Aprobada definitivamente la reforma de la prisión preventiva, que permitirá la libertad de miles de reclusos

El Pleno del Senado aprobó ayer, por amplia mayoría, el proyecto de ley de reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, sin modificaciones respecto al proyecto enviado por el Congreso, que modifica la regulación de la prisión preventiva. Esto implica que el proyecto, tras la sanción real, se publicará inmediatamente en el Boletín Oficial del Estado. El rechazo de todas las enmiendas planteadas a lo largo de la jornada de ayer por los senadores de la oposición, responde al interés del partido del Gobierno por aprobar la ley de Enjuiciamiento Criminal con la máxima urgencia, debido a que afecta...

El Pleno del Senado aprobó ayer, por amplia mayoría, el proyecto de ley de reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, sin modificaciones respecto al proyecto enviado por el Congreso, que modifica la regulación de la prisión preventiva. Esto implica que el proyecto, tras la sanción real, se publicará inmediatamente en el Boletín Oficial del Estado. El rechazo de todas las enmiendas planteadas a lo largo de la jornada de ayer por los senadores de la oposición, responde al interés del partido del Gobierno por aprobar la ley de Enjuiciamiento Criminal con la máxima urgencia, debido a que afecta a varios miles de presos preventivos, que con la nueva regulación saldrán en libertad provisional.

El primer grupo parlamentario de la oposición, el Grupo Popular, de Manuel Fraga, volvió a demostrar ayer su rechazo en el Senado, al igual que ya lo hiciera en su día en el Congreso, al proyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal, por entender que "roza la inconstitucionalidad" y provoca un estado de indefensión constante en los ciudadanos.Por estas razones, el Grupo Popular intentó rechazar este proyecto durante toda la tarde de ayer, primero con una propuesta de veto, después con una enmienda a la totalidad, y finalmente mediante enmiendas a los artículos y con las correspondientes votaciones en contra. No obstante, la mayoría socialista absoluta impidió que ninguna de estas acciones parlamentarias prosperaran. Al final de la sesión, el proyecto de ley fue aprobado con 120 votos favorables, 33 en contra y 8 abstenciones.

Los argumentos que emplearon durante los debates de ayer los senadores que intervinieron, pueden resumirse en dos grandes bloques: por un lado, los defensores del texto, los socialistas, alegaron que la ley es absolutamente necesaria porque, en palabras del senador Miguel Cid Cebrián, todas las personas que aún no han sido juzgadas son, según la Constitución y las leyes españolas, inocentes, y como los presos preventivos, como su propio nombre indica, aún no han sido juzgados, son, en consecuencia, inocentes.

"Por ello", dijo este senador, "nosotros no podemos estar tranquilos cuando hay miles de inocentes hacinándose en las cárceles". La consideración -defendida tanto por Cid Cebrián como por el senador Rafael Nadal- de que "las cárceles españolas son academias donde se imparten cursillos acelerados de delincuencia" fue otro de los argumentos empleados por los socialistas para sacar adelante el proyecto de ley.

Indulto subterráneo

Por otro lado, representantes del Grupo Popular y algunas enmiendas de las minorías vasca y catalana reflejaban el criterio de que la ley de Enjuiciamiento Criminal implica, de hecho, "la extinción de la prisión preventiva" -al menos así lo entendió el senador de Alianza Popular José Luis Aguilera-, y, en consecuencia, como subrayó el senador Fernández de la Madrid, también del Grupo Popular, "se va a producir la terrible, preocupante y lacerante situación de que miles de individuos profesionales del delito van a estar pululando impunemente por nuestras ciudades, nuestras calles y nuestros pisos".

El texto de la propuesta de veto que defendieron los senadores del Grupo Popular se basaba en que el artículo 24.1 de la Constitución salvaguarda la defensa de los ciudadanos, y esta defensa puede verse afectada, en su opinión, "al dejar a la sociedad inerme ante la soltura de miles y miles de delincuentes, muchos de ellos autores de graves delitos, y otros, multirreincidentes", argumento que le sirvió para alegar la posible inconstitucionalidad de la ley.

La propuesta de veto del Grupo Popular pedía la devolución del proyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal al Gobierno, por entender que en la práctica iba a ser un "indulto subterráneo", y en lugar de su tramitación solicitaron "la articulación urgente de una ley orgánica y procesal coherente que sirva a los fines de una justicia eficaz".

El socialista Miguel Cid les replicó diciendo que "no podemos consentir la situación de tantas personas inocentes hacinadas en las cárceles mientras sesudos legisladores emplean dos años en hacer una ley impecable".