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Debate en el Congreso sobre la expropiación de Rumasa

El Estado solicitará ayuda al Fondo de Garantía de Depósitos en el caso Rumasa

El decreto de expropiación de los bancos y otras empresas del grupo Rumasa no significa, en palabras del ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, que dicha medida no vaya a suponer un coste para el conjunto del sistema financiero, ya que se solicitarán las ayudas necesarias al Fondo de Garantía de Depósitos para la solución de la crisis financiera de los bancos.

Dicha afirmación la formuló el ministro de Economía en contestación a José Miguel Bravo de Laguna, portavoz del grupo centrista y ex subsecretario de Presupuestos, cuando éste se mostró sorprendido de que, corriendo el Estado con todos los costes del saneamiento de Rumasa, algunas empresas y bancos fueran a volver al sector privado.El ministro de Economía inició la segunda parte del pleno del Congreso afirmando que nadie hasta el momento había discutido la necesidad de que el Estado interviniera en Rumasa. En su opinión, la interpretación, del derecho no puede ir contra la lógica y parecía prioritaria la decisión adoptada. Ante varias preguntas que le habían sido formuladas en la primera sesión, celebrada el martes, el ministro de Economía respondió que se habían barajado todas las alternativas posibles.

Como primera de ellas, afirmó, se planteaba la posibilidad de continuar con los viejos métodos de amonestaciones y sanciones que no habían tenido ninguna repercusión positiva. Una segunda alternativa pasaba por la intervención de los bancos, con apoyo del Fondo de Garantía de Depósitos o del Banco de España, pero manteniendo los órganos de decisión y la titularidad del capital en manos de sus antiguos dueños. Para Boyer, esta posibilidad era impracticable por la singularidad de Rumasa, que es un grupo industrial que controla bancos y no al revés.

Otras soluciones posibles apuntadas por el ministro habrían sido que la Administración se inhibiera de la situación del grupo de Rumasa y esperara a que se produjera la quiebra con la suspensión de pagos del holding, lo que provocaría un desastre económico de relativa importancia. Por último el ministro señaló que la alternativa posible era la asunción de la propiedad por parte del Estado que es, en definitiva, la que se ha utilizado.

Los medios financieros

El ministro señaló, también, que la medida tomada había sido entendida por el pueblo llano como protectora de los intereses de los ahorradores, accionistas, y de los dos en las empresas de Rumasa. También los medios financieros españoles han entendido esta solución, ya que no se han rasgado las vestiduras, porque el decreto de expropiación pudiera significar un cambio en las intenciones recogidas en el programa electoral socialista. Al respecto citó el comunicado que la Asociación de Banca Privada hizo público tras la publicación del decreto.José Miguel Bravo de Laguna, ex subsecretario de presupuestos del último gabinete de UCD y portavoz en esta ocasión del grupo centrista, intervino para afirmar que su grupo votaría en contra de la convalidación, porque consideraban que se vulnera la Constitución y porque no les habían convencido los argumentos del ministro de Economía acerca de si había otras alternativas. Para Bravo de Laguna la solución adoptada es la más costosa de todas, máxime si se cumplen las promesas del Gobierno de devolver a la iniciativa privada algupas empresas y barcos, que van a ser saneadas con cargo al dinero del Estado.

El portavoz centrista señaló que le parecía raro que si el lunes 21 de febrero el ministro de Economía y Hacienda todavía consideraba que había una posibilidad de que continuara la actividad de Rumasa como sociedad privada, no entendía que dos días después la única alternativa fuera la expropiación. Después de señalar que el saneamiento con cargo al Estado significa encarecer el propio reflotamiento, ya que la banca privada no participarla con sus cuotas en la financiación de dicha crisis, se fialó que le sorprendía que el ministro de Hacienda estuviera tan preocupado por el mantenimiento de los beneficios de las instituciones financieras privadas. Por último el portavoz centrista señaló que era injusto acusar de inacción a gobiernos anteriores cuando, según los datos aportados por Boyer, se mostraba que las autoridades monetarias y económicas de años anteriores habían estado encima del problema de Rumasa.

El ministro de Economia contestó al portavoz centrista que desde hacía tiempo, y en base a todos los informes que se habían ido recibiendo, se veía cada vez más claro que la única alternativa posible era la expropiación; la reunión que Boyer mantuvo el lunes 21 con los responsables máximos de Rumasa tenía como objeto, según el propio ministro, llegar a un compromiso que hiciera posible dicha solución con la colaboración de los responsables del holding, pero que no existía ninguna duda sobre que la solución definitiva era, más tarde o más temprano, la decidida.

La medida de expropiación tendrá unos costes sociales no negados por el ministro de Economía, cuya repercusión directa estará en los presupuestos generales del Estado, pero afirmó que ello no significa en absoluto que todos los recursos financieros que se necesiten vayan a correr a cargo del Estado. Para Miguel Boyer el Fondo de Garantías de Depósitos, o en su defecto el Banco de España, si es que el Fondo no tiene recursos suficientes, tendrá que ayudar al saneamiento de los bancos.

Para el ministro de Hacienda, la necesidad de mantener los excedentes de las empresas financieras y no financieras es un objetivo básico, ya que no cree que de otra forma se pueda relanzar la economía española. Por ello, aunque los fondos que se vayan a utilizar en la crisis de Rumasa sean básicamente públicos tendrán, al menos, una repercusión sobre los balances del Fondo de Garantía de Depósitos. Pero ello no puede llevar, en la actualidad, a un aumento de las cuotas que los bancos privados tienen que satisfacer a dicho fondo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de marzo de 1983