramos ante reflejos de un problema general, más que ante fenómenos localistas.
Que el problema es de fondo se deduce, directamente, del grado de participación de la población en manifestaciones que mañana pueden reproducirse en otras capitales mientras el problema de fondo, la caída de la industria y el desempleo, sigan progresando. Lo que está en el tapete, lo que estas huelgas generales cuestionan, en suma, es la política económica del Estado. La salida para tal o cual empresa o sector en crisis es, en este contexto, tributaria de la alternativa general con que el Gobierno afronte la grave situación económica de España.En este sentido hay que entender la llamada de atención de la huelga de Vigo. Hacer oídos sordos a esta llamada supone, desde luego, alejarse de la realidad. La conclusión política que los hechos imponen implica un golpe de timón en la política económica. Urge una política industrial audaz contra la crisis -hoy no existe tal cosa-, cuya instrumentación pasa por convocar ya la segunda mesa de negociación, por mantener e incrementar el papel de la inversión pública (y la creación de condiciones favorables para la inversión privada de la pequeña y mediana empresa), frente a las resistencias de la banca y los grandes empresarios, cuantificando, concretando, en definitiva, la previsión de crear 800.000 puestos de trabajo en cuatro años, objetivo que hoy por hoy aparece ante la gente como una promesa electoral, como una abstracción; de ahí, las movilizaciones. Hay que reconocer que el tema se presta con dificultad a una política de gestos...
¿Por qué, después de cinco años de Gobiernos UCD, tienen lugar tres huelgas generales locales en cinco meses de Gobierno PSOE?¿Se trata de un hecho positivo o negativo? En mi opinión, positivo. Estamos ante una prueba evidente de cómo el 28 de octubre significó un hito en la consolidación del sistema democrático. Que se pueda realizar en un ambiente de paz ciudadana, incluso festivo, una huelga general como la de Vigo, huelga legal notificada por sectores y territorialmente, hasta por empresa, cuando el recuerdo más inmediato de una huelga general tenía como referencia la de septiembre de 1972, reprimida por la dictadura, denota un alto índice de madurez de la democracia española.
Hay que crear empleo
No se trata tanto de que la crisis industrial se agravara durante es tos últimos meses como que la vic toria del PSOE el 28-O es causa -y efecto- de una reactivación del movimiento obrero. La profundidad de la corriente de cambio exteriorizada electoralmente el 28-O, está reflejándose también en el terreno reivindicativo y social, con independencia de la actitud de los partidos de izquierda, del PSOE, del PCE. Si bien los comunistas opinamos, a diferencia del PSOE que para la estabilización del cambio y, por tanto, de la democracia, no basta con la mayoría parlamentaria, es indispensable la mayoría social y la participación del pueblo en la vida política a través de to dos los mecanismos previstos por la Constitución.
Precisamente este modelo participativo de democracia, en la coyuntura actual, la idea de que es imprescindible actuar para que el problema número uno que tiene que resolver el cambio, el paro, encuentre vías de solución, de no dar un cheque en blanco al Gobierno por muy bien intencionado que sea, de no reducir la intervención política al voto de cada cuatro años, es lo que se ha evidenciado con una claridad meridiana el 15 de abril en Vigo, y anteriormente en otras localidades. Los sectores sociales resistentes a una altemativa progresista a la crisis, al incremento de la inversión pública, a la profandización de la reforma fiscal, a la participación de los trabajadores en las instituciones económicas, etcétera, tienen otros canales para hacer valer su opinión ante el Gobierno PSOE: controlan el poder económico. Los trabajadores necesitan, sin embargo, movilizar la opinión pública para facilitar la acción del Gobierno en la dirección que favorece los intereses de la mayoría, los intereses del país. El hecho de que las nuevas autoridades sean socialistas potencia esta dinámica de movilizaciones: los trabajadores de las empresas, ramas y territorios más afectados por la crisis saben que, naturalmente, el Gobierno PSOE será más sensible a sus reivindicaciones que anteriormente los Gobiernos UCD, puesto que fue merced al voto de los trabajadores, sobre todo, cómo el PSOE accedió a la Moncloa.
Las reivindicaciones anticrisis se expresan en cada lugar con una dimensión sectorial, comarcal, por su propio grado de espontaneidad. La elaboración de un plan de tres años de creación de empleo implica la adopción de unos criterios objetivos de solidaridad entre las zonas, según el número de parados, la renta per cápita, la tasa de emigración, etcétera, que evitarían el peligro de corporativismo y de pugna entre unas zonas y otras, peligro más aparente que real. En fin, ése no es el problema, el problema es que hay que crear empleo.
Por otro lado, la actitud de las instituciones y organizaciones democráticas en la huelga de Vigo apunta, en pequeña escala, unos interrogantes sobre los que es conveniente reflexionar.
En primer lugar, el protagonismo, la capacidad unitaria y de convocatoria de los sindicatos CC OO, UGT e INTG, que consiguieron, a pesar de la opinión contraria a la huelga de la CEOE y los partidos mayoritarios, la adhesión activa y unánime de las capas sociales no obreras de la ciudad, que adoptaron formas de lucha propias de movimiento obrero. ¿No plantea esto la cuestión del cambio y la consolidación sindical: devolución del patrimonio, ampliación de las atribuciones sociales y presencia de los sindicatos en las instituciones...?
En segundo lugar, el desfase entre representantes y representados. La abstención electoral en Vigo es muy alta, en ocasiones se ha acercado al 50% del censo. Sin embargo, en la acción del 15 de abril prácticamente no hubo abstención. Ni el Ayuntamiento ni la Diputación ni la Xunta de Galicia estuvieron presentes en un acto cívico calificado por todos como histórico para Vigo y Galicia. Salvo el PCG y otros grupos de izquierda, los partidos políticos (especialmente los mayoritarios) no comparecieron, aunque sí, obviamente, sus electores. AP trató, posteriormente, de capitalizar la huelga contra el Gobierno central por razones electoralistas. Cuando, en realidad, los estribillos más populares coreados por los manifestantes pusieron en evidencia al Gobierno autónomo de AP. Pero fue la decisión del PSOE de no participar en la mesa comarcal de negociación de la crisis convocada por los sindicatos, primero, y en la preparación y realización de la huelga, después -que motivó la negativa del alcalde de Vigo a tomar parte en las acciones del 15 de abril-, lo que bloqueó la intervención del conjunto de los partidos en el problema y en su solución.
