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Tribuna:TRIBUNA LIBRE

Los partidos políticos y el voto popular

Un partido no es la suma de individualidades, sino un colectivo que representa la voluntad de actuar de acuerdo con un programa elaborado por él. Consecuentemente con dicha opinión, el autor considera que las recientes, sentencias del Tribunal Constitucional sobre recursos de amparo por cambio de algunos concejales no pueden extenderse a invocar, desde presupuestos políticos y organizativos distintos, la representatividad lograda con otro partido.

Desafortunadamente, no es extraño encontrar en la vida política quienes, ante la incapacidad de ofrecer propuestas superadoras a los problemas que tiene planteados nuestra sociedad, buscan la notoriedad, por efímera que sea, intentando instrumentalizar y confundir, despreciando el recto proceder que debe caracterizar la actividad de aquellos que dicen comprometerse con la lucha por un futuro más justo.Esta reflexión viene de la mano de la interpretación que algún grupo minoritario ha querido dar a las recientes sentencias del Tribunal Constitucional sobre el cambio de determinados concejales.

Bueno será, para respetar la decisión del citado Tribunal, reproducir aquí lo que hace pocos días escribía el profesor Jordi Solé Tura: "Si el Tribunal Constitucional ha dejado vigente el artículo 11.7 de la ley de Elecciones Locales y se ha limitado a interpretarlo en un aspecto singular, sólo podrán acogerse a esta interpretación aquellos que hayan presentado a su debido tiempo un recurso de amparo ante el propio tribunal". Creo que conviene recordar estas cosas, porque las sentencias del Tribunal Constitucional pueden crear una cierta confusión y se prestan a ser manipuladas políticamente.

Queda, pues, bien claro que desde el punto de vista jurídico las sentencias no pueden ser invocadas para reclamar la reincorporación de aquellos ex concejales que fueron separados de sus cargos por formar parte de un partido diferente, y aun confrontado, de aquel en cuyas listas se presentaron a las elecciones. Por tanto, nuestro propósito al hacer estas reflexiones ante la opinión pública sólo obedece a la voluntad de salir al paso de actuaciones que, atribuyéndose falsas representatividades, quieren hacer olvidar el respeto a la ética que exige la democracia y el valor fundamental que en ella tienen los partidos políticos como forma de participación colectiva.

La identidad del PSUC

El PSUC se ha visto obligado en un pasado próximo, ya superado a defenderse de quienes, desde posiciones minoritarias, han querido desnaturalizar su identidad y su trayectoria, como lo han reconocido los tribunales al pronunciarse contra los que intentaron utilizar fraudulentamente el nombre del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Así, en sentencia razonada del Juzgado número 4 de Primera Instancia de Barcelona, se reconocía al "PSUC como denominación de un partido político, asentado entre las clases trabajadoras e intelectuales de Catalunya, aparte de otras clases sociales, que tiene una forma, ya clásica, de entender la política, la forma del Estado, de la sociedad y de sus instituciones, sentándose como uno de sus principios fundamentales -artículo cuatro de los Estatutos- reafirmar su plena independencia, tanto en la elaboración de la, línea política como en la búsqueda de una vía hacia el socialismo en la democracia, de acuerdo con las características propias de Cataluña dentro del conjunto de los pueblos de España", y se añadía: "estimando muy graves los hechos y el actuar de los demandados y atentatorios contra la esencia del propio Partido".

Obviamente, nadie puede negar a un grupo de personas la posibilidad de organizar un partido político, pero la opinión pública y la legalidad democrática no admiten que los que libremente optan por una organización nueva quieran reclamar indebidamente la representatividad de un partido que han abandonado ante la impotencia para desnaturalizarlo.

Listas cerradas y bloqueadas

Cierto que el electorado vota unas listas y que éstas están formadas por nombres a tos que el partido que los representa ha dado credibilidad, como corresponde a una sociedad democrática, en que la representatividad política se da a través de los partidos. Cierto, también, que la Constitución defiende la libertad individual, y nadie, si considera que sus concepciones han cambiado, puede ser obligado a permanecer en un partido.

Pero no es menos cierto que en un sistema electoral de listas cerradas se vota la lista en bloque, y que, por ello, los candidatos asumen, de hecho, el valor del colectivo al que se incorporan y que es el responsable global ante la sociedad. Si existen unos derechos individuales que ampara la Constitución, también se configura en ella el papel de los partidos políticos como una forma de compromiso voluntario, asumido en función de una política y de unos Estatutos.

Por esta razón, un partido y, por tanto, sus representantes, no son la suma de individualidades, sino un colectivo que representa la voluntad de actuar de acuerdo con un programa elaborado por él, al que cada uno contribuye con su aportación personal y con el que se establece un compromiso de hecho y de derecho que, en caso de no estar en condiciones de cumplir, exige, por imperativos éticos, la dimisión.

Las sentencias del Tribunal Constitucional, referidas al derecho de amparo, sólo responden a un caso concreto, pero es inadmisible que desde presupuestos políticos y organizativos completamente distintos a los que defiende el partido que ha de responder del balance de la acción municipal, se reclame, invocando el voto popular, una representatividad que, o bien se obtuvo fraudulentamente -si ya se pensaba abandonar el partido con el que se pidió la confianza al electorado-, o bien se pretende ejercer con un programa distinto al que se defendió durante la campaña electoral.

Estos razonamientos, de una simplicidad político-moral elemental, deberían aconsejar una mayor prudencia a quienes de verdad deseen conseguir la confianza del pueblo en futuras convocatorias electorales. Desgraciadamente, como decíamos al principio, parece que hay quienes, ante la incapacidad de elaborar una política propia, intentan buscar la atención de la opinión pública con pobres notoriedades y sembrando la. confusión.

Antoni Gutiérrez Díaz es secretario general del PSUC.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de marzo de 1983